Este domingo 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto, por lo que en diversos puntos del país cientos de mujeres tomarán las calles para exigir que el aborto sea legal, seguro y accesible y la organización Mujeres Vivas y Libres ha creado una petición para exigir que el aborto sea eliminado del Código Penal.
Si bien la iniciativa reconoce que la Suprema Corte ya declaró inconstitucional criminalizar a mujeres y personas gestantes por abortar y que la mayoría de los estados ha avanzado en despenalizar el aborto bajo ciertos límites gestacionales, este derecho sigue tipificado como delito en todas las entidades.
Eso significa que la criminalización persiste: no sólo en los códigos, sino también en el miedo, el estigma y las barreras que enfrentan quienes deciden interrumpir un embarazo. Al final, el acceso depende de variables externas que pueden llenar de obstáculos el derecho a decidir.
Criminalizar también es violencia
En este sentido, diversas organizaciones y colectivas recuerdan este día que el aborto es un tema de salud pública y un derecho humano. La Organización Mundial de la Salud estima que hasta 13 por ciento de las muertes maternas en el mundo se deben a abortos inseguros.
Cada año se practican 19 millones de abortos inseguros y el 97 por ciento ocurren en países en vías de desarrollo, como México, por lo que la evidencia deja en claro que penalizar el aborto no lo evita, solo lo vuelve más peligroso.
Angie Contreras, portavoz de Mujeres Vivas, Mujeres Libres explica que un derecho no es un favor, ni un privilegio, ni un juego y mientras el aborto siga en el Código Penal y sea tratado como un delito, las mujeres que lo ejerzan (quienes accedan y quienes lo brinden) corren el riesgo de ser criminalizadas.
“Nuestro derecho a decidir queda a merced del azar: del juez que nos toque, del centro de salud al que tengamos acceso, del miedo del personal médico. Sacar el aborto del Código Penal es reconocerlo como lo que es: un derecho, con la certeza de que será respetado y garantizado.”
Persiste la penalización social
En este sentido, la organización reitera que no es solo un tema de procesos judiciales, sino que trascedente a la penalización social como perder un trabajo, ser rechazadas por la familia, ser exhibidas en medios o señaladas en la comunidad.
En la Ciudad de México, ejemplifican, el aborto es el único servicio de salud esencial considerado un delito y si bien han pasado casi 18 años desde que la capital se convirtió en la primera entidad federativa en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas, resaltan que quienes acceden o proveen el servicio siguen estando expuestas a investigaciones judiciales.
Como parte de la petición, se remite a una iniciativa presente en el Congreso de la CDMX, la cual busca reconocer el aborto como lo que es: un tema de salud pública, no un delito.
La organización explica que, al sacar el aborto del Código Penal, la decisión será tomada como cualquier otro servicio de salud: entre pacientes y personal médico, sin temor a represalias judiciales.
