Sergio Castro Bibriesca / @SergioBibriesca
(18 de noviembre, 2014).- El centro de Coyoacán se cimbró por unas horas, se iluminó de luz y sus habitantes clamaron justicia. La mirada de algunos comensales fue de sorpresa e incomprensión. Ante sus ojos, pasó un vendaval de manifestantes gritando: “1,2,3 (…) 41, 42 43 ¡Justicia!”. Los meseros de los bares salieron a observar la marcha. Lo mismo sucedió en los restaurantes y tiendas. La consigna de los manifestantes fue: “No fue el narco, fue el Estado”, responsabilizando al Estado mexicano de la desaparición de los 43 normalistas el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.
Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República, el pasado 7 de noviembre dio –quizás– la conferencia de prensa más vista en toda la historia del país. Fue transmitida en vivo por televisión, radio e internet. En ella, Murillo afirmó que los normalistas fueron entregados por policías municipales a cerca de 14 personas, integrantes del grupo “Guerreros Unidos”. Estos individuos –con base en la versión de la Procuraduría General de la República (PGR)– habrían quemado “hasta las cenizas” a los normalistas.
El lugar donde los 43 normalistas fueron “carbonizados” es un basurero conocido como “El Papayo”. En este sitio habrían asesinado en un primer momento a los estudiantes, después de apilar los cuerpos, habrían colocado llantas y leña encima de los mismos, rociaron diesel y habrían ardido por “14 ó 15 horas”. Una vez “quemados”, habrían esperado “dos horas” hasta que los restos se enfriaron, los romperían en pequeñas piezas y lanzarían en el Río San Juan, a poco más de 10 kilómetros de El Papayo.
La PGR depositó toda la responsabilidad en José Luis Abarca, alcalde de Iguala en el momento de los hechos, –quien desde junio de 2013 tenía una averiguación previa por un triple homicidio ocurrido en mayo del mismo 2013; la PGR teniendo esa información jamás actuó–.
La noche del 26 de septiembre fueron asesinados a balazos seis personas: tres normalistas, dos integrantes del equipo Avispones de Chilpancingo y una mujer que viajaba en un taxi en ese momento. Quienes abrieron fuego fueron policías municipales. Heridos algunos normalistas, pidieron ayuda en algunos hospitales cercanos. Según relata uno de los sobrevivientes, militares, que tienen su cuartel a escasos metros de los hechos, habrían impedido la atención médica, además de agredir verbalmente a los estudiantes y no brindarles apoyo.
Murillo Karam desmarcó a todo individuo y toda institución de gobierno relacionada con los hechos. Si el Estado responsabiliza de la matanza a sujetos que dependen de la estructura de gobierno, el Estado mexicano se enfrentaría a instancias internacionales y las repercusiones tomarían otros tintes. “Iguala es un hecho aislado” mencionó.
Ante la versión de PGR, Abel Barrera, fundador y director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan indicó el viernes pasado en Alemania, que Tlachinollan tiene “indicios de que los tres detenidos que confesaron la masacre de los estudiantes fueron torturados (…) Uno de ellos presentaba golpes en la cara, se nota que hubo un trabajo con la intimidación y la tortura para obtener la confesión. Fue una historia armada bajo tortura”.
Las inconsistencias en la versión de la PGR sobre el destino de los 43 normalistas aumenta con las declaraciones de David Flores Maldonado, secretario general del comité estudiantil de la Escuela Normal Rural Raúl isidro Burgos, casa de estudios de los estudiantes desaparecidos, publicadas en el diario local El Sur, el pasado 13 de noviembre.
Según Flores, la noche del 26 y durante la madrugada del 27 de septiembre hubo una lluvia torrencial en Iguala; ante los hechos, el secretario del comité estudiantil descartó la posibilidad que sus 43 compañeros fueran quemados y calcinados en el basurero El Papayo.
Pepenadores que trabajan en el Papayo, han declarado que han dejado de ir al basurero, pues había otros pepenadores que llegaban desde temprano, dejando poco para recolectar.
