La Oficina en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU-MUJERES); la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en México, informaron este fin de semana que rechazan la reforma a la Constitución Política de Veracruz aprobada el viernes pasado, por el Congreso del Estado, a iniciativa de su Gobernador Javier Duarte, mediante la cual se garantiza el derecho a la vida desde el momento de la concepción.
Ya que las organizaciones asegura, la reforma aprobada compromete los derechos de las mujeres. Para ONU-MUJERES, ONU-DH y UNFPA, la restricción en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, ya sea por causas estructurales, legislativas, políticas o de cualquier otra índole, les afecta gravemente su vida, salud, educación e integridad; impacta su desarrollo y el de sus familias.
Al mismo tiempo incrementa la discriminación y el riesgo de violencia contra ellas, y conlleva graves consecuencias como el embarazo adolescente, los abortos clandestinos e insalubres y la mortalidad materna, aseveraron.
Asimismo, mencionan que la reforma aprobada supone una regresión, contraria al artículo primero de la Constitución y a los tratados internacionales ratificados por México, en el reconocimiento de los derechos humanos, puesto que podría contribuir a la estigmatización de las mujeres que quieran acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como provocar un efecto inhibitorio en los prestadores de dichos servicios.
En tanto, han calificado a la reforma constitucional de Veracruz como “particularmente reprobable”, considerando que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, desde sus Observaciones Finales en relación a México adoptadas en 2012, externó su preocupación por que “las enmiendas introducidas en las constituciones locales que protegen la vida desde el momento de la concepción hayan puesto en peligro el disfrute por la mujer de su salud y derechos sexuales y reproductivos”.
Así, el citado Comité expresó que su preocupación se mantenía “aun cuando esas enmiendas no hayan modificado los motivos jurídicos ya establecidos para practicar un aborto”.
