(14 de diciembre, 2015).- Los estados de San Luis Potosí y Zacatecas se unen a través de diversas organizaciones sociales y políticas que han nutrido de manera significativa la lucha en contra del basurero de desechos industriales y mineros tóxicos que pretende construir el empresario José Cerrillo Chowell.
La lucha en contra de este proyecto que atenta contra la flora y fauna de la región, así como con los mantos acuíferos inició hace tres meses con la participación de 20 comunidades rurales en los límites entre San Luis Potosí y Zacatecas.
A este objetivo se unieron Un comité de ciudadanos del municipio de Guadalcázar, encabezado por Ernesto Rodríguez de Ávila; Investigadores y académicos del Colegio de San Luis Potosí (Colsan), docentes y científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN); los representantes de la Pastoral Social de la región Matehuala-San Luis Potosí; de la Comisión de Derechos Humanos Samuel Ruiz García y de la Unión de los Pueblos Wixárika en Real de Catorce.
El acuerdo fue sumar fuerzas para poner fin a este proyecto solapado por autoridades encargadas de salvaguardar el medio ambiente como La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La Semarnat aprobó el proyecto el pasado 20 de junio. El tiradero que se pretende operar abarca un área de 600 hectáreas ubicadas dentro del rancho del empresario, quien justificó que la región esta “deshabitada” y que los residuos del tiradero no afectarán a nadie.
Se insistió en que el permiso emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es ilegal, pues jamás consultó a la población de las comunidades aledañas.
En nombre del grupo interdisciplinario del Colegio de San Luis Potosí, Francisco de la Peña planteó ante los campesinos y ganaderos: “Tenemos un profundo respeto por ustedes. Sabemos que enfrentarse al poder económico y político es muy difícil. Parece que nuestros representantes sólo escuchan a quienes tienen dinero”.
