“La puesta en marcha de la Ley de Seguridad Interior (LSI) coloca en riesgo los derechos de las mujeres, particularmente de las defensoras de garantías fundamentales”, dio a conocer el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), por lo que solicitó un amparo en los juzgados de distrito de Ciudad de México por considerarla contraria a las obligaciones del Estado de proteger los derechos humanos.
“El objetivo es impugnar y evitar judicialmente el decreto de una ley que podría traer graves consecuencias a la vida y seguridad de las mujeres y que incluso podría impedir o limitar su derecho a defender.”
Para ProDESC, la nueva legislación –cuya constitucionalidad será revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación– vulnera convenios internacionales que México está obligado a cumplir, como las convenciones Belem Do Para y sobre la Erradicación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
“La LSI es omisa en decir cómo va a garantizar los derechos humanos, en específico de las mujeres y las defensoras, obligación señalada en ambas convenciones internacionales. Pese a ello, la norma no establece la obligación de velar por que los funcionarios, agentes e instituciones que intervengan en acciones de seguridad interior se abstengan de cualquier acción o práctica de violencia o discriminación contra las mujeres.”
Agregó que “la ley debería prohibir a los funcionarios que hostiguen, intimiden, amenacen, dañen o pongan en peligro la vida de una mujer y obligarlos a modificar prácticas consuetudinarias que respalden o toleren la violencia machista con motivo y/o en ejercicio de estas acciones; a incorporar la perspectiva de género en el desarrollo de esas tareas; a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia institucional contra las mujeres, y a señalar sanciones a servidores que vulneren los derechos de las mujeres”.
Además, lamentó, “los postulados de la Ley no incluyen normas penales, civiles y administrativas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra el sector femenino. Por el contrario, existen razones para argumentar que constituye una medida legislativa cuya aplicación pone en riesgo derechos especiales y específicos para ellas, como el respeto de su vida; integridad física, síquica y moral; a la libertad y seguridad personales; a no ser sometida a torturas, y al respeto a su dignidad humana”.
