Ilustración: Pe Aguilar / @elesepe1
(07 de octubre, 2014).- “Nos entregan a nuestros hijos cuanto antes, o el 8 de octubre nosotros vamos a paralizar el país; ya tenemos el respaldo de organizaciones campesinas, sindicales, magisteriales y grupos que están indignados por lo que aquí está pasando”, advirtieron los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.
Esto, tras rechazar la versión emitida por la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) de Guerrero, sobre que un comando de la delincuencia organizada fue el responsable de la ejecución y desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Isidro Burgos’.
El Estado mexicano es el responsable de presentar a los normalistas desaparecidos con vida, aseguraron los padres de familia, pues fueron policías de Iguala quienes se los llevaron y los municipios están incluidos en el pacto federal.
“Lo que tenemos claro es que se los llevaron los policías preventivos y ellos tienen mandos, esos mandos forman parte de una estructura de gobierno y entonces el Estado debe asumir la responsabilidad de los hechos”, manifestaron.
Por su parte, otros estudiantes normalistas que han mostrado su solidaridad mediante marchas y bloqueos de carreteras pidiendo justicia, ya habían acusado directamente al gobernador guerrerense, Ángel Aguirre, de ser el “asesino intelectual” de sus compañeros.
En esta ocasión se trata de la primera vez que los 43 jefes de familia se muestran juntos, al haber hecho pública su postura en la explanada principal de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’.
Los familiares aseguraron que todos los jóvenes que a la fecha continúan desaparecidos, eran sanos y con la esperanza de progresar desde los bajos recursos, a través del estudio de una carrera profesional como docentes.
Las madres y padres de los normalistas se negaron a dar sus nombres o los de sus hijos, por cuestiones de seguridad, aunque tampoco se cubrieron el rostro mientras daban a conocer sus acuerdos y postura ante el caso, los cuales consisten en un ultimátum para el gobierno estatal a cargo de Ángel Aguirre, y el gobierno federal de Enrique Peña Nieto.
Por otra parte, aceptaron colaborar con las pruebas de ADN que han requerido las autoridades, para determinar si dichas muestras corresponden con alguno de los 28 cuerpos localizados en las fosas clandestinas de Pueblo Viejo y Loma del Coyote, a las afueras de Iguala.
Sin embargo, aclararon que a los únicos resultados que darán credibilidad son a los que proporcione el equipo de nueve argentinos, especialistas en antropología forense, que ya se encuentra en la entidad esperando autorización del gobierno para comenzar sus investigaciones.
Esto debido a que los familiares desconfían de las autoridades nacionales, pues a su decir, seguramente intentarán manipular los datos para cerrar el caso pronto, afirmando que los restos coinciden con los desaparecidos en lugar de dar seguimiento a la búsqueda.
Entre las víctimas se cuentan estudiantes que cursaban apenas el primer año en la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’, por lo que el rango de edad de los desaparecidos va de los 15 a los 20 años.
