En una respuesta directa a los cuestionamientos sociales y políticos de los últimos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó este domingo que sus ministras y ministros han decidido no utilizar las camionetas blindadas recientemente adquiridas. La institución detalló que buscarán los mecanismos legales para devolver las unidades o, en su defecto, entregarlas a juzgadores federales cuya integridad física esté bajo amenaza comprobada.
La decisión se toma luego de que se hiciera pública la compra de nueve vehículos con un valor total de 25 millones 650 mil pesos, lo que representa un costo promedio de 2.8 millones de pesos por unidad. La noticia de esta adquisición generó una ola de críticas respecto al compromiso de la Corte con la política de ahorro y eficiencia en el gasto público.
Del estreno a la devolución
El conflicto en torno al parque vehicular del máximo tribunal ha evolucionado rápidamente durante esta semana:
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La adquisición: La Unidad de Administración de la SCJN autorizó la compra de camionetas blindadas de última generación para nueve de sus integrantes. El argumento inicial para esta inversión fue la necesidad de garantizar la seguridad de los altos funcionarios ante el contexto de violencia en el país.
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El reclamo social: Al difundirse el costo de los vehículos, que supera el millón de pesos por unidad incluso sin el blindaje básico, diversos sectores de la sociedad civil y actores políticos denunciaron una falta de congruencia con los principios de austeridad republicana.
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La rectificación: Ante la presión mediática, los integrantes de la Corte emitieron un mensaje oficial este 25 de enero. En él, afirmaron su compromiso con el uso responsable de los “recursos del pueblo” y anunciaron que el lunes 26 de enero se ofrecerá una conferencia de prensa para explicar los pormenores de la cancelación de este beneficio.
Comentarios y medidas a seguir
La Corte ha subrayado que la reasignación de estos vehículos no será arbitraria. Según el comunicado, cualquier transferencia de las camionetas a otros jueces se realizará “siempre con apego a la normatividad aplicable”, priorizando a quienes enfrentan mayores riesgos por la naturaleza de los casos que manejan.
Expertos en administración pública señalan que esta medida es un intento por recuperar la confianza ciudadana y evitar que el debate sobre los privilegios económicos eclipse la labor judicial de la institución. Por su parte, la SCJN reiteró que su prioridad sigue siendo trabajar para lograr una “justicia real y verdadera”, manteniendo una vigilancia estricta sobre sus presupuestos operativos.
La atención se centra ahora en la conferencia de prensa de mañana, donde se espera que se aclare si la devolución a los proveedores es técnica y legalmente posible o si la flota pasará íntegramente al Consejo de la Judicatura Federal para proteger a jueces de distrito y magistrados.
