(07 de febrero, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- La nueva propuesta de Norma de vivienda social que sustituirá la número 26 sigue siendo objeto de polémicas. Apenas el pasado jueves, inconformes protestaron en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ante lo que dijeron, se trata de una imposición de las empresas inmobiliarias sobre la capital mexicana.
Distintas organizaciones sociales se pronunciaron a las afueras del recinto el pasado jueves ante un debate que se ha prolongado durante varios meses, luego de que éste no genera consensos dentro de las fracciones parlamentarias.
A decir de los manifestantes, se trata de una imposición de una nueva norma de ordenación “que pretenden pasar como benéfica para los capitalinos, usando como coartada la vivienda de interés social y popular”.
“Los constructores promueven y presionan a la autoridad y legisladores a fin de aprobar una combinación de las reformas que abrieron la puerta al abuso de la ‘Norma 26’ y las legaliza, más las impopulares normas 30 y 31 que nunca vieron la luz por las condiciones abiertamente ventajosas que se daban los desarrolladores, haciendo de esta nueva norma de ‘vivienda social’ una mezcla más letal y perversa que las versiones anteriores”.
Así lo aseguraron miembros de la organización popular Vecinos Unidos en su pronunciamiento dado a conocer a propósito del periodo extraordinario en el que se pretendía legislar la norma 26, sin embargo, que fue suspendido pues, a decir del legislador panista Santiago Taboada, “se busca trabajar de manera seria en todas las iniciativas”.
“Colonos, pueblos, barrios, comités ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil nuevamente nos oponemos al intento de albazo que pretenden hacer los legisladores, dejándose usar por un sector que pretende apropiarse sin cortapisa alguna de todo el territorio capitalino, sin importar sustentabilidad y viabilidad del Distrito Federal a corto y mediano plazo, impidiendo cualquier propósito de planeación que dé futuro a nuestra ciudad y a quienes la habitamos”, añadieron quienes protestaban en el recinto legislativo.
Y es que a decir de los mismos, ha sido a través de análisis “minuiciosos”, aseguran, que la nueva norma promueve la vivienda de interés medio e inclusive alto, desconociendo toda ley vigente de las que formaría parte, teniendo como consecuencia su inconstitucionalidad.
Para Vecinos Unidos, la Norma 26 “elimina cualquier posibilidad de planeación urbana; beneficia únicamente a un grupo selecto de constructores; da mayor discrecionalidad a Seduvi en la selección de las inmobiliarias que favorecerá y otorga al INVI prerrogativas para construir edificios en zonas patrimoniales”.
Por su parte, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) consideró en rueda de prensa que esta norma de vivienda pretende homologar la política de vivienda local con la del gobierno federal, obligando a quienes adquieran una propiedad de esta característica, a pagar lo que catalogaron como “abusivas ganancias de los desarrolladores” y el costo de la intermediación financiera.
