Ilustración: Pe Aguilar / @elesepe1
Por: Alina Rosas Duarte
(19 de marzo, 2015).- Este jueves, decenas de organizaciones mostraron su preocupación ante la situación que atraviesan los migrantes en tránsito por México al tornarse más violenta sin que las autoridades, en los tres niveles de gobierno, implementen una política de protección a éstos.
Los defensores de derechos humanos también llamó la atención sobre la ausencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para pronunciarse al respecto, incluso, ante graves hechos como las ejecuciones de tres migrantes centroamericanos ocurridas el pasado 11 de marzo encontrados dentro de los vagones del tren que va de Laredo a San Luis Potosí; así como la ejecución de un joven migrante de 17 años y lesiones de bala a un niño de 15 al ser asaltados en su recorrido en tren de carga en Tehuacán, Puebla.
Por ello, llamaron a que la CNDH y las Comisiones estatales se pronuncien sobre el tema y vigilen que se realicen las acciones correspondientes para impedir que estos abusos sigan cometiéndose.
De manera enérgica, señalaron a través de un comunicado, exigieron urgentemente a que el Estado mexicano cese los operativos que “vulneren la vida, la integridad física y en general, los derechos humanos de las personas migrantes. Brindar seguridad a todas las personas que se encuentran en nuestro territorio independientemente de su situación migratoria, de conformidad con las obligaciones del Estado en virtud de los tratados internacionales ratificados en la materia”.
Así mismo, llamaron a las instancias de procuración de justicia a atender los cientos de denuncias realizadas por organizaciones de derechos humanos al respecto, que van desde asaltos, hasta secuestros y privación de la vida. Además, insistieron en la necesidad de que las fiscalías especializadas en delitos cometidos contra las y los migrantes, trabajen de manera rápida y expedita con las organizaciones de derechos humanos para atender a esta población.
Y es que dijeron, es necesario recordar que “el Estado mexicano, a través de todas las autoridades que lo conforman, tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas migrantes. Sin embargo, lejos de ello, a partir de la implementación del Plan Frontera Sur, la estrategia del Estado Mexicano para con las personas migrantes se ha centrado en la realización de operativos de detención por parte del Instituto Nacional de Migración que, además, son cada vez más violentos y en regiones remotas donde las personas migrantes no tienen acceso al apoyo de personas y grupos solidarios, albergues y organizaciones defensoras de derechos humanos”, señalaron.
A decir de éstos, esta situación puede comprobarse a través de la documentacón y denuncia de las casas del migrante como las de Palenque en Chipas y la de Tenosique en Tabasco, sobre todo, poniendo en contexto los presuntos objetivos del llamado Plan Frontera Sur que si bien planteó en sus objetivos la seguridad y protección de los migrantes, este “se traduce en tratar a la migración en tránsito como un problema de seguridad nacional, sin perspectiva de derechos humanos y sin una estrategia que realmente erradique al crimen organizado que está apoderado desde hace muchos años de las rutas que las y los migrantes toman para continuar su viaje hacia Estados Unidos”.
Entre las organizaciones firmantes se encuentra el Colectivo Ustedes Somos Nosotros, José María Villaseca AC, Albergue Nuestra Señora de Guadalupe, Albergue San Juan Diego, Iniciativa Kino, Casa del Migrante Taticj Samuel, Hermanas de los Sagrados Corazones, Centro de Atención al Migrante Necesitado, Global Workers La Patrona, Red Jesuita con Migrantes de Latinoamérica, Casa-Hogar para Migrantes La 72, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prodh Juárez, entre otras.
