(20 de noviembre, 2015.Revolución TRESPUNTOCERO).- Debido a factores como la violencia generada por la “guerra contra el narco”, la injerencia del crimen organizado, o la práctica generalizada de la compra y coacción del voto, las elecciones federales del 2018 están en grave riesgo, al limitar el derecho de la ciudadanía a expresarse libremente en las urnas.
Esto fue denunciado por la organización Alianza Cívica Nuevo León, quien además, aseguró que en las elecciones de julio pasado la violencia sí fue un factor que influyó en el desarrollo y resultados de los comicios, diagnostico contrario a lo que dicta el discurso oficial.
Al presentar el informe de observación del proceso electoral 2015, los integrantes de esta organización subrayaron que la compra y coacción del voto fue una práctica generalizada en las elecciones de julio. Además, que las estructuras del crimen organizado tuvieron una importante participación en el proceso electoral de diversas maneras.
De igual forma, expresaron su preocupación por el actuar de las autoridades-tanto electorales como judiciales- y enfatizaron que en el reciente proceso electoral se presentó “una acentuada pérdida de la credibilidad del INE”. Cabe señalar que el proceso de observación electoral se realizó en diez estados de la república-Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Durango Jalisco, Sonora, Guerrero y Oaxaca- considerados como zonas de riesgo por violencia.
Al respecto, Jesús Gonzáles, integrante de Alianza Cívica Nuevo León, detalló que a partir de los testimonios recabados se pudo confirmar que en algunas regiones del país el control territorial del crimen organizado es tal, que candidatos o funcionarios de casilla tuvieron serios problemas para ingresar a determinada región.
“Cuando leímos los testimonios de toda la gente que se fue recabando, nos dimos cuenta que la hipótesis que teníamos de que la violencia está afectando el derecho a votar o a no votar es una realidad. Vimos cuestiones desde que los mismos empleados o colaboradores del INE no pueden acceder a colonias porque son asaltados, porque son golpeados, hasta en lugares en donde en teoría no hay una emergencia”, señaló.
En este sentido, añadió, el crimen organizado ya no sólo es un actor externo de la votación, sino que influye para inclinar la balanza sobre algún candidato. Explicó que durante las elecciones de julio, integrantes del crimen organizado “acarreaban” a la gente para votar y en otros casos formaron alianzas con candidatos.
“Se alían con candidatos, con partidos, con campañas y entonces comienzan a realizar llamadas telefónicas para intimidar a la gente o recorridos en camionetas para intimidar a los votantes, como en Nuevo León o Sonora, en donde también echaron mano de bandas de jóvenes para poder violentar el proceso, el objetivo era que la gente no se acercara a las casillas”, señaló.
Gonzáles indicó que la violencia registrada el pasado 5 de julio durante la jornada electoral- y durante el mes de campañas- en zonas como Guerrero y Oaxaca tuvo su raíz en hechos relacionados con el narcotráfico. Además, destacó que la violencia generada por la llamada guerra contra el narcotráfico fue factor, “pues se apodera del territorio”.
“La violencia social que es la que afectó en mayor medida los estados de Oaxaca y Guerrero, aunque esta violencia social tuvo su raíz en hechos relacionado con el narcotráfico. Otra cosa es la violencia derivada de la guerra contra el narcotráfico que toma el territorio, y al tomar el territorio no deja que la población pueda desplazarse libremente en él, que la población pueda ejercer su derecho a votar.
Estamos viendo que es una realidad que la violencia, que esta violencia generalizada permea en nuestra insipiente democracia. La violencia que la guerra contra el narco deja, está tomando territorios y no nos deja ejercer nuestros derechos civiles y políticos”, señaló.
“La compra y coacción del voto fue práctica generalizada”
De acuerdo con Beatriz Camacho, coordinadora del proyecto de observación electoral, durante el proceso electoral de julio pasado la compra y coacción del voto fue una práctica generalizada, con diversas maneras de expresarse en las entidades.
“Aunado a la violencia, encontramos el tema de cada elección desde 1994: la compra y coacción del voto. Encontramos estrategias muy diferenciadas entre los estados donde ha habido alternancia y donde no para comprar el voto. Por ejemplo en Tamaulipas, Nuevo León, Durango o Coahuila la amenaza constante al personal para asistir a los eventos del candidato oficial es una constante. A los burócratas les condicionan su trabajo a cambio del voto, o los amenazan, los invitan a los mítines de candidatos sin avisarles, eso fue como que muy recurrente”, detalló.
En lo referente, manifestó que la utilización de programas sociales también fue una de las estrategias para coaccionar el voto. Explicó que programas como Prospera, e incluso la entrega de televisores digitales, fue parte de lo utilizado para ganar sufragios.
“El tema de la utilización de los programas sociales, principalmente de la Sedesol, es otro tema que nos preocupa, esta súper señalado. Es como el común. Todos los entrevistados señalaron este tema, la utilización de programas sociales de la Sedesol, de Procampo. Principalmente el tema más señalado fue Prospera, el Programa de Empleo Temporal, y el de Liconsa, como los programas estrella para la compra, el acarreo el día de la elección”, señaló.
Además, ubicó a la compra directa del voto como una de las prácticas más socorridas. “Encontramos un promedio de 500 hasta 2 mil pesos que fue lo que costó el voto en estas elecciones. Lo que siempre se señala es ¿de dónde sale el dinero? Los testimonios nos apuntan a que salen del lavado de dinero, de obra pública, de financiamiento a partidos políticos, e incluso algunas fuentes ilícitas”, comentó.
Aseguró que en el proceso electoral de julio “la compra y coacción y el tema de la violencia ya van entrelazados, ya como una estrategia en lugares donde los candidatos no se ven como favorecidos para ganar, entonces utilizan algún tipo de tácticas intimidatorias”.
“Una simulación”
Algo que constatamos con la investigación es la existencia de esta gran cultura de la simulación. Prácticamente todos los entrevistados reportan como generalizada la práctica de compra y coacción del voto. De diferentes maneras, en algunos estados a través de dinero en efectivo, en otros estados a través de la utilización de los programas sociales”, así lo expuso Hugo Almada, experto en materia electoral y construcción de la paz.
El especialista señaló que este trabajo de observación evidenció la falacia que es el discurso oficial, pues éste aseguró que los cómicos de julio pasado fueron “limpios”.
“Pero la imagen que nos viene es el ‘rey va desnudo’. Mientras el Estado habla de elecciones limpias, la realidad es que por lo menos lo que la población conoce, a lo que se ha acostumbrado, y lo que es destacado por todas las personas entrevistadas es una práctica generalizada de compra y coacción del voto, en la que no se está ejerciendo un derecho al voto, sobre todo en el norte del país. También la presión a los funcionarios para que asistan a los actos de campaña del candidato oficial. Es decir, sin el menor recato se amenaza explícita o implícitamente a los empleados de los gobierno para que cumplan una función como activistas del partido oficial en lugar de representarnos a todos como debería” destacó.
“A las fallas estructurales se le debe agregar la violencia”
Jesús Gonzáles expresó la preocupación que para la organización Alianza Cívica representa que a las fallas estructurales que afectan los procesos electorales, se le sume la situación de la violencia en todo el país. Subrayó que una nación donde “la guerra” se encuentra en niveles alarmantes, los derechos políticos y sociales se ven afectados.
A todo lo estructural que ya sabemos que desde la década pasada empezó, con el refinamiento de la compra y coacción del voto, todo eso estructural, ahora tenemos encima la violencia. Un país con una guerra en donde la población está siendo afectada de distintas maneras, ahora ya está encima de los derechos civiles y políticos.
“A lo estructural le tenemos que meter la violencia y eso es algo que tendríamos que estar muy preocupados porque con este tipo de antecedente, la situación que se vive ahora y lo que se espera en los próximos meses, no pinta para mejorar, al contrario por eso mencionamos que está en riesgo el proceso electoral del 2018. Si no detenemos esto, si no hacemos algo, si las autoridades no hacen su trabajo (electorales y de justicia), si nosotros seguimos muriendo, desapareciendo, entonces quién va a votar”, manifestó.
En este sentido puntualizó la necesidad de poner atención en la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales. Recordó que gracias a testimonios de personal del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los partidos políticos, se evidenció que “hay zonas en las que no pueden acceder si no tienen una negociación previa. Otros que de plano prefieren no entrar para no tener un enfrentamiento con esos grupos criminales, sobre todo en Tamaulipas, Guerrero y Sonora”.
De acuerdo con el informe el 26% de los entrevistados señalaron tener conocimiento de alguna amenaza hacia partidos políticos, mientras que 21% declaró haberse enterado de grupos que impedían el desplazamiento de promotores de campaña. En este sentido, 6% de los entrevistados aseguró tener conocimiento de que el INE negoció con grupos para el establecimiento de casillas en estados como Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero y Coahuila.
Además, sólo el 44% de los entrevistados consideraron el desempeño del INE como confiable y más de la mitad manifestó que hay evidencia que el gobierno federal, estatal o municipal utilizó recursos públicos para promover a candidatos. En lo referente, 40% de los consultados dijeron que algún candidato tuvo relación con el crimen organizado, y 37% consideró que la delincuencia influyó en los resultados.
Cabe señalar que el informe contempló entrevistar a personas “clave”, que conocieran información de la jornada electoral. Entre estas se encuentran desde funcionarios del INE, militantes de los partidos políticos, periodistas, entre otros.
