Los Esfuerzos para Corregir, reprimir o suprimir la Orientación Sexual, Identidad o expresión de Género (ECOSIG), también conocidas como ‘terapias de conversión‘, son un acto de tortura física y psicológica en contra de las personas de la comunidad LGBT. Debido a esto, con 19 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó la iniciativa para erradicarlas en Durango.
Estas “terapias” consisten en violaciones y electroshocks, entre otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; las penas para este delito van de los dos a los cinco años de prisión, además de que hay agravantes; también se aplican multas y trabajo a favor de la comunidad.
El diputado Martín Vivanco Lira de Movimiento Ciudadano (MC) detalló que la iniciativa que presentó y fue posteriormente votado en el pleno plantea incorporar la adición de los artículos 182 quinquies y 182 sexies al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Durango.
El legislador explicó que esta reforma penaliza cualquier intento de modificar, revertir o “corregir” la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, práctica que constituye una forma de tortura.
No hay nada que curar: delito será perseguido de oficio
Martín Vivanco dijo que este es un paso muy importante para Durango, porque estas terapias lo que presuponen es que hay algo que curar cuando tienes una identidad de género.
“Afortunadamente, hoy el mensaje es claro: en Durango, eso ya es un delito” sentenció el diputado.
Asimismo, el legislador detalló que el delito será perseguido de oficio, lo que enviará un contundente mensaje a cualquier persona o centro que intente someter a alguien a estos “tratamientos”.
“La penalización de esta conducta manda una señal muy fuerte de que nadie tiene derecho a intentar determinar la identidad o la orientación sexual de otra persona. Es un acto de violencia y de tortura moderna que debe erradicarse de nuestra sociedad”
Vivanco también señaló la importancia de vigilar a centros de rehabilitación o clínicas que operaban bajo el disfraz de ofrecer terapias de conversión, muchos de ellos originalmente dedicados a atender adicciones.
La ley contempla agravantes en caso de que las víctimas sean menores de edad, así como atenuantes para padres o madres que, de buena fe o por desconocimiento, hubieran promovido estas prácticas.
