(22 de octubre, 2014).- De acuerdo con múltiples expertos, duchos en el tema del narcotráfico, el crimen organizado no puede existir sin la presencia de la corrupción, como es el caso de la frontera mexicoestadunidense, donde el poder de los cárteles descansa en las corporaciones de seguridad al sur del país vecino, donde agentes de distintos niveles han sucumbido ante los billetazos de los capos para darles protección y facilitar la entrada de enervantes.
Una investigación periodística reciente publicación, da cuenta de lo anterior con sendos testimonios como el de Jorge Pérez, una persona que el 26 de julio de 2012 sufrió el acoso de integrantes de la Unidad Panamá, un comando policiaco cuya misión era combatir el narcotráfico en el condado tejano de Hidalgo.
Aquella tarde los elementos de seguridad irrumpieron en su vivienda ubicada en la ciudad sureña de Pharr, supuestamente para buscar migrantes escondidos, pero al no hallarlos le robaron 4 mil dólares sin contar los perfumes y joyas de su esposa.
No conformes, exigieron a Jorge que llamara a alguien que vendiera drogas o de otra forma se lo llevarían. Luego de que Pérez llamara al vendedor, éste se estacionó frente a una tienda, sólo ara que instantes después los policías lo arrestaran por llevar 2 kilos de cocaína en la cajuela y 50 mil dólares. De acuerdo a la denuncia interpuesta en la Corte Federal por el propio Jorge, la Unidad afirmó que únicamente se incautaron unas “grapas”.
A pesar de Pérez fue ignorado en aquel momento, desde entonces inició la caída de dicho cuerpo policiaco, ya que en diciembre de ese año el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), aprehendió a gran parte de los integrantes, de los que nueve fueron condenados en abril pasado, acusados de narcotráfico, mientras que otros tres traficantes que laboraban con ellos tuvieron la misma suerte.
Con base en las investigaciones se determinó que la Unidad Panamá sustraía drogas de casas de acopio en la frontera; laboraba para el narco, e incluso cuidaba los cargamentos que cruzaban por su territorio. Incluso, en algún momento el FBI siguió al jefe de la unidad, Jonathan Treviño cuando custodiaba un tráiler con siete kilos de cocaína, por lo cual le pagaron 6 mil dólares.
Lamentablemente, el caso de las Unidad Panamá es sólo uno de tantos que involucra a autoridades norteamericanos con los cárteles de la droga. Según reportes de seguridad estadunidenses, en la frontera con México operan cerca de siete grupos delictivos, aunque el cártel de Sinaloa, del Golfo y los Zetas tienen especial influencia.
Los resultados de las investigaciones afirman que la Unidad Panamá estaba al servicio de Tomás “El Gallo” González, un operador del Golfo que se hacía pasar como empresario en el ramo de los transportes y fingía casi como un cacique en la región. Al igual que los elementos de seguridad, éste fue capturado luego de ejecutar múltiples envíos de cocaína y mariguana.
A mediados de 2014, el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), dio a conocer un informe donde apuntaba que aproximadamente 2 mil elementos de seguridad y funcionarios se encontraban bajo investigación por nexos con el crimen organizado.
Por su parte, la Oficina de Auditoría Gubernamental indicó en su último reporte que 144 agentes de la Patrulla Fronteriza fueron detenidos entre 2005 y 2012 por casos de corrupción, vinculados con el trasiego de drogas, de los que 48 trabajaban en el estado de Texas.
Dichos escándalos se han reproducido en gran parte de los 14 condados de la frontera. Sin importar si es en Brownsville o El Paso, en todos lados existen ya sea policías locales o jueces que se han visto beneficiados económicamente por recursos del narco.
