La dirigencia de Morena y el Partido del Trabajo (PT) arremetieron contra el desarrollo de la jornada electoral para renovar el Congreso Local de Coahuila, denunciando penal y políticamente un presunto aparato de coacción, persecución política y abuso policial.
En una conferencia de prensa ofrecida el pasado domingo 7 de junio, la Presidenta Nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, encabezó las denuncias y acusó una estrategia sistemática de hostigamiento y compra de votos operada por el gobierno estatal y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Acompañada por el presidente del Comité Ejecutivo Estatal y legisladores de la coalición, Montiel Reyes aseguró que, ante la imposibilidad de competir democráticamente, el PRI desplegó un operativo fraudulento que, por su sofisticación técnica, superó los escándalos económicos de elecciones presidenciales del pasado, como el fraude de 2006 y las operaciones de Monex y Soriana.
A través de un comunicado emitido este lunes 8 de junio, Morena formalizó su rechazo absoluto a los hechos, manifestando que las votaciones estuvieron marcadas por prácticas antidemocráticas que vulneraron por completo una competencia justa.
Operación “QRGate”, el mecanismo del presunto fraude digital
De acuerdo con la evidencia presentada por la dirigencia de Morena, el presunto mecanismo de coacción funcionó mediante la entrega individual de códigos QR a los ciudadanos. Una vez emitido el sufragio en favor del PRI, el votante debía tomar una fotografía de la boleta marcada junto al código QR asignado.
Posteriormente, esta imagen era leída por teléfonos celulares para ingresar a un sistema digital que registraba el voto y autorizaba una retribución económica territorializada.
Ariadna Montiel reveló que el movimiento cuenta con toda la base de datos de dicho sistema gracias a información proporcionada por propios miembros inconformes del PRI, detallando que los montos entregados oscilaron en un mínimo de quinientos pesos por voto. Asimismo, durante la conferencia se exhibieron videos de casas que operaban clandestinamente como centros de compra de sufragios.
La denuncia pública también expuso la presunta complicidad de la policía del estado y la fiscalía local, instituciones a las que acusaron de escoltar a los operadores priistas y de detener arbitrariamente a diversos legisladores de Morena que asistieron a Coahuila en calidad de observadores electorales. En la reunión con medios se responsabilizó de manera directa de estas operaciones a Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad Pública de la entidad.
Para sustentar los señalamientos, se reprodujeron materiales audiovisuales que mostraron el momento en que veinte patrullas estatales retuvieron a dos diputadas federales en el municipio de Torreón. De igual forma, se exhibió la intervención de ciudadanos y legisladores para evitar que las corporaciones locales rescataran a un presunto delincuente electoral que portaba listados y dinero en efectivo, logrando presentarlo finalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR).
FGR, autoridades electorales y la UIF
Ante este panorama, la consejería de Morena anunció su respaldo total al Comité Ejecutivo Nacional para iniciar un proceso formal de impugnación. Informaron que ya se formalizaron las primeras denuncias ante el Instituto Electoral de Coahuila y adelantaron que recurrirán a las instancias federales competentes.
La presidenta nacional del partido enfatizó que la estrategia jurídica no se limitará a la vía electoral, sino que exigirán la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para rastrear de manera profunda el origen de los recursos económicos debido a la millonaria inversión detectada durante la jornada electoral.
Al concluir su mensaje y fijar la postura del movimiento, Ariadna Montiel Reyes declaró textualmente:
“Nosotros vamos a presentar la denuncia porque se tiene toda la base de datos de todos y cada uno de los ciudadanos que leyeron el QR con su teléfono, y también vamos a solicitar no solamente investigación electoral, sino también sobre el origen ilícito de esos recursos”.
