En la zona costera del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, se ubica El Coyul, una comunidad chontal en donde el trabajo, las tradiciones y la identidad giran alrededor de la naturaleza. Organizados en asambleas comunitarias, su población defiende la tierra, el mar y la vida, actos que han sido criminalizados por el Poder Judicial del Estado al mantener un proceso contra 21 integrantes de la Sociedad Agrícola Ganadera de El Coyul.
Para este jueves 30 de octubre estaba programada una nueva audiencia que forma parte de este proceso judicial por delitos de supuesto despojo agravado, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca informó que por Acuerdo General 9/2025, suspendía labores el 30 y 31 de octubre de 2025, lo que deja en incertidumbre a los defensores de la tierra.
Previo a la fecha, diversas organizaciones sociales exigieron el cierre definitivo del proceso y el respeto al derecho colectivo del pueblo de El Coyul a decidir sobre su territorio, pues en esta nueva etapa del proceso los defensores podrían ser sentenciados nuevamente.
Proyecto residencial Punta Faro detrás de las amenazas y el despojo
El Observatorio Memoria y Libertad ha dado difusión a la lucha de la comunidad indígena y señala que, durante más de 24 años, El Coyul ha enfrentado diversos intentos de despojo territorial mediante la falsificación de documentos, procesos jurídicos fabricados, hostigamiento y amenazas contra la libertad e integridad de sus habitantes.
Las y los acusados son integrantes de la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul, organización fundada en 1972 para la defensa de 1,452 hectáreas de territorio que incluye playas, manglares y selva de alto valor ecológico y cultural.
La comunidad ha denunciado enfrentar un intento sistemático de despojo impulsado por intereses económicos que buscan la lotificación ilegal de las playas de El Coyul para favorecer la construcción del proyecto turístico-inmobiliario “Punta Faro”.
En mayo de 2024, el juez Onasis Aureliano Díaz Morgan dictó una sentencia de 15 años de prisión, multas individuales de 90 mil pesos y un pago colectivo de 55 millones de pesos por reparación del daño contra las y los defensores, sin considerar pruebas de descargo ni la posesión legítima de la comunidad.
De acuerdo con información de medios locales y organizaciones sociales, principales responsables de la criminalización son identificados como parte del “Cártel del Despojo”.
Esta organización estaría integrada por Joel Ricardez López, quien se autonombró propietario de las tierras; Alfredo Manuel Mena Alonso, representante de la Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias Costa Istmo (UNECACI); y Rigoberto Cruz Cartas, presidente de una sociedad apócrifa creada para legitimar la apropiación del territorio.
Organizaciones exigen el fin del proceso judicial
A través de un posicionamiento, el Observatorio señala que entre las 21 personas defensoras del territorio se encuentran mujeres y personas de la tercera edad, quienes forman parte de las 221 familias que ya han sido desplazadas violentamente de fuentes de trabajo por personas armadas.
Con estos antecedentes, el Observatorio de Derechos Humanos Memoria y Libertad denuncia la instrumentalización del sistema jurídico como herramienta de criminalización contra las personas defensoras del territorio.
Además, señalan la colusión entre jueces, notarios y fiscales que facilita el avance de megaproyectos sobre tierras indígenas y el actuar de los individuos previamente señalados, violando abiertamente los derechos colectivos del pueblo Chontal reconocidos en el Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los estándares internacionales de derechos humanos establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas.
Finalmente, exigen a las autoridades del estado de Oaxaca, a las instituciones de derechos humanos nacionales y estatales, y a las autoridades judiciales que:
- Se revise inmediatamente las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio del pueblo Chontal de El Coyul.
- Al Juez Unitario de Enjuiciamiento Penal de Tehuantepec, Antonio Jiménez Carballo, juzgar este caso conforme a los principios constitucionales de pro persona, protección del territorio y tierra indígena.
- El cierre definitivo del proceso y el respeto al derecho colectivo del pueblo de El Coyul a decidir sobre su territorio.
