(01 de septiembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- El 7 de junio pasado durante la inauguración del Octavo Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, la Justicia que merecemos: de la implementación a la consolidación, Enrique Peña Nieto dijo a los asistentes, “no lo podemos abandonar y dejarlo que vaya solo sin saber qué pasa, requiere de una gran observancia, requiere que ustedes, y creo que así lo están demandando, sigan observando qué pasa con este modelo.
“Creo oportuno, y me pronuncio porque tengamos también una forma de darle seguimiento y evaluación a cómo está avanzando este modelo, y que exhiba con toda claridad donde funciona y dónde no, dónde está operando de manera eficiente y dónde no (…) porque estamos obligados a que así sea.
“Yo quiero dejar comprometida aquí la voluntad y la amplia disposición del gobierno de la República para seguir acompañando este esfuerzo lo hemos hechos a través de la Secretaría Técnica, que depende de la Secretaría de Gobernación y hoy a su titular -María de los Ángeles Fromow- le doy la indicación para que en diálogo con los otros poderes y con estas organizaciones veamos de qué mecanismos nos valemos, qué hacemos, si estamos de acuerdo, en que si vamos a echar a andar este modelo lo podamos seguir, evaluar, retroalimentar a partir de las experiencias que se tenga en cada entidad y en el orden federal, y eso nos permita enriquecer, y sobre todo asegurar que el modelo funciona y funciona bien para todo nuestro país”.
Las palabras de Enrique Peña Nieto solo se quedaron en un discurso optimista, durante la décimo cuarta reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que se realizó el pasado 30 de agosto en el Palacio Nacional se anunció que las funciones de la Secretaría Técnica para la implementación del Sistema de Justicia Acusatorio desaparecería y sus funciones de órgano evaluador se transferirían al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a cargo de Álvaro Vizcaíno Zamora.
En los hechos, esta decisión deja al nuevo sistema penal acusatorio, puesto en marcha el pasado 18 de junio, sin un ente real que lo vigile en su correcta aplicación y monitoreo de resultados. El órgano autónomo que se encargaba de hacerlo, la Secretaría Técnica, ya no tiene facultades para intervenir y el gobierno federal no tiene trazado un plan concreto para para crear uno nuevo, así lo denunció el presidente de la Red Nacional de Juicios Orales, Martín Carlos Sánchez Bocanegra.
En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, el integrante de la red de expertos que colaboró en la implementación de este modelo de justicia, señaló que a pesar de que este sistema penal no está consolidado ya se piensa en dejarlo a la deriva, incluso cuando el mismo gobierno federal aceptó que su funcionamiento óptimo será hasta 2024 pues hay rezagos en la construcción de salas de juicios orales, capacitación de policías y la implementación del sistema de justicia para adolescentes, entre otros.
La Setec contaba con un presupuesto propio anual cercano a los 80 millones de pesos para supervisar la implementación y funcionamiento del sistema, además, administraba más de mil 200 millones de pesos en subsidios que se daban a las entidades para que invirtieran en infraestructura, capacitación y modificaciones legales.
“Al no haber un órgano evaluador se pone en riesgo la consolidación de la reforma penal, sino tenemos un órgano que esté monitoreando y evaluando y que tenga la posibilidad de brindar apoyo a los estados en la operación.
“Si bien no quedó en un documento formal, Enrique Peña Nieto se comprometió públicamente a mantener una instancia que continuará con la vigilancia y evaluación; nos surgen dudas, por ejemplo: quién evaluará a los estados, quién se encargará de la capacitación de operadores, incluyendo policías, quién coordinará a las autoridades para que identifiquen los problemas en la operación y búsqueda de soluciones, quién evidenciará a los estados con indicadores negativos de funcionamiento de justicia, quién se encargará de coordinar la implementación de las nuevas leyes de Ejecución Penal y Justicia para Adolescentes, quién coordinará a las autoridades de diferentes órganos de gobierno para cumplir lo establecido sobre la justicia”.
El 20 de junio pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo entre los Tres Poderes de la Unión para la Consolidación del Sistema Penal Acusatorio”, en el cual se delegó a los poderes federales efectuar la supervisión de su sistema en el ámbito de sus atribuciones.
Sin embargo el documento también estableció que las entidades federativas “que así lo decidan, en ejercicio de su soberanía, podrían adherirse al acuerdo”, en los hechos es un acuerdo convenio opcional.
Martín Carlos Sánchez Bocanegra aseguró que en este momento y como están las cosas se pone en riesgo la consolidación del Sistema de Justicia Acusatorio, “cada operador tiene la autonomía y libre albedrío para evaluarse en la materia, esto pone en riesgo el proceso de consolidación y operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
“El peor escenario que esperamos es que se le dé la responsabilidad a un departamento pequeño de diez personas que solo vean cuestiones bastante generales, que su trabajo sea solo de recopilación de información y acompañamiento en algunos temas sencillos sin capacidad de gestión y negociación”, preciso Bocanegra.
El especialista añadió, “dejar solos a los estados podría derivar en una tendencia muy marcada hacia las malas prácticas, o hacia al abandono de las cosas más importantes del Nuevo Sistema de Justicia, empezando por el monitoreo, la falta de seguimiento a la capacitación de policías -que es una de las materias más delicadas y que están pendientes aún en mucho estados y municipios-,lo que implicaría la no consolidación del sistema sino un retroceso.
“Otro riesgo es que al no haber un evaluador en su operación las cosas no mejoren, las malas detenciones continúen; el desarrollo de las audiencias; las malas prácticas en el ministerio público para procesar los métodos alternos y el excesivo uso de la prisión preventiva”.
Finalmente el presidente de la Red Nacional de Juicios Orales adelantó que actualmente se encuentran gestionando una reunión con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno Zamora para plantear todas las dudas que ha generado a la sociedad civil la falta de un órgano evaluador claro y transparente.
