Enviados especiales / Revolución 3.0
Parte 1 de 2
(14 de abril, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- “El poder y el dinero en Chiapas siempre estarán por encima de la seguridad de los civiles. Es una lamentable situación que se padece incesantemente. Durante el gobierno de Juan Sabines se dio paso a una construcción a cargo de miles de trabajadores, sin que se supiera qué era lo que se edificaba, cuando las bases estuvieron listas y la obra avanzada, posiblemente en un 20%, se supo que se trataba de un Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), en el municipio de Villa Comaltitlán, en la zona costa del estado y aunque rápidamente la sociedad, empresarios, asociaciones religiosas y diversos organismos se opusieron por medio de manifestaciones y cartas abiertas, el proyecto siguió adelante, y aunque la población insiste en detenerlo, el Cefereso está 100% terminado y funciona desde octubre del año pasado, aún sin reclusos en éste”, relata el abogado Francisco Torres.
Villa Comaltitlán, Chiapas, es un municipio que sufre inundaciones casi cada año, “el Cefereso se construyó justo donde no se debía de hacer, en una localidad denominada Vado Ancho, es decir una depresión grande. Cuando sucedió lo del huracán Stan, justo donde ahora está construido el nuevo penal, se creó una laguna de dos kilómetros, esto debido a que el manto friático está prácticamente a flor de tierra, en 1982 la estación meteorológica que medía el caudal del río se la llevó una creciente. Los estudios que hicieron para dar inicio al proyecto fueron con base a los ríos aledaños, no hay estudios reales, es una inversión destinada al fracaso y en donde corren peligro tanto los internos, como los trabajadores, porque no se sabe si hoy, mañana o dentro de 5 años suceda una inundación”, afirma el Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Costa de Chiapas, Rafael Rojo Galnares.
“Todo el proyecto del penal estaba condenado al fracaso desde siempre, desde su construcción en una zona inundable. De los 2 millones que costaría, debido al retraso, pasó a tener un presupuesto de 4 mil 500 millones de pesos. Es una pasividad brutal la de Velasco Coello, que incluso teniendo un Atlas de Riesgos elaborado por el Gobierno chiapaneco tras el paso de Stan, este no ha pugnado su cancelación al menos con ese argumento, aunque es probable que entretenga al pueblo poniéndose de su parte, sin acciones para no perjudicar ni contradecir a su jefe Peña Nieto”, dice Torres.
Según algunos trabajadores de la obra, afirman que durante su construcción tuvieron dificultades porque del subsuelo “brotaba agua, sumamente difícil de controlar”. Y es que mientras que el río Vado Ancho está a una altitud de entre 57 y 73 metros sobre el nivel del mar, el penal se ubica a 54 metros sobre el mismo.
A finales de 2014 una representación de la Coparmex mantuvo una reunión con el Consejo de Seguridad Nacional, en donde presentaron estudios “que buscan convencer que un evento meteorológico capaz de causar daños graves, puede suceder cada 100 años, sin embargo, Vado Ancho se ha desbordado en el 82, en el 87 y en el 2005 con el Stan”, afirma Rojo Galnares.
Y argumenta que “la frecuencia con la que se ha dado este tipo de hechos es alta, además a esto se suma que hicieron un desvío del río lo cual también es incorrecto, porque el agua tarde o temprano regresará a su cauce natural y tenemos conocimiento, gracias a contratistas y personal que ya labora en Cefereso, que en la parte más baja en los meses de septiembre y octubre está inundado, con un espejo de agua de por lo menos 15 cm, dado a que es una zona pantanosa se corre un riesgo mayor de que esa inversión se vea menoscabada por el clima”.
“Los estudios hidrológicos que ellos nos dan a conocer en definitiva adolecen de una seriedad para una inversión de más de 4 mil millones de pesos. Dichas pruebas son teóricas, de acuerdo a lo que ya un perito, de los pocos que han visto el documento, determinó, nos comenta que solamente son valores de referencia, no fueron mediciones hechas en el lugar de la construcción, es cierto que hubo un gran movimiento de tierra, subieron 60 cm, pero es posible no que no sea suficiente”, declara Rojo Galnares.
Según el documento gubernamental titulado “Manifestación de impacto ambiental modalidad particular, construcción del Centro Federal de Reinserción Social en el estado de Chiapas (CFRS-Chiapas)”, el tipo de penal es para Procesados de mínima y Media seguridad. Tiene una capacidad total para 2,520 internos varones, con una distribución en 5 Módulos.
Los cuales están divididos de la siguiente manera: 2 módulos de mediana seguridad, con una capacidad total para 1,008 internos y 3 módulos de mínima seguridad, con una capacidad total para 1,512 internos. Dicho penal estará operátivamente a cargo de la compañía Makobil S de R.L de C.V. por medio de una contrato de prestación de servicios suscrito con la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Así mismo se aclara que la inversión estimada para la construcción del CFRS-Chiapas, se encontraba en 2 mil 500 millones de pesos, agregando que el terreno en donde tendría lugar la construcción era confiable. El documento también indica que durante la operación de dicha cárcel, se requerirá la realización de actividades de mantenimiento necesarias para su buen funcionamiento, las cuales estarán a cargo también de Makobil, S. de R.L. de C.V.
Rojo Galnares afirma que “hubo una promesa por parte de las autoridades del penal, quienes aseguraron que mientras no hubiese una segunda reunión entre nosotros no iban a dar inicio al ingreso de reclusos, pero desconozco si se vaya a cumplir, eso fue un acuerdo netamente verbal. Y aunque hemos solicitado vernos para que nos indiquen cómo va el proceso, no nos han dado respuesta alguna. Y llevamos esperando 6 meses”, lo anterior hasta inicios de este abril.
A esta problemática se suma el grado de peligrosidad que las autoridades afirman va de mínima a mediana, sin embargo, un grupo de empresarios chiapanecos afirman que “esto no puede ser cierto, porque de ser así hablamos de gente que posiblemente no pagó la pensión alimenticia y terminó en la cárcel, carteristas o defraudadores, asaltantes, pero ese tipo de delincuentes no tendría la capacidad económica de comprar predios aledaños. Se tiene constancia que todos los terrenos que rodean la cárcel se están comprando a precios incluso hasta 5 veces más de su valor normal. Hay hectáreas que tenían un costo de 20 mil pesos y ahora se están comprando en 70 o hasta 100 mil pesos”.
El abogado y analista político, Gonzalo Egremy comenta, “sabemos que hay peligro, porque existe la posibilidad de que los reos que se trasladaran vienen del Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas. Ya desde ahora, aún sin abrir, el Cefereso ha conllevado que en Villa Comaltitlán mucha gente de otros estados del país llegue a comprar las posadas u hoteles pequeños y convertirlos en negocios de mayor categoría. También se ha dado inicio a la compra de ranchos a precios muy altos; algunos propietarios han evitado negarse a la venta o renta de sus tierras y en ese último caso saben que tienen un socio, pero es desconocido y que impone su decisión”.
Y agrega, “la sociedad no ha cambiado de parecer, sigue con el mismo repudio hacia dicho penal, el gobernador Manuel Velasco Coello también ha expresado su inconformidad, pero nunca ha manifestado que como gobierno va actuar denunciando en foros internacionales la violatoria a las garantías de los chiapanecos, eso no lo ha dicho nunca”.
En efecto, Manuel Velasco Coello en múltiples ocasiones se ha pronunciado en contra del Cefereso y reiterado que “Chiapas no necesita un penal, sino escuelas, hospitales y carreteras”, sin embargo, ante el rechazo de la sociedad, el año pasado llegó al estado un director designado desde la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Guillermo Ochoa Garrido, quien afirmó que el modelo de Cefereso era de los mejores y en efecto, era de mediana seguridad, aunque, aseguró que existían convenios con el Gobierno del Estado en donde se incluían espacios para reos del fuero común de alta peligrosidad, tales como homicidas y secuestradores.
Pese a que se ha dado indicios que el Cefereso no se abrirá hasta llegar a un acuerdo con la sociedad y los empresarios, desde diciembre del año pasado el Gobierno Federal dio inicio al pago mensual de 20 millones de pesos a la empresa Makobil, quien tiene un contrato por más de 30 años para hacerse cargo de parte de la seguridad, alimentación y otros servicios del penal, convirtiéndose así en otro más de los penales privatizados en el país.
