La Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, Kalli Luz Marina y Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara (CESEM) han reconocido al Presidente Obrador por reabrir el caso de Ernestina Ascencio, agregando que desean que se garantice una investigación seria, profesional y efectiva.
A través de un comunicado, las mencionadas organizaciones fijaron su postura respecto a lo manifestado por Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México.
Igualmente expresaron su desconfianza por la investigación realizada por la Fiscalía General de Justicia de Veracruz tras el asesinato de la mujer indigena durante febrero del 2007.
“Durante la audiencia ocurrida el pasado 4 de diciembre ante la propia CIDH, presentamos los aspectos que debe incluir una solución adecuada en este caso, a fin de garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la no repetición, tanto para la señora Ernestina Ascencio, como para las mujeres indígenas de México”.
“Es por eso que damos la bienvenida al anuncio realizado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, en el sentido de que la postura adoptada en la mencionada audiencia no representa la posición del Estado Mexicano, sin dejar de manifestar preocupación porque durante la audiencia se haya presentado una postura a nombre del Estado, sin que fuera tal, lo cual constituye una falta grave ante la CIDH y ante las peticionarias. Por lo que solicitamos una aclaración sobre lo ocurrido y de ser el caso, se apliquen las medidas correctivas o sancionatorias que correspondan”, agregaron en su documento.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió que se violaron los derechos de la víctima, por lo que el pasado 4 de diciembre, México debió comparecer por el caso.
Es de recordar que el 25 de febrero del 2007, Asencio fue encontrada sin vida por su hija, la cual la halló en un monte donde la occisa llevaba a sus cabras a pastorear y que está cerca de un campamento militar en la comunidad de Tetlatzinga, Soledad, Veracruz.
“Los primeros hallazgos médicos evidenciaron la existencia de violencia sexual, lo que motivó el inicio de una investigación en la Agencia del Ministerio Público Especializada en delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y contra la familia en la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz (PGJ)”.
“Representantes del entonces gobierno de Veracruz, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), condenaron el crimen, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) manifestó públicamente que los agresores pertenecían a grupos que pretendían desprestigiar al ejército. Sin embargo, antes de que concluyeran las investigaciones, el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, adelantó la conclusión del caso, en el sentido de que la señora Ernestina murió de “gastritis crónica,” la cual fue secundada por la CNDH, la Sedena y la PGJ de Veracruz, dando lugar al cierre y archivo de la investigación”.
Tras la indignación popular y la presión de activistas y organizaciones han generado que el caso fuera llevado a la CIDH y retomado por la 4T.
