La diputada de Morena, Reyna Celeste Ascencio Ortega, enlistó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados una propuesta de reformas a la Ley de Amparo.
Con el objetivo de “evitar que el juicio de amparo se utilice para obstaculizar los principios en materia de austeridad republicana. Remuneraciones de servidores públicos y el funcionamiento de las empresas productivas del Estado”.
Asimismo, la reforma pretende que tanto el INE como otros órganos autónomos no se amparen contra la reducción de sus altos salarios.
La iniciativa contempla reformas a las fracciones XIV y XV al artículo 129 de la Ley de Amparo. Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución. “Para evitar que se otorgue la suspensión contra el régimen de remuneraciones y de fomento de empresas productivas del Estado, como Pemex y la CFE”, dijo la diputada.
“Existe un empecinamiento en obstaculizar judicialmente las medidas de fomento y apoyo que se han emprendido para revitalizar tanto a la CFE como a Pemex. De lo que se trata es de recobrar la soberanía nacional en la generación de energía eléctrica y en la explotación de hidrocarburos. Pese a ello se ha utilizado como pretexto la supuesta protección al ambiente”, manifestó.
Reforma pretende que los amparos no contravengan el mandato constitucional
Al modificar el artículo 129 de la Ley de Amparo se consideraría que habría perjuicios al interés social. Asimismo, se contravienen disposiciones de orden público cuando de concederse la suspensión contra disposiciones o resoluciones en materia del régimen de austeridad republicana. Y remuneraciones de los servidores públicos, como en el caso del INE y sus consejeros.
“La cuarta transformación tiene por objetivo acabar con la corrupción, la ‘burocracia dorada’ y el criminal saqueo en las empresas propiedad del Estado. Históricamente los altos salarios, los negocios al amparo del poder y el desmantelamiento de la CFE y Pemex, fueron una práctica recurrente por gobiernos anteriores”, explicó.
Por lo tanto, la reforma pretende que funcionarios públicos que se han empeñado en conservar sus privilegios y beneficios no hagan uso del amparo para contravenir disposiciones constitucionales.
“Haciendo uso de estratagemas legales y judiciales le apuestan a litigios largos (que a veces duran años), donde mientras tanto gozan de la suspensión del amparo y siguen recibiendo beneficios indebidos”, finalizó.
