La mañana del 20 de noviembre, autoridades federales confirmaron la detención de José Socorro “N”, alias “L-12”, señalado como uno de los objetivos prioritarios por su presunta participación en homicidios y actos violentos en Tijuana. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el aseguramiento fue resultado de un trabajo de inteligencia coordinado entre la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Fiscalía General del Estado de Baja California.
De acuerdo con el reporte oficial, sobre “L-12” pesaban tres órdenes de aprehensión por homicidio, además de diversas indagatorias relacionadas con hechos que afectaron directamente la seguridad de comunidades de Baja California.
En dos acciones distintas en el estado de Sinaloa, fuerzas federales y autoridades estatales realizaron acciones que permitieron detener a generadores de violencia con impacto tanto en Tijuana, Baja California, como en diversas regiones de Sinaloa. Estos resultados forman parte… pic.twitter.com/QPgzDgubJu
— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 20, 2025
Operativo simultáneo en Navolato
Mientras se concretaba la detención en Tijuana, un segundo despliegue de autoridades se desarrolló en Navolato, Sinaloa, donde fueron detenidas 14 personas identificadas como generadoras de violencia en la región; tres son extranjeras. En esta acción se aseguraron 13 armas largas y una ametralladora, armamento que, según las autoridades, se evitó que fuera utilizado contra la población o las corporaciones de seguridad.
Este operativo estuvo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, en una intervención conjunta que permitió neutralizar a los presuntos agresores y asegurar el material bélico.
Resultados de una estrategia permanente
El secretario García Harfuch destacó que ambos resultados responden a un trabajo sostenido de coordinación federal y estatal.
“Estos resultados forman parte del esfuerzo permanente del Gobierno de México para impedir que grupos delictivos sigan afectando la seguridad de las comunidades.”
Las autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación para determinar vínculos entre los detenidos y mapear el alcance de las células delictivas involucradas, mientras los implicados quedan a disposición de las instancias correspondientes para el seguimiento judicial.
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