(24 de noviembre, 2015 Revolución TRESPUNTOCERO).- Según organismos no gubernamentales, en México el abuso sexual infantil, erróneamente conocido como pedofilia, tiene como víctimas a menores con edades cada vez más tempranas. En los últimos años, según datos de estas organizaciones, niños de 10 años y de menos edades -hasta bebés- sufren este tipo de agresiones.
Según las cifras aportadas por la ONG Asexoria “en este país anualmente existen 25 mil denuncias de niños que han sido abusados sexualmente, enfatizando que basados en esos números, existen 70 diarios, que equivalen a tres cada hora”.
Por su parte Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), explica a Revolución TRESPUNTOCERO, que no existe información oficial y única sobre el número de casos, algunas veces solamente se puede hablar de referencias.
“El abuso sexual sería el concepto jurídico sobre el cual se puede tener ciertos datos, porque la pedofilia como tal no existe, ese es un concepto de carácter psiquiátrico y de utilizarlo se correría el riesgo de no poder responsabilizar a los culpables. Las normativas son abuso sexual y violación, en algunos estados todavía existe la figura estupro que serían como los actos libidinosos, que se traducen precisamente en una violación como tal.
Ese tipo de confusiones provocan que no sea fácil obtener cifras exactas e información integral; los datos le corresponde integrarlos o tener en una base de datos sobre este problema al sistema DIF cada estado, y al obtenerlos debe compartirlos con el DIF nacional, quien a su vez debería anexarlos dentro de los informes sobre maltrato infantil, pero lamentablemente existe un caos, porque en los sistemas policiacos, en decir en la judicial, también reciben las denuncias y algunas de ellas se procesan en tribunales superiores de cada entidad de manera distinta”, asegura Pérez García.
Así, asegura, que el triángulo denuncia – juicio – acciones asistenciales, no permiten que se dé a conocer de manera exacta el tipo de delito y se pierdan las cifras, esto aun cuando es obligación del gobierno y de las autoridades correspondientes, estudiar cada caso, para aportar información que se refleje en el número exacto de denuncias, cuántas han sido atendidas por los sistemas asistenciales y no llegaron a denuncia jurídica, cuántos de los que sí son denunciados tuvieron un rango de detención judicial o si hubo una intervención por parte de la autoridad, “lo anterior es de suma importancia, sin embargo está fragmentado y nadie presta atención”, dice Pérez García.
Asegura que este problema es otra de las grandes deudas que tiene el Estado mexicano en su conjunto con la niñez, porque la paradoja sigue existiendo, ya que los lugares de mayor protección, como lo deberían ser la familia, la escuela y las iglesias o espacios culturales, son los sitios donde más se violentan los derechos.
Ya que de los datos disponibles de REDIM, se calcula que ocho de cada 10 situaciones de abuso sexual infantil ocurren en el lugar de ‘protección’, por gente conocida. Otra de las características, es que se trata de personas que tienen una relación vertical o de poder con los niños y las niñas, ya sea un familiar directo, un maestro, un sacerdote.
“Es por ello que se debe tener presente que el abuso sexual sucede como una expresión de poder adulto, en una variante de la violencia física, la cual es la violencia sexual. A los niños se les considera propiedad privada de los adultos e inferiores.
En muchos casos los agresores amenazan a los niños para que no hablen, en muchos más no lo hacen porque saben que de todas maneras, aunque los niños los denuncien hay impunidad, la familia no les cree. O deciden protegerse de una ‘mancha familiar’, lo ‘dejan pasar’ para no verse afectados en temas económicos, o por miedo a la violencia social, hay muchos factores que van en contra, lo que también provoca que no exista una denuncia y una investigación, por ello no hay cifras exactas en México”, afirma Pérez García.
Lo anterior se traduce en impunidad, “la cual siempre alimenta a nuevos delitos, para poder frenar esta grave problemática se necesitaría que efectivamente se sancione a los agresores, lo cual se lograría a la hora de levantar el expediente de los ministerios públicos, de poner más atención en los casos y la manera en que se abordan.
Si se configuraran de manera apropiada, el juez podría fácilmente proceder en lo judicial teniendo los elementos necesarios para sancionar a los inculpados, sin embargo otro de los factores por los cuales no se denuncia es porque a la hora de intentar hacerlo, la autoridad revictimiza, particularmente a las adolescentes, acusándolas: ‘fue tu culpa por usar esa ropa’, ‘fue tu culpa porque fuiste a ese tipo de lugares’ y ‘tú lo provocaste’”, asevera Pérez García.
Lo anterior, dice, proviene de una cultura machista que impera en los ministerios públicos y otras dependencias que deberían ser las encargadas de proteger y no humillar, así es como se sigue pensando que los niños y las niñas son propiedad de los adultos y que una niña o una adolescente, así como una mujer adulta, es un objeto sexual, lo cual se traduce en matrimonios y/o embarazos tempranos.
Ya que derivado del abuso sexual, particularmente en comunidades rurales se ocultan a través de matrimonios tempranos, las familias llegan a un acuerdo para evitar la vergüenza pública y es así como se entrega la niña a su agresor. “Cuando en realidad lo que está pasando es un problema de trata de personas, porque se realiza la entrega de la menor de manera legal, a través de mecanismos legales, por eso es que era urgente lograr, lo que hoy es una realidad, la inclusión a la ley federal, donde el matrimonio infantil debe ser anulado, entonces si no cumple la mayoría de edad no se pueden casar”, puntualiza Pérez García.
“En México los menores son la parte de la sociedad mayormente olvidada, ‘como son menores no importan, como no generan ganancias no importan, así que como no son petróleo o acciones en la bolsa son invisibles, es por ello que casos como el de Mariana se repiten a diario en distintas partes de México y nadie los conoce. Ellos crecen y viven con las consecuencias y nunca nadie se entera”, afirma a este medio Rodolfo Ríos, Defensor de Derechos Humanos, quien estudia socialmente a comunidades rurales del norte del país.
Mariana cumplió hace cuatro meses 14 años, tiene dos hijos, fue víctima de una violación. Desde hace cinco años hablaba con frecuencia con su vecino de 18 años, pero el año pasado él la golpeó y abusó de ella. La madre de la menor no quiso llevarla a un médico porque aseguró que podrían culparlas a ellas de ‘andar provocando hombres’.
A consecuencia de aquel abuso sexual, ella dio a luz a gemelos, su familia vive de manera precaria en pobreza extrema, por lo cual uno de los bebés falleció a causa de desnutrición, ya que Mariana también presenta un cuadro de anemia, sin embargo la madre de la menor pensó que la única manera de solucionar aquel ‘problema’, era exigiendo al joven que se casara con su hija.
“No le quedó de otra, era eso o según ir a la cárcel, no querían que vieran mal en el pueblo a Mariana y ambos a la fuerza están juntos, la diferencia es que la menor vive una situación de trauma psicológico severo, esto es como las secuelas de la tortura, donde nadie nunca olvida y ahora ser condenado a vivir con tu agresor, es aún más grave.
Pero es la realidad de un México donde sus instituciones no están concentradas en la sociedad, a menos que estén cerca de donde se generan las ganancias económicas, estamos en un país donde existen políticas públicas cada que hay elecciones, o para clases empresariales, casos como ese abundan, la voluntad del Estado es nula, los resultados son suicidios, delincuencia, violencia al final de cuentas”, asegura Ríos.
