(18 de diciembre, 2014).- De nueva cuenta el gobierno mexicano ha sido objeto de justificadas exigencias para combatir el fenómeno de las desapariciones, en esta ocasión fue la encargada fue Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), quien además instó a la administración de Peña Nieto a no descalificar públicamente a quienes se encargan de defender los derechos humanos.
Durante la celebración del 22 aniversario de la Declaración sobre Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la ONU-DH pidió el Estado mexicano “asumir con emergencia y acelerar la implementación de las recomendaciones pendientes” para combatir la desaparición forzada, la cual “constituye un ultraje a la dignidad humana y su comisión afecta los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”.
Asimismo, pidió a la administración peñanietista que cumpla con su agenda, en la que se incluye emitir una ley referente a las desapariciones así como reconocer la figura declaración de ausencia por desaparición, además de combatir la impunidad.
Dicha agenda contiene también fortalecer servicios forenses independientes. “Lo anterior supone, además, que las propias autoridades respeten el derecho de las personas a defender los derechos humanos de las personas desaparecidas”, añadió.
El documento presentado por el gobierno mexicano incluye la protección de las víctimas y de los testigos de desaparición forzada , la “regulación apropiada del uso de la fuerza”, así como el surgimiento de un mecanismo a nivel nacional de búsqueda de personas desaparecidas, incluido un banco genético con el registro de los desaparecidos.
Por su parte, la ONU-DH recordó al gobierno que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se añadían a las “numerosas desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos humanos, que siguen afligiendo a muchas familias y se añaden a las desapariciones cometidas en la etapa de la así denominada ‘Guerra Sucia’”.
De igual forma manifestaron que el problema estaba situado en “esa combinación de condiciones inaceptables de debilidad institucional”.
