Este martes, un grupo de organizaciones manifestaron su preocupación por el nombramiento de parte del Congreso del Estado de Chiapas, de Jorge Luis Llaven Abarca como Fiscal General del estado de Chiapas. Acto que se dio el día 10 de diciembre en el marco del día internacional de los derechos humanos.
Según la LXVII Legislatura del estado de Chiapas,“después de un análisis minucioso de los expedientes y trayectorias de los ciudadanos que cumplieron con requisitos […] da como resultado que la persona idónea para asumir el cargo de Fiscal General del Estado es el ciudadano Jorge Luis Llaven Abarca”.
El recién nombrado Fiscal, se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana durante el gobierno de Manuel Velasco Coello. Durante su gestión como Secretario se caracterizó por el uso de la fuerza pública para la represión a personas defensoras de derechos humanos. Integrantes de las corporaciones policiales que estaban a su cargo fueron denunciados por corrupción y de estar involucrados en violaciones a derechos humanos, como detenciones arbitrarias y torturas, hechos que continúan en impunidad, señalan las organizaciones.
“Como Secretario de Seguridad Pública no realizó las acciones necesarias para prevenir la violencia hacia las mujeres y hubo un aumento de feminicidios, a pesar de la Alerta de Violencia de Género que hay en Chiapas.
“El Fiscal se desempeño también como Delegado en Chiapas de la Procuraduría General de la República (PGR) y anteriormente como titular de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FECDO), de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE). Ha sido además agente del Ministerio Público del fuero común, Fiscal del Ministerio Público especializado, encargado de la Unidad de Investigación del Delito de Homicidio y Jefe de la Unidad Especializada contra el Delito de Secuestro”.
Además indicaron que, como Fiscal de la FECDO fue señalado como responsable de tortura y otras violaciones a derechos humanos en el estado de Chiapas, como lo demuestra la recomendación 26/2002, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por las detenciones arbitrarias y tortura durante el operativo policíaco en la comunidad San José, en el municipio de Marques de Comillas, cuando se desempeñaba como agente del Ministerio Público.
“Por los mismos hechos la entonces Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 01/2002 solicitando se iniciara un procedimiento administrativo de investigación y la integración de una averiguación previa en contra de Jorge Luis Llaven Abarca, por la comisión de los delitos de robo, lesiones, tortura, daño en propiedad ajena, allanamiento de domicilios, abuso de autoridad, así como por violar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Ambas recomendaciones fueron rechazadas por el gobierno en turno, protegiendo a los perpetradores, abonando a la impunidad”.
Como Fiscal de la FECDO, fue identificado como perpetrador en hechos de detenciones arbitrarias, amenazas, tortura y otras violaciones a derechos humanos, entre los hechos más conocidos se encuentran la detención y tortura de integrantes de La Otra Campaña de San Sebastián Bachajón, la detención y tortura a David Potenciano Torres y las amenazas de muerte a su familia por señalarlo como perpetrador de la tortura, así como la detención y tortura de Wilber Cortez Acosta, entre otros casos, se informó.
En el 2005 la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación CDH/007/2005, por la muerte bajo tortura de Luis Ignacio Lara Vidal, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la entonces Fiscalía General del Estado, entre los perpetradores se encuentra Jorge Luis Llaven Abarca. Por esta muerte se inició la averiguación previa 071/2005 ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos, la investigación arrojó que aparte de los agentes de la AEI que custodiaban al detenido, también estaban cuatro Fiscales del Ministerio Público entre ellos Jorge Luis Llaven Abarca.
A pesar de este historial, en agosto de 2011, fue designado Delegado de la PGR en el estado de Chiapas, dentro del contexto de la “guerra contra la delincuencia”, implementada por Felipe Calderon Hinojosa.
“Las organizaciones manifestamos que es necesaria una transformación profunda de las instancias de procuración de justicia en nuestro país, en Chiapas es urgente una fiscalía autónoma, así como un cambio de estructura y de funcionarios, los cuales están anquilosados en la corrupción y que actúan bajo el cobijo de la impunidad.
“El nombramiento de Llaven Abarca, coloca a un Fiscal comprometido con los grupos del poder político y del poder fáctico en Chiapas y envía una clara señal que su gobierno no sólo le apostará a la corrupción y a la impunidad sino a prácticas de represión y violaciones a derechos humanos, encubriendo a perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos”.
Con este nombramiento, se observa que existe una resistencia para implementar en Chiapas las reformas constitucionales en derechos humanos, la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como los instrumentos internacionales de derechos humanos, que como gobierno está obligado a cumplir y respetar, se informó.
“Lamentamos que en su lugar, se continúe con viejas prácticas y costumbres, que fomentan las violaciones a derechos humanos e incentivan que la tortura siga siendo una práctica generalizada y sistémica en Chiapas”.
