(19 de marzo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Nuevo Laredo, Tamaulipas, nuevamente vuelve a ser un foco rojo, en una entidad donde la violencia se ha desatado y lejos de detenerse va al alza, los habitantes de dicho municipio están siendo víctimas de la muerte violenta, balaceras, desapariciones forzadas y tortura por parte de las fuerzas de seguridad, que llegaron a dicho territorio bajo el cometido de ‘resguardar’ la seguridad de la sociedad civil, pero que a decir por los casos denunciados, son militares, Marina y Policías Federales, quienes en mayor medida comenten estos tipos de violaciones a los derechos humanos.
Sobre el tema, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, ha dado a conocer que derivado de las ejecuciones extrajudiciales, que han sido los delitos que mayormente han cometido las Fuerzas Armadas, han solicitado al gobierno de la República investigar a elementos de las fuerzas federales que son acusados de cometer ejecuciones extrajudiciales, poner en riesgo a la población por enfrentamientos y persecuciones con la delincuencia en zonas pobladas, así como la instalación de retenes para decomisar vehículos extranjeros.
El caso más reciente se presentó en el domicilio de Daniel Castillo López, menor de edad de 16 años, quien se encontraba en el interior de su casa, cuando elementos de la Policía Federal irrumpieron en el lugar, para después arrestar al joven. De manera violenta fue subido en una unidad de la PF para su investigación.
Sin embargo, horas después el cuerpo de Daniel Castillo fue encontrado en un terrero baldío “con visibles huellas de tortura y un disparo en la sien que le provocó la muerte instantánea”, da a conocer el Comité, que es el órgano no gubernamental que ha dado seguimiento e interpuesto la respectiva denuncia en el caso, según información facilitada a este medio.
Por lo que Ramos pide que “el Ministerio Público investigue a fondo esta acusación que involucra a agentes de la Policía Federal, que recabe los testimonios necesarios e incluso se solicite la plena identificación de los elementos que sería estuvieron de turno, así como la revisión de sus bitácoras de servicio ubicación de unidades y partes de novedades”.
Para el especialista en seguridad nacional, Luis Ángel Córdova, “la situación de Nuevo Laredo, es una problemática de violencia que se suma a las que se han venido desarrollando en los últimos meses en todo el territorio perteneciente a Tamaulipas, hubo un alza, que no sucedió de un día para otro, sino que fue la acumulación de la violencia sin denuncia.
No solamente es la Policía Federal que trabaja bajo las órdenes del narcotráfico y le entrega resguardo, mientras al ciudadano de pie lo discrimina y hasta lo envía a prisión. También lo hace el Ejército y la Marina, es decir, protege o no a grupos delictivos, pero cuando se trata de los de ejecutar, todos se cuadran, para brindar ayuda las bandas delincuenciales”.
Según un informe del Comité, “la presencia de grupos de seguridad nacional, lejos de tranquilizar a la sociedad, la llegada de las Fuerzas Federales en los últimos meses derivó en un ambiente de miedo, injusticia y abuso de autoridad. “Hoy, varios poblados están abandonados, las carreteras son intransitables y los desaparecidos se cuentan por miles”, asevera dicho documento.
Otro punto importante de denuncia, por parte del Presidente del Comité, a la par de los levantones que se traducen en desaparición forzada, dentro de sus otras actividades delictivas, que no son más que los falsos retenes. “Mientras la Policía Federal continúa implementando retenes ilegales en Nuevo Laredo, los ciudadanos exigen un esquema de regularización que esté al alcance de sus bolsillos”, asevera el activista.
En semanas recientes fueron los conductores, quienes denunciaron a través de redes sociales, operativos realizados por elementos de esta corporación en varios cruceros de la ciudad. Esto pese a que la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) aseguró no haber ordenado los operativos.
En una de las varias denuncias realizadas en contra de dicha dependencia, se le acusó que ahora, “cualquier delincuente puede adquirir un traje de la Policía Federal, y cometer extorsión en su contra. El mes pasado supuestos elementos de la PF, comenzaron a revisar los carros, sin motivo aparente, aunque no se confiscó ninguno, eran los de Texas los más importantes.
A la par de este hecho, también se reportaron otros en la zona Centro y al poniente, incluso algunos de los ciudadanos señalaron que fueron extorsionados para que no les quitaran su unidad”, comenta el especialista.
Según el comité, “se pide al gobierno de la República que la problemática de la instalación de retenes y revisiones a conductores de vehículos extranjeros que terminan en extorsión, sean investigados, ya que bajo el pretexto de usar placas sobrepuestas registradas a principios de mes en diferentes sectores de Nuevo Laredo, los supuestos elementos de la PF están siendo juzgados.
El comité reitera su solicitud para que persecuciones de delincuentes y los enfrentamientos armados a plena luz del día en sectores poblados e incluso en zonas comerciales que ponen en riesgo la vida de civiles inocentes, pasando por alto recomendaciones del de uso de la fuerza, sean erradicadas”, asevera.
“Ésta no es la primera vez que un organismo no gubernamental denuncia ejecuciones extrajudiciales y falsos retenes, las pruebas de los otros casos están demostrando que existen, pero con Peña Nieto al frente y Osorio Chong como su delfín difícilmente se conseguiría justicia para las víctimas.
Estamos frente a una gran sobreprotección de Fuerzas Armadas federales y estatales, que acrecienta la impunidad, mientras que jóvenes e incluso familias enteras son ultimadas o amenazadas, todo esto con el poder que Cienfuegos les ha concedido. En Tamaulipas volveremos a pasar por el alza de la ola de violencia y solamente un gobierno eficaz, logrará que esto cambie y exista justicia, pero eso no sucederá con Peña Nieto al frente”, asevera el especialista.
Sobre el tema de los falsos retenes, empresarios transportistas, explican que grupos armados los colocan a diferentes horas del día, sin que las autoridades “se den cuenta”, lo hacen en carreteras para realizar el cobro de cuotas, robos y secuestros de choferes que transportan mercancía.
A estos choferes les piden una cuota o les quitan la mercancía, y para que se detengan les apuntan con un arma, y fácilmente se suben y los amagan, para después, dependiendo de las circunstancias, secuestrarlos o ejecutarlos. Aunque los empresarios han enviado cartas de auxilio, ningún gobierno ha respondido eficazmente, declaran.
