(11 de agosto, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- El senador Alejandro Encinas Rodríguez sostuvo que la “donación” que el municipio de Chimalhuacán, en el estado de México, hizo de 150 hectáreas a la organización afín al Partido Revolucionario Institucional (PRI) Antorcha Campesina, es a todas luces un negocio en el que se vislumbra la complicidad entre el gobierno federal, estatal y los antorchistas, para echar a andar un negocio inmobiliario en torno a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
El excandidato a la gubernatura de la entidad mexiquense por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), agregó que destinar un bien público y que pertenece a la comunidad, es un hecho más de corrupción, desvío de recursos y abuso de autoridad, pues cabe señalar que el terreno es parte de un litigio sobre tenencia de la tierra que data de 1930.
“Era tal el nivel de conflicto por estos terrenos que el gobierno del estado de México decretó que fuera un área natural protegida, independientemente que seguía el litigio sobre el predio conocido como El Moño o Los Tlateles”, detalló el senador.
Sin embargo, cuando el gobierno federal hace pública la decisión de construir el NAICM en el Lago de Texcoco, también cambió la categoría de área natural protegida, le quitó su valor ambiental y donó el parque ecológico a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con el objetivo de que fuera utilizado como parte de las obras de infraestructura hidráulica y para evitar inundaciones en la zona, luego de la construcción del aeropuerto.
“Además, de este predio decían que iba a ser para satisfacer los problemas de regulación de agua pluvial, de agua de lluvias y evitar una inundación, pero se va a urbanizar. Los comuneros, los colonos anteriores, habían desarrollado un área de servicios y un área recreativa en este predio”, explicó también exjefe de gobierno de la Ciudad de México.
Posteriormente, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) regresó el predio a la administración del municipio de Chimalhuacán –encabezada por Rosalba Pineda Ramírez, de extracción priista y cercana a la que se autodenomina “la organización de los pobres de México”- y esta cedió los terrenos que originalmente correspondían a ejidatarios.
“Esto da cuenta del enorme negocio inmobiliario que hay en torno a la construcción del nuevo aeropuerto, porque no solamente están planteado un tipo de desarrollo urbano distinto en la zona limítrofe entre Chimalhuacán y el municipio de Nezahualcóyotl, sino hacia la zona norte, en un proyecto que le llaman Aerópolis, donde pretenden hacer el nuevo Santa Fe en torno al nuevo aeropuerto”, sostuvo Encinas Rodríguez.
Agregó que, a pesar de que se ha solicitado información al respecto, esta no ha sido proporcionada por ninguna autoridad involucrada en el tema, pero sí se ha desatado ya un proceso de especulación inmobiliaria a costa del despojo de tierras a comuneros y ejidatarios y a ocupaciones indebidas impulsadas y realizadas por parte de la autoridad.
Daño ambiental
Alejandro Encinas informó que ante la reticencia de legisladores del PRI para que la Comisión Especial para la atención y seguimiento a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México –que se tiene previsto presida algún senador del tricolor, aunque dicho grupo parlamentario no ha hecho público el nombre de los cuatro legisladores que serán parte de la misma- comience con sus labores, el resto de los integrantes de dicho órgano legislativo se trasladará al municipio de Chimalhuacán, específicamente a donde se ubican las hectáreas “donadas”, para instalarlo de facto.
El senador perredista argumentó que, además de la “violación flagrante a la ley” que implica la supuesta donación, la privatización de las hectáreas a favor de Antorcha Popular generarán daños ecológicos no sólo para el estado de México, sino para toda la zona metropolitana, pues es una zona que contribuye a regular la temperatura, destino de miles de aves que anualmente migran desde Canadá y Estados Unidos, y uno de los últimos vestigios de lo que fue la zona lacustre de la Cuenca de la Ciudad de México.
“Si se urbaniza, se incrementarán los niveles de temperatura, disminuirá el promedio de humedad y se incrementará la contaminación atmosférica, lo que tendrá repercusiones en la zona metropolitana”, agregó.
Encinas Rodríguez no descartó que Eruviel Ávila, gobernador mexiquense, esté de acuerdo con que el municipio transfiriera a un particular 150 hectáreas de alto valor ambiental y adelantó que es posible que haya una nueva disculpa, “no solamente por la Casa Blanca o la de Florida, ahora vendrá por este despojo, porque no puede llamarse de otra manera”.
Límites, en entredicho
Una fuente cercana al caso consultada por Revolución TRESPUNTOCERO que pidió mantenerse anónima, informó que hasta el momento, la donación no ha generado inconveniente alguno en los juicios que se promueven en contra de la construcción del aeropuerto, pero no descartó que pudiera tener un impacto.
Agregó que para confirmar la legalidad del fastuoso regalo a Antorcha Campesina, es necesario revisar qué figura jurídica se utilizó para realizar dicho trámite.
En tanto, Ricardo Lagunes, abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), señaló que el gobierno federal no cuenta con ningún plano elaborado en coordinación con los ejidos colindantes a la zona de Atenco y Tocuila, donde pretende construirse el aeropuerto, que prueben la delimitación de la superficie que es propiedad federal.
“La Conagua tenía que haberse reunido con los distintos ejidatarios para establecer hasta dónde llegan los ejidos y el terreno federal, pero eso nunca se llevó a cabo. Ahora hay dos juicios de amparo en contra del decreto por el que se marcaron los límites de base del Lago de Texcoco que se establecieron en 1971 y 1982, pero los ejidos jamás supieron de su existencia, jamás los notificaron a pesar de que los límites se sobreponen a tierras ejidales constituidas previamente a los decretos”, detalló Lagunes en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO.
Agregó que dicha indefinición sigue generando perjuicios a las comunidades.
“Los límites están en controversia, en por lo menos tres juicios agrarios. Un juez podría declararlos inconstitucionales y no es cosa menor, pues es el título de propiedad que ampara todo el desarrollo del aeropuerto”, explicó.
