La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este miércoles un capítulo más en el largo expediente fiscal de Grupo Salinas, al confirmar la validez de la multa por 67 millones 165 mil 827 pesos impuesta a Nueva Elektra del Milenio por declarar pérdidas superiores a las reales en el ejercicio fiscal 2012. El fallo, aprobado por seis votos contra tres, revocó el amparo que un tribunal colegiado había otorgado previamente a la empresa.
Este resultado llega apenas una semana después de que el máximo tribunal ratificara siete créditos fiscales por más de 48 mil millones de pesos contra el conglomerado de Ricardo Salinas Pliego, y en medio de la discusión de un noveno litigio sobre 621.9 millones de pesos, aún sin resolución definitiva.
Una votación que revierte el amparo
El proyecto de la ministra Lenia Batres —aprobado por mayoría calificada— instruyó al vigésimo tribunal colegiado en materia administrativa a emitir una nueva sentencia conforme a los criterios de la Corte. La empresa había sostenido que el SAT debía fiscalizar únicamente a la controladora del grupo, y no directamente a la filial, bajo el régimen de consolidación fiscal vigente en aquel momento.
Pero los ministros desestimaron ese argumento.
“Las facultades de comprobación que pueden desplegar las autoridades fiscales no se encuentran limitadas respecto de las sociedades controladas […] no existe una excepción que las excluya del ejercicio de verificación fiscal”, expuso Batres, citando el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación.
La SCJN también declaró infundado —por unanimidad— un recurso de impedimento interpuesto por Nueva Elektra, con el que la empresa buscaba apartar a Batres y a la ministra Yasmín Esquivel del caso por supuesta parcialidad. El pleno sancionó a la compañía con una multa equivalente a 300 UMA (34 mil pesos) por considerarlo un intento de retrasar el juicio.
El litigio que falta y las posiciones encontradas
A pesar de los avances, el máximo tribunal retiró de la lista de discusión los dos proyectos restantes del caso Totalplay, uno elaborado por Batres y otro por Esquivel, debido a criterios contradictorios. Ese último capítulo fiscal —de 621.9 millones de pesos— continúa sin resolución.
Los ministros mantuvieron la posición de que el SAT puede fiscalizar de manera directa a cada empresa integrante de un grupo consolidado, lo que fortalece la postura de la autoridad tributaria frente a estructuras internas que, durante años, han sido motivo de litigio.
La respuesta del corporativo
Tras el fallo, Grupo Salinas publicó un comunicado en el que acusó a la Corte de actuar por motivaciones ajenas al derecho, afirmando que:
“La división de poderes en nuestro país simplemente ya no existe.”
El conglomerado aseguró tener disposición para pagar lo que considera “justo y correcto”, pero insistió en que no concederá ante lo que llamó “pretensiones abiertamente excesivas e ilegales”. La empresa reiteró que acudirá a otras instancias nacionales e internacionales, cuestionando nuevamente la legitimidad de las resoluciones del máximo tribunal:
“Las resoluciones de la Suprema Corte no son definitivas”, sostuvo.
Un capítulo más en una disputa millonaria
El monto de este fallo —67.1 millones— es apenas una fracción dentro de los litigios acumulados del corporativo, que en conjunto superan los 48 mil millones de pesos ya ratificados. Con un expediente aún abierto y posiciones irreconciliables entre ambas partes, el conflicto se mantiene vivo en tribunales.
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