Alejandro de Coss/ Revista Hashtag
(17 de agosto, 2014).- Los funcionarios que propusieron, aprobaron y celebran las reformas a la constitución no son traidores. El discurso que desde la oposición así los etiqueta sólo es útil para evitar una discusión profunda sobre los derroteros que podría tomar el futuro de este país y sus habitantes. Llamarlos traidores escapa la crítica argumental y la posibilidad de comprender críticamente el fondo de sus acciones. Llamarlos traidores fundamentándose sólo en la versión mítica de un pasado en el cual los gobernantes buenos guiaron al pueblo obediente al progreso es peligrosamente antidemocrático.
No son traidores. Son representantes fieles de sus intereses, de los de sus filiaciones políticas y sociales y de una idea históricamente construida de democracia, ciudadanía y estado. Éstos son los temas que aquí discutiré. Mi intención, entonces, no es criticar los efectos negativos que las Reformas podrían tener para este país y para sus ciudadanos más jodidos; muchas mejores plumas ya han realizado esta labor en este y otros medios. Me preguntaré, en cambio, el por qué estas decisiones han sido tomadas de esta forma en particular.
En su artículo “Modes of Citizenship in Mexico”, Claudio Lomnitz (1999) hace un recuento crítico de la historia del concepto y la práctica de ciudadanía en México. Este ejercicio es necesario si queremos comprender las formas de organización de la clase política y de la ciudadanía en el México contemporáneo. La búsqueda de reconstruir el proyecto centralista del PRI, con todo y el culto a la personalidad en torno a Enrique Peña Nieto, no sucede en un vacío sociohistórico, sino en un complejo entramado de ideas y prácticas que las élites sostienen sobre el poder, las formas de ejercerlo y el rol del pueblo en este juego, tan a menudo perverso.
La primera cuestión a tomar en cuenta es que ciudadano no siempre se identificó con mexicano. El ejemplo más claro es que las mujeres, hasta 1957, no pudieron votar. Sin embargo, este ejemplo no debe ser tomado con el único. El corporativismo, la añeja práctica de las clientelas (que no es, por supuesto, endémica al PRI), es otra forma en la cual el votante no se identifica como ciudadano, sino como pueblo. Esta distinción primaria, ciudadano-pueblo, es colonial y está, por tanto, entrelazada con las clases sociales y las prácticas de racismo que persisten en México. A lo que aquí me refiero cuando habló de colonialidad es que, aún tras la independencia, la estructura de nobleza regional se consideró como garante de la civilización y el progreso y, así, devino ciudadanía. El resto, la plebe, podía bien ser el pueblo bueno, mexicano e independiente, que apoyaba a sus líderes o el pueblo malo, rebelde y enemigo del progreso (Lomnitz 1999, p. 284).
No es necesario un gran ejercicio reflexivo para notar que esta explicación aún hoy sigue resonando. Procede de ambos (supuestos) espectros de la vida política institucional del país. Se sigue concibiendo a una élite que dirige y a un pueblo que cifra su bondad en obediencia. A pesar de la expansión de la noción de ciudadanía que Lomnitz encuentra en los 80s, esta concepción de pueblo permanece. El mismo autor ya lo advertía cuando menciona que un énfasis excesivo en el contenido electoral de la idea de ciudadanía puede vaciarle de sus contenidos de justicia social y revivir la perniciosa dialéctica de pueblo bueno y pueblo malo (1999, p. 293). El componente electoral ha sido el único verdaderamente explotado, aunque hoy esté en un proceso de turbia redefinición, y el resto sigue vacío de contenido en un momento en el que aun discutimos si es conveniente elevar el salario mínimo a un rango en el que alguien pueda sobrevivir ganándolo.
Si bien es necio afirmar que volvemos al siglo XIX, sería ridículo no ubicar en la historia lecciones y miradas que ayudan a diseccionar el presente. No se trata, pues, de apelar al mítico Tata Cárdenas, sino de ver cómo, entonces y hoy, las nociones de pueblo se movilizan para fortalecer a quienes ejercen como ciudadanos: a los garantes del interés público (tema que traté en mi última columna) y a los representantes del pueblo bueno, del pueblo obediente y de buenas costumbres. Desde el poder, por ejemplo, el discurso es que las reformas logradas en las Cámaras, las que le han merecido el apelativo de traidores, son el único mecanismo para lograr el progreso en México. Los teóricos representantes en realidad se comportan como pequeños dictadores que guían a una masa amorfa de pueblo bueno y luchan contra un pueblo malo, en el que estoy yo, que se les opone. Nosotros, el pueblo malo y rebelde, no comprende los grandes beneficios que las reformas traerán. Poco importa que esté ya comprobado que estos beneficios no serán para todos. Serán para ellos y para quienes son parte de la civilización y el progreso.
Ambos conceptos, cuando son desplegados como prácticas por la ciudadanía patricia del país, vienen también cargados de un componente colonial. La civilización y el progreso sólo son visibles desde el lugar de privilegio en el que se colocan. En la edición que hoy se impone, son medidas diseñadas para expandir el ciclo de acumulación del capital incluyendo tierras y recursos antes controlados por el estado o por las comunidades. Aquí acontece una identificación entre la ciudadanía patricia, los intereses del capital y la noción de bien común. Aquí podemos encontrar una causalidad a las afirmaciones, no despojadas de cinismo, de la bonanza que viene para México. Ésta es la que enriquecerá más a los auto-asumidos garantes de la ciudadanía, la política y el estado, entendidos como los guías del pueblo bueno o los que someterán al pueblo malo al dictado de su razón hegemónica.
Lo que sucedió, y no sólo en México, es una transformación de la narrativa y práctica del poder estatal. El gran pacto social europeo de la posguerra, inspiración de algunas de las intervenciones mexicanas en seguridad social, dio pie al acuerdo neoliberal. El motor de la economía fue la deuda y sobre sus ilusorios mecanismos de acumulación se construyeron castillos que hoy se derrumban. La salida encontrada por capitalistas y gobiernos ha sido reforzar las medidas de acumulación por desposesión que han venido marcando el ascenso de un capitalismo extractivista justo cuando sus discursos de triunfo proclamaban la llegada del capitalismo informacional. La extracción de recursos naturales, su apropiación por los grandes capitales y la alianza de éstos con las élites políticas nacionales son las aristas que dirigen las dinámicas político-económicas en distintas latitudes, incluido México. Así, la narrativa equipara el bien común con el beneficio de esta alianza y promete de nueva cuenta que las ganancias se derramarán sobre todos. La narrativa neoliberal se reedita ahora bajo el manto de la acción estatal y de quienes se asumen como ciudadanos con derechos, guiando a la masa popular a un futuro mejor que no puede, por estructura, ser mejor para todos sino sólo para quienes lo imponen.
El discurso que llama traidores a los legisladores y funcionarios que están detrás de las Reformas no puede ser la base de la acción política de la oposición. Reducir su acción a un problema moral desvía la atención sobre los procesos estructurales que he esbozado y sobre muchos más que han sido explorados en los últimos meses. Esto puede llevarnos a pensar que lo único que México necesita es que su pueblo bueno elija al caudillo correcto para que sea él o ella quien, como guía, nos muestre la vía a un nuevo pacto social, fundado en un pasado mítico. Reproducir desde la oposición los paradigmas que apuntalan el régimen productor de desigualdad que ha gobernado a México históricamente es un despropósito en la construcción de un modelo más justo de sociedad y economía. Haría bien dejar de cifrar la discusión en términos morales y comenzar a hacerlo en términos de economía política.
Bibliografía
Lomnitz, Claudio (1999), “Modes of Citizenship in Mexico” en Public Culture, vol. 11, no.1, pp. 269-293
