El objetivo del Estado debe ser erradicar la desaparición forzada, tema que durante mucho tiempo se ocultó y se minimizó. Esto se logrará mediante la atención a las causas que lo originan, como la violencia y la impunidad.
Así lo afirmó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, al participar en el encuentro latinoamericano sobre desaparición forzada organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Reconoció que la desaparición forzada, práctica continua y sistemática, “se implementó en los años sesenta y setenta por el Estado mexicano como parte de sus políticas para erradicar a la disidencia y que ahora por la descomposición social que ha vivido el país se asoció a las actividades criminales o la corrupción gubernamental y la impunidad”.
Encinas recordó que se cumplieron 39 años del llamado “Halconazo”, en donde se recurrió a la desaparición forzada por parte del Estado, por ello, aseveró que el actual Gobierno de México impulsa un cambio de paradigma en la política de defensa, protección y garantía de los derechos humanos.
Además, dijo que se desarrolla una institucionalidad con acciones que permiten reconocer la responsabilidad del Estado para brindar seguridad y protección a las personas. En el caso específico de la desaparición, sostuvo que se tiene que garantizar el derecho a la verdad y el derecho a las familias a encontrar a sus seres queridos.
El subsecretario reconoció que la desaparición forzada es un fenómeno de enorme dimensión que requiere de leyes, instrumentos e instituciones para enfrentarlo y crear las condiciones para dar resultados en los próximos años.
Por último, reiteró su compromiso y el del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de no proteger a quienes cometan este delito en el pasado o en el presente, “no se tiene porque encubrir a nadie – subrayó – porque parte fundamental de justicia en materia de desaparición forzada es que se sancione a los culpables, lo que está en manos de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías estatales”; e hizo un llamado a los gobiernos de los estados a que asuman su responsabilidad en estos hechos.
