Sabedores de la imposibilidad de remontar la ventaja obtenida por el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, la cual viene a reconfirmarse en la última encuesta presentada por un periódico de circulación en la capital del país y con abierto sello de derecha, los priístas están dispuestos a poner toda la carne al asador y de ahí emprendieran una estrategia por demás inútil, cínica, deleznable. Hicieron declaraciones y hasta publicaron desplegados una serie de empresarios cuyas características se centran en el trato brindado a sus trabajadores. Ninguno de los escogidos para lanzar advertencias sobre el populismo ha sido considerado como empresario socialmente responsable.
El gran cinismo se refleja en las declaraciones de Germán Larrea, como si en su haber no existiera la contaminación de ríos perfectamente demostrada por la cual incluso ha pagado multas mínimas y ridículas ante los daños provocados. Se olvida de los fatales accidentes en sus minas y de la serie de argumentos expuestos en contra de Napoleón Gómez Urrutia al manifestar una posición opuesta a los deseos de seguir amansando fortuna de este “empresario”, quien niega haber sido beneficiario de sus tratos con el gobierno en turno, trátese de quien se trate. No ha sido capaz ni de pagar las indemnizaciones y los compromisos contraídos con las viudas de los mineros de Pasta de Conchos, por ejemplo.
Cabe resaltar que la fortuna de Germán Larrea Mota Velasco, el segundo personaje más rico del país según la revista Forbes, con 17 mil 300 millones de dólares, la heredó de su padre, Jorge Larrea Ortega, quien la amasó gracias a la privatización del sector minero. En 1990 el gobierno de Carlos Salinas de Gortari vendió al empresario la paraestatal Minera de Cananea, con la cual se convirtió en el dueño del 90 por ciento de la producción nacional de cobre, además de tener las cuatro fundiciones en operación, y el 6 por ciento de la internacional. Actualmente, Grupo México, además de las minas, tiene prácticamente un monopolio sobre el transporte ferroviario mexicano –en asociación con Inbursa, de Slim- y controla empresas constructoras, energéticas y concesiones de autopistas.
Ni que decir de quienes vieron llegar en cascada miles de millones de pesos extraídos del presupuesto de Sedesol dizque para “abatir la pobreza”. La compra de alimentos o por lo menos eso aseguraron, estaría a cargo de los de Herdez, de la Nestle, las cuales se recordará dejaron de ser nacionales. Otros inconformes como los de Vasconia, los fabricantes de cucharones, sartenes, vajillas, también decidieron sumarse al ordenamiento surgido en Los Pinos porque tienen algunas condonaciones importantes de multas por falta de pago de impuestos en tiempo. Vallina Lagüera, del Grupo Chihuahua, anda en esas mismas líneas y la organización Mexicanos Primero, liderada por Claudio X. González, es receptora, como muchas otras, de dinero proveniente del gobierno federal para apoyar “diferentes causas”.
Antes de lanzarse contra el tabasqueño los empresarios proyectaron una exigencia para ponerle un alto a la delincuencia. Sin embargo, tal fue puesta al aire, para ver quién cachaba la responsabilidad. No fueron capaces de ponerle nombre, de exigir a Peña Nieto y a su gabinete de seguridad cumpla con su obligación, tampoco señalaron el inicio de la situación prevaleciente, mismo que tuvo lugar en los mandatos de Fox y de Calderón. Nada se dice para no afectar sus intereses, aunque las quejas surjan precisamente por los asaltos a sus trailers, a los vagones de ferrocarril, a sus instalaciones. Se van por lo bajito en este terreno porque así cuentan con armas para seguir negociando pagar menos impuestos y lograr condonaciones cada vez más voluminosas.
Como puede verse, quienes llaman a “meditar el voto” y dejan amenazas entre líneas para sus trabajadores, olvidan la explotación de la cual los hacen objeto. La utilización de pagadoras, los sueldos mínimos rebasados apenas sí por un par de pesos con el fin de no tener la carga tributaria completa, la pérdida de prestaciones, la cancelación de vales de despensa, su desapego sobre la problemática enfrentada con relación a la vivienda, al transporte, a las debidas atenciones de salud personal y familiar y, por supuesto, nada saben ni conocen sobre la escolaridad de sus hijos. Nadie más alejado de la clase trabajadora que los empresarios enlistados en estos llamados.
El tiempo se acaba y los dardos de poderosos grupos empresariales contra Andrés Manuel López Obrador se agotan y no le afectan, pero insisten. Nestora Salgado, Napoleón Gómez Urrutia, la CNTE, la defensa de la reforma educativa y “el petate del muerto” del “populismo”, son proyectiles usados que no han causado el daño esperado por los “cuartos de guerra” de José Antonio Meade y Ricardo Anaya. Se unieron también a esta fallida estrategia Coca Cola Femsa y Grupo Coppel, quienes emitieron mensajes en los cuales piden a sus colaboradores razonar su voto ya que podrían venir tiempos difíciles, como en los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo. Pero la intención del voto no varía y sigue favoreciendo ampliamente al político tabasqueño con más de 26 puntos porcentuales sobre sus adversarios, según los últimos sondeos.
A lo largo de su trayectoria como líder opositor y candidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador se ha confrontado con algunos poderosos capitanes del sector empresarial. Tal vez el más frontal recientemente fue cuando planteó la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), lo cual provocó una airada respuesta de los empresarios más poderosos del país, aglutinados en el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios. Carlos Slim, el hombre más rico del país, salió públicamente a defender sus intereses en la construcción de la nueva terminal aérea. Luego de un violento estira y afloja, en donde AMLO insistió en revisar a fondo los contratos multimillonarios otorgados para la construcción del NAIM, su propuesta de concesionarlo a los inversionistas involucrados calmó las aguas en esta tormenta.
Además, suavizó su “retórica dura” en materia económica, la cual utilizaban sus adversarios en campañas anteriores para “predecir que su presidencia sería caótica”. Sin embargo, ahora son los críticos del pasado quienes le otorgan la razón en muchos de los renglones marcados para ser revisados a fondo relacionados con las supuestas licitaciones. Adelantado surge la opinión de la titular de la Función Pública, Arely Gómez, quien asegura no hay ningún irregularidad en las licitaciones ni en la aplicación de presupuestos. Los de la ASF siguen sin opinar lo mismo y encontrando severas y cuantiosas diferencias.
Estos grupos empresariales, con su actitud y sus acciones, ensucian el proceso electoral y anticipan tensiones y problemas de gobernabilidad al arrancar el nuevo gobierno. Están, simple y sencillamente, violando la legislación electoral, pues las sociedades mercantiles no son sujetos de acción comicial. Su intención de causar temor entre el electorado ante el seguro triunfo en las urnas de López Obrador, a quien se le acusa de “populista”, regresivo y peligroso para la estabilidad económica, encaja totalmente en la imagen que intentan impulsar desde los cuarteles de campaña de los abanderados de las coaliciones encabezadas por el PRI y el PAN, al igual que se hizo a través de la campaña negra contra el tabasqueño y sus aliados empresariales en el 2006. Pero ahora las circunstancias son totalmente diferentes.
Desde los últimos sexenios, esos poderosos grupos empresariales están convertidos en un factor político decisivo en la conformación de las instituciones públicas, particularmente los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero con gran influencia también en el Judicial, como ya se ha visto. Su dinámico activismo representa uno de los más grandes vicios de la vida republicana en México y, en los hechos, constituye una de las modalidades más flagrantes de la corrupción en el país.
Los empresarios, en su calidad de ciudadanos, son libres de expresar sin condiciones sus preferencias políticas y electorales, y si así lo quieren hacer campaña por el candidato de su elección. Pero va contra la legislación electoral vigente en el país utilizar sus puestos directivos en sus grupos empresariales para hacer propaganda electoral entre sus empleados y subordinados. Esta conducta es similar a las peores prácticas del voto corporativo que por décadas, sobre todo a finales del siglo pasado, impusieron a sus afiliados los sindicatos y centrales campesinas oficialistas en apoyo del viejo priísmo. Ahora bien, si los empresarios pretenden dar lecciones de civilidad política a sus empleados, deben hacerlo con absoluto respeto a las leyes electorales vigentes y actuar, sobre todo, a título personal.
No se han detenido en intentar mezclar a todos los empresarios del país en el señalamiento hecho por el tabasqueño sobre la corrupción existente en sus operaciones, de ahí surgieran comentarios en las redes de quienes desde hace décadas cuentan con empresas, son egresados universitarios y han luchado por incrementar sus capitales por la ruta correcta. Algunos se han sentido dañados por las expresiones de AMLO cuando éstas van dirigidas directamente a un grupúsculo de grandes y multimillonarios hombres de negocios cuyas operaciones desde siempre se han hecho al amparo del poder. En ningún momento se ha hecho referencia a pequeños, medianos e inclusive a empresarios a punto de dar el gran salto al mantener un comercio hacia el extranjero con cifras en dólares y euros cada vez más interesantes.
ESPERAN UN ROTUNDO TRIUNFO DE AMLO
Tan ha resultado errática, fallida, la estrategia de los desesperados de siempre que los últimos sondeos ubican a AMLO con 52% de la intención del voto; Ricardo Anaya se rezaga con 26%; y José Antonio Meade tiene únicamente 19%. “El Bronco” no tiene nada que hacer con 3%, según la encuesta del diario “Reforma” publicada este miércoles. Contribuye a ello el crecimiento de la inseguridad, la incontrolable violencia, los escándalos de corrupción de los integrantes del gabinete de Enrique Peña Nieto, un repudio a las políticas de la actual gestión federal y de las panistas de Felipe Calderón y Vicente Fox.
El repudio a Peña Nieto y a su partido, el PRI, es altísimo, de 7 de cada 10 mexicanos. Asocian al PRI con la corrupción, a la gestión de Peña Nieto como “el peor gobierno” y al mexiquense lo hermanan con la impunidad. Ni Ricardo Anaya ni José Antonio Meade despuntan en los sondeos sobre intención del voto por una simple razón, son candidatos asociados con el modelo económico actual, y la corrupción e impunidad prevaleciente.
AMLO ha logrado capitalizar el hartazgo por la inseguridad y la corrupción, coinciden todos los estudios realizados sobre el actual proceso electoral federal. Enfrente se encuentra el sexenio más violento de la historia de México. Cifras oficiales confirman más de 102 mil víctimas de asesinato en los primeros cinco años y tres meses de gobierno, una tasa superior a los 20.5 por cada cien mil habitantes. Aunque los datos reales son más trágicos.
En la memoria colectiva están los sonados casos de corrupción de la actual administración federal: Odebrecht, OHL, Paso Exprés, César Duarte, Javier Duarte, Roberto Borge, la Estafa Maestra, entre otros, los cuales permanecen totalmente impunes. La percepción de la corrupción se duplicó este sexenio. México cayó del lugar 60 al 135 en el Índice Internacional de corrupción entre 2005 y 2017.
La marcha de la economía es también una preocupación constante entre el electorado: el crecimiento anual del PIB se mantuvo en 2% -la mitad de hace seis y 12 años-. Nueve de cada 10 mexicanos opinan que la economía estuvo “igual o peor” durante el sexenio de Peña Nieto. El año pasado, la inflación, detonada por el “gasolinazo” promovido por Meade Kuribreña, rozó 7%, contra 4% en los ejercicios electorales previos. En el último año, la evolución de los salarios reales fue negativa, los créditos al consumo e inmobiliarios se estancaron, la confianza de los consumidores está 10 puntos más baja que en 2012. Los estudios de calificadoras internacionales coinciden: se registró “un crecimiento modesto, producción de petróleo a la baja, inflación elevada, altas tasas de interés, condiciones para acceder al crédito al consumo cada vez más exigentes, restricciones al gasto fiscal, decrecimiento del salario real”.
Preocupa también a los electores y a los inversionistas la fallida, hasta el momento, renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y el deterioro de la relación bilateral con Estados Unidos en el mandato de Donald Trump. Ocho de cada 10 mexicanos consideran que Peña Nieto no lleva bien la relación con Estados Unidos y consideran que ésta se encuentra en un estado ”malo”. Los electores creen que AMLO sería el presidente que mejor defendería a México frente a Trump.
Con esta radiografía ya se ve porque está donde está “ya saben quien…”
