(25 de junio, 2016).- Alrededor de diez organizaciones defensoras de derechos humanos –integrantes de la Red por la Paz– expresaron su indignación por los operativos para reprimir al movimiento magisterial en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán.
En una carta pública, los organismos manifiestan su condena al gobierno federal por el uso de cuerpos policiacos en contra de maestros y sociedad civil que en las últimas semanas han expresado su rechazo a la reforma educativa aprobada en 2013.
“Se ha señalado reiteradamente que la reforma educativa impulsada por Enrique Peña Nieto, aprobada por el Congreso de la Unión y los Congresos de las entidades federativas, además de permitir la paulatina privatización de la educación pública, es una reforma laboral que rompe con el principio de estabilidad en el empleo y el derecho al sindicalismo”, da a conocer el documento.
A su vez, el texto afirma que las movilizaciones de protesta y rechazo que se han generado desde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han sido reprimidas mediante el uso excesivo de la fuerza pública, extendiéndose a pobladores solidarios o que sencillamente transitaban por el lugar donde se realizaban las manifestaciones.
Se asegura que tanto en Chiapas como Guerrero y Oaxaca, precisa, el conflicto ha derivado en asesinatos de docentes y civiles, así como en cientos de heridos y decenas de personas detenidas.
“En ese contexto, el riesgo de una escalada de violencia represiva e indiscriminada de parte del Estado en todas las entidades en donde se ha manifestado el movimiento magisterial con apoyo de sociedad civil (Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Michoacán, Guerrero, entre otros) es muy alto”.
El pueblo, cansado de agravios y muertos, “pudiera responder ya con violencia defensiva”, añade el escrito. Donde se puntualiza las diversas violaciones a derechos humanos y el recurrente clima de impunidad, las organizaciones hacen un llamado a la solidaridad nacional e internacional para que manifiesten, en escritos dirigidos al gobierno federal, su rechazo al excesivo uso de la fuerza en contra del movimiento magisterial y de la sociedad civil.
Asimismo, exigen a Enrique Peña Nieto un diálogo público y respetuoso que realmente atienda y presente soluciones a las demandas justas del gremio magisterial, y que cese de la represión y criminalización del movimiento magisterial.
