Ilustración: Pe Aguilar
(24 de octubre, 2014).- Enrique Peña Nieto ha insistido en su condena por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y una y otra vez señala que hace suyo el sentimiento de indignación de la sociedad por el caso, como si esa indignación, como la llama, no fuera producto de la pasividad que ha demostrado el gobierno para reintegrarle a los ciudadanos la seguridad y que, además, lleva al descubrimiento de la complicidad entre las autoridades y las mafias, todo ello debidamente sumergido en una corrupción que ha mostrado su rostro más dañino.
“Reconozco a las miles de personas que han unido su voz y expresado su sentir en un clima de respeto y civilidad, pero también como sociedad debemos rechazar aquellas actitudes violentas que atentan derechos de terceros y a las instituciones”, ha dicho el priista.
Sin duda que sus palabras tendrían un gran valor si fueran acompañadas de acciones que demuestren que no sólo se trata de hablar sobre unir la voz y expresar sentires, sino de actuar y hacerlo muy firmemente porque de nada sirve que personalmente refrende su confianza en las investigaciones si los agredidos, los padres de las víctimas no creen en ellas. Menos aún pueden considerar que su referencia a permitirse que “en muy poco tiempo realmente se de la aprehensión de aquellos que se ha identificado como autores materiales e intelectuales”, si, como se vio, se les permitió que se dieran a la fuga; si lo más importante, como también reconoce, es que se sepa del paradero de estos jóvenes, lo cual se ve cada vez más lejano y se pierden esperanzas de encontrarlos vivos.
Estas apariciones y declaraciones no han logrado disminuir las críticas en el extranjero y ahora, es el Parlamento Europeo el que ha expresado su condena por los hechos de violencia ocurridos en Iguala, Guerrero, y lanzó un llamado a la Unión Europea para que se refuerce su cooperación con México en Derechos Humanos. Este planteamiento recibió 495 votos a favor, 86 en contra y 50 abstenciones. Votaron 637 de los 751 diputados que conforman la “Euro-cámara”. Señalaron la existencia de 22 mil desaparecidos, de los cuales advierten que más de la mitad corresponden al presente mandato y que ya son 80 mil los asesinatos registrados entre 2004 y 2014, periodo al que se le suman 4 mil desapariciones.
Consideraron que las autoridades mexicanas no consiguen investigar, perseguir y sancionar adecuadamente a los delincuentes y que, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del 98 al 99 por ciento de los delitos quedan impunes, que la impunidad reinante de México es una de las razones del aumento de la violencia y de la criminalidad en el país a las cuales se suman las desigualdades sociales y la extrema pobreza de buena parte de la población. Mencionan también los feminicidios y hacen referencia a los casos de María del Rosario Fuentes Rubio, asesinada en Tamaulipas por denunciar las actividades de los cárteles en la Entidad; de Román Atilano, dirigente de agricultores que reclamaban indemnizaciones ante la inundación de sus tierras por la construcción de una presa en Sinaloa; el caso de los ejecutados en Tlatlaya, Estado de México; y obviamente los sucesos de Iguala, Guerrero.
De ahí que señale la inexistencia de un compromiso serio por parte del Estado mexicano para luchar contra la impunidad, al tiempo que hace las condenas de rigor a las desapariciones forzosas y a los asesinatos cometidos por el propio Estado o con su complicidad. Hacen hincapié en que las familias de secuestrados y asesinados deben tener acceso a la justicia y a recibir información completa en todas las etapas de la investigación. Destaca la urgente necesidad de desmantelar efectivamente todas las estructuras de cooperación entre autoridades y delincuencia organizada.
Así, al tiempo que solicita que exista mayor cooperación para México, también pide a todos los Estados Miembros de la Unión Europea que suspendan o aplacen las negociaciones sobre acuerdos de seguridad con México y que lo declaren como vía muerta para la cooperación en materia de armamento, hasta que se restablezca el Estado de derecho en todo el territorio mexicano y se logre el desmantelamiento de la delincuencia. Hay un gran mensaje cuando sostienen que los problemas recurrentes que aquejan a nuestro país sólo se podrán resolver si se vela por garantizar los mismos derechos a todos los ciudadanos y si se atajan los problemas vinculados al control de las tierras agrícolas fértiles y los recursos, al desempleo y la pobreza, a la lucha contra la corrupción, a las desigualdades sociales y a las discriminaciones.
Anteponen a cualquier otro tipo de reformas aquellas que son sociales, políticas y económicas que tiendan a garantizar libertades, respeto irrestricto a los Derechos Humanos y que den forma y certeza a un Estado realmente independiente y democrático.
