(18 de diciembre, 2013).- Por iniciativa de los albergues y casas para migrantes, en colaboración con el Servicio Jesuita a Migrantes de México, en el mes de septiembre de este año se formalizó la constitución de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, la cual está integrada por 12 de las principales organizaciones defensoras de derechos humanos de las personas migrantes en nuestro país.
Esta red tiene como objetivo estudiar las características de las personas migrantes por medio de un instrumento confiable y seguro que permite recolectar información, sistematizarla, analizarla y con la documentación de esta realidad fundamentar la necesidad de realizar acciones de incidencia social y política. El trabajo de la Red es hasta el momento el esfuerzo más grande de su tipo por el número de registros así como por la información que exhibe en su primer informe, titulado Narrativas de la Transmigración Centroamericana y que fue presentado el día de hoy.
México es la ruta migratoria obligada para miles de personas migrantes que desean llegar a Estados Unidos, sin embargo, también se ha convertido en una ruta sumamente violenta debido a los múltiples delitos y violaciones a derechos humanos que se cometen en ella.
Según el informe, entre enero y junio del presente año, siete albergues o casas registraron a más de 21 mil personas en seis estados de la República. De ellas, la mayoría provienen de Honduras (44 por ciento), El Salvador (27 por ciento) y Guatemala (20 por ciento). El 93 por ciento son hombres jóvenes (de entre 19 y 29 años de edad), solteros, sin ninguna escolaridad, y cuya ocupación en sus países de origen estaba relacionada con la prestación de servicios.
Cerca del 74 por ciento transitó por México con la finalidad de llegar a Estados Unidos, de éstos más de la mitad ha intentado en más de una ocasión cruzar la frontera de México y adentrarse al vecino país del norte, mientras que un 10 por ciento buscaba establecerse en nuestro país.
Entre las principales causas de emigración, el informe señala en primer lugar la relacionada con el ámbito económico (83 por ciento); es decir, la pobreza, la falta de empleo, el empleo mal remunerado. La segunda causa fue la violencia; el 60 por ciento afirmó haber sufrido algún tipo de persecución de los grupos de la delincuencia organizada en sus países de origen.
Los delitos más frecuentemente perpetrados contra los migrantes son robo (52 por ciento), extorsión (33 por ciento) y privación ilegal de la libertad (secuestros). Los estados donde se registraron la mayoría de las agresiones son Chiapas (38 por ciento), Veracruz (32 por ciento) y Oaxaca (6 por ciento).
De la documentación de casos se desprende que las violaciones a derechos humanos más cometidas son en primer lugar contra la propiedad privada, en segundo, contra la libertad de tránsito, y en tercero, contra el derecho a la integridad personal. Las autoridades más señaladas por estas violaciones son la Policía Federal y las policías municipales.
Después de analizar la información recaba, la Red pudo concluir que la política migratoria del gobierno actual hasta ahora no ha supuesto una mejora sustancial de la grave situación que padecen las personas transmigrantes en México.
De la experiencia de las casas de migrantes resaltan el aumento de mujeres que viajan por tren, a pesar del enorme riesgo que supone viajar en “La Bestia”, y que continúa existiendo impunidad en la ejecución de delitos y violaciones a los derechos humanos de migrantes y sus defensores.
Desde la Red de Documentación de Organizaciones Defensoras de Migrantes se hacen las siguientes recomendaciones:
– La violencia, especialmente la llevada a cabo por la delincuencia organizada en Honduras, El Salvador, y Guatemala, se ha posicionado como la segunda causa de emigración entre las personas de estas nacionalidades, lo que sugiere que el Gobierno Mexicano debe reconocer a estas personas como especialmente vulnerables y con necesidades de protección.
– Se investigue y castigue, de acuerdo a la gravedad de los hechos, a los servidores públicos involucrados en la comisión de delitos y violaciones a derechos humanos contra las personas migrantes en territorio mexicano.
– Una de nuestras principales preocupaciones, en lo que respecta a la atención de violaciones y delitos en contra de migrantes, es la impunidad, así como la inefectiva atención a las víctimas, por lo que recomendamos se hagan mayores esfuerzos para que la Ley General de Víctimas, contemple acciones de protección más efectiva.
-El Plan Especial de Migración (PEM) que está elaborando la Secretaría de Gobernación, debe poner especial atención en acciones de prevención, atención y reparación del daño de las víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos de personas migrantes en tránsito por México.
