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“Nuevos” cambios en el gabinete: ¿Entierra Peña Nieto su Sistema Nacional Anticorrupción?

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Por: Ivonne Acuña Murillo

Anuncia Enrique Peña Nieto “nuevos” cambios en su gabinete, Areli Gómez González quien se desempeñaba como titular de la Procuraduría General de la República es ahora la encargada de la Secretaría de la Función Pública. Su antiguo encargo queda en manos de Raúl Cervantes Andrade, quien se desempeñaba como senador de la República.

Nuevamente Peña se niega a salir de su zona de confort al cambiar a Gómez de cartera y al incorporar a Cervantes, cuyo primo, Humberto Castillejos, es su consejero jurídico. Por cierto, siguiendo con los lazos familiares, Areli Gómez es hermana de Leopoldo Gómez González, vicepresidente de Noticieros Televisa, sólo por acotar.

¿A qué le teme Peña Nieto? ¿Por qué cuando decide hacer cambios en el gabinete sólo cambia sus piezas de posición y no introduce nuevas caras y nuevos perfiles? En los cuatro años de su administración se ha distinguido por dar vueltas sobre sí mismo, por ignorar los reclamos de la ciudadanía, por aferrarse a los mismos objetivos, los mismos discursos, las mismas reformas, los mismos colaboradores.

Entre los casos más destacados se encuentra Rosario Robles Berlanga, quien inició el sexenio como Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y que en sus primeros meses de gestión fue acusada de usar los programas de SEDESOL para hacer triunfar al PRI en Veracruz en las elecciones intermedias de 2013, en complicidad con Javier Duarte, el gobernador prófugo, el mismo que envió dos maletas con 25 millones de pesos en efectivo, en avión oficial, al Estado de México, justo durante el proceso electoral del 2012, supuestamente para pagar a un empresario por una obra a desarrollar.

Ante las críticas y las peticiones de renuncia Peña respaldó a Robles al decirle ante los medios: “Rosario no te preocupes, hay que aguantar, porque han empezado las críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes preocupa y ocupa la política”, minimizando con ello un caso de supuesta compra de votos a favor del PRI y que fue denunciado por el PAN mediante una grabación, en la que también aparece el anterior gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, el que se sacó dos veces el “premio gordo” de la lotería en su estado, que fue listado entre los 10 políticos más corruptos de México, por la Revista Forbes y que permitió la proliferación del grupo delictivo de los Zetas en su estado, entre otras muchas cosas. Su premio, en este sexenio, fue ser nombrado Cónsul de México en Barcelona, el de Rosario, una vez que su puesto se hizo insostenible fue enviarla como cabeza de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

El lugar de Robles Berlanga, fue ocupado por José Antonio Mead Kuribreña, quien dejó la cartera de Relaciones Exteriores para ocupar la de SEDESOL. Esto ocurrió a la mitad de la administración de Peña. Recientemente, Mead pasó a ocupar el despacho de la Secretaría de Hacienda, después de la inevitable renuncia de Luis Videgaray Caso, conocido tras bambalinas como el “vicepresidente” y a quien se adjudican las grandes reformas de Peña y a quien se acusó de ser el artífice de la desastrosa visita de Donald Trump a México.

No sería raro que Mead abandonara Hacienda para lanzarse como candidato a la presidencia de la República por el PRI, en 2018. De hecho, a Mead se le podría identificar como el “comodín” del sexenio. En una baraja, el comodín se diferencia del resto de las cartas porque no tiene rango ni palo y se introduce en algunos juegos como una carta especial que sustituye a cualquier otra. 

Ciertamente, en toda carrera política hay ascensos, pero si algo es cierto en política, es que los miembros del gabinete pueden ser removidos, no sólo reubicados circularmente, por quien los nombró, en especial cuando la gestión del presidente no está dando los resultados esperados ni los prometidos.

Cambiar a los funcionarios de un lugar a otro, en especial cuando no han entregado buenas cuentas parece un sinsentido. Es el caso de Areli Gómez quien en el año y medio de trabajo al frente de la PGR sólo sirvió para engrosar los expedientes de casos como el de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y los muertos de Nochixtlán, sin resolver ninguno de los dos.

Como evidencia, su comparecencia ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, este 11 de octubre, en la que se permitió leer, sin sensibilidad alguna hacia las víctimas, un absurdo y desesperante listado de cifras, como en el caso de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos y cito: “Se investigan dos mil 300 números telefónicos pertenecientes a los normalistas desaparecidos, a diversas autoridades municipales e integrantes del cuerpo de Seguridad Pública”. En cuanto a los hechos de Nochixtlan afirmó que llevaba “469 entrevistas a mandos policiales federales y de Oaxaca; 229 dictámenes periciales; 30 visitas de investigación; 30 entrevistas a testigos civiles, entre otras acciones.”

Largas, largas y largas ha sabido dar la hoy ex procuradora, sin que a la fecha se conozca el paradero de los jóvenes normalistas, a dos años de su desaparición, y sin que se sepa quién disparó y mató a los 8 pobladores de Nochixtlán en el enfrentamiento entre la fuerza pública y los profesores de la CNTE, la mañana del 19 de junio.

Para quien sepa observar, a Areli Gómez le quedó enorme el puesto de procuradora, su bajo perfil, su inseguridad, sus dificultades al leer y pronunciar, pero sobretodo su falta de resultados así lo demuestran.

¿Por qué entonces el presidente se empeña en asignarla para la enorme tarea de lidiar contra la corrupción pública en el país? ¿Premia Peña el mal desempeño de Areli Gómez al frente de la Procuraduría General de la República al enviarla a la Función Pública o espera de ella el mismo sometimiento de Virgilio Andrade Martínez, enterrando con ello su ya cuestionada carrera política y, de paso, su propio y recientemente inaugurado “Sistema Nacional Anticorrupción”?

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