- Datos oficiales refieren que estas medidas han permitido identificar y bloquear recursos asociados a actividades ilícitas, sin afectar el funcionamiento regular del sistema bancario.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, rechazó el presunto congelamiento de sus cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al asegurar que se conduce con apego a la legalidad y transparencia en su desempeño público.
El señalamiento ocurre en un contexto en el que la UIF, órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda, mantiene atribuciones para inmovilizar recursos financieros cuando detecta indicios de operaciones irregulares. Este mecanismo forma parte de las herramientas del Estado mexicano para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento a actividades ilícitas.
De acuerdo con el marco legal vigente, reforzado recientemente por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el congelamiento de cuentas es una medida de carácter administrativo y preventivo, cuyo objetivo es impedir la circulación de recursos de posible origen ilícito mientras se desarrollan investigaciones.
En ese sentido, las autoridades federales han sostenido que estas acciones no constituyen sanciones penales, sino instrumentos temporales orientados a proteger la integridad del sistema financiero. Además, las personas involucradas cuentan con mecanismos legales para impugnar las decisiones y presentar pruebas en su defensa.
Durante la actual administración encabezada por Claudia Sheinbaum, el fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de inteligencia financiera ha sido señalado como un eje para combatir estructuras económicas vinculadas al crimen organizado. Datos oficiales refieren que estas medidas han permitido identificar y bloquear recursos asociados a actividades ilícitas, sin afectar el funcionamiento regular del sistema bancario.
El posicionamiento de Monreal se da en medio de este contexto, en el que el gobierno federal mantiene la aplicación de herramientas legales para supervisar operaciones financieras y garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente.
El caso continúa bajo seguimiento público, mientras las autoridades reiteran que los procedimientos se desarrollan conforme a derecho y con base en investigaciones técnicas, en línea con los estándares internacionales en materia de prevención de delitos financieros.
