(24 de octubre, 2014).- El pasado lunes 20 de octubre, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, presentó una propuesta para crear lo que denominó como Sistema Nacional Anticorrupción. Por otro lado, al día siguiente el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, reconoció la propuesta del PAN y aseguró que su administración ya presentó, también, una propuesta al Congreso local para crear un órgano especializado para combatir al fenómeno de la corrupción.
Sin embargo, desde el anuncio de las propuestas se han vertido incontables críticas a la intención de este partido y del gobernador por su actos de corrupción, actos que no se han querido esclarecer y de los que tampoco se han querido proporcionar las facilidades necesarias para lograr la completa investigación y el castigo a los culpables.
Hugo Eric Flores, dirigente nacional del nuevo partido “Encuentro Social” ha señalado como contradictoria y falsa la propuesta del dirigente nacional del PAN pues, dijo, fue el mismo Partido Acción Nacional el que trató de evitar a toda costa la investigación y castigo del ex socio mayoritario de Oceanografía, Amado Yáñez Osuna, acusado por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además se han denunciado varias prácticas corruptas de los integrantes del PAN que no han sido investigadas y castigadas. A principio del año, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió un proceso para investigar al diputado federal, Luis Alberto Villarreal, por el delito de corrupción al solicitar sobornos a los presidentes municipales, para cambiar las asignaciones presupuestales a municipios de los estados de Nuevo León y Guanajuato.
La investigación no procedió pese a que había grabaciones que confirmaban este tipo de prácticas, y el diputado continuó como coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, hasta que un nuevo video presentado por Reporte Índigo lo ubicaba en una fiesta, con otros miembros de su partido, en la lujosa mansión Villa Balboa de la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.
Otro de los casos de corrupción, develados en este año, fue el de la construcción de la presa El Titanic en el rancho Pozo Nuevo, propiedad del actual gobernador de Sonora, Guillermo Padrés.
De acuerdo con información federal, la presa fue construida a finales de 2011 y principios de 2012, sin el título de concesión que otorga la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ni la autorización de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por parte de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Ante las investigaciones, se presume que la presa fue dinamitada durante el mes de septiembre del presente año, aprovechando que el huracán Odile golpeaba con fuerza al estado.
Por su parte, todo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha asegurado que respaldará la propuesta del PAN y el llamado de Enrique Peña Nieto para combatir a la corrupción de los distintos niveles de gobierno.
Cabe señalar, sin embargo, que el PRI tampoco ha abandonado sus métodos y sus actos de corrupción, pues los nuevos proyectos promovidos por el gobierno federal se han realizado bajo condiciones de opacidad.
El nuevo aeropuerto —anunciado por el gobierno federal, el pasado 3 de septiembre— ha nacido bajo condiciones de sospecha; no se han dado a conocer las características del proceso de elección del proyecto: qué despachos fueron los participantes, etcétera.
Además, en el proyecto de construcción del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro sólo una empresa constructora envió su propuesta –Constructora Teya-, mientras que 16 declinaron su participación.
La empresa constructora es una filial del Grupo Higa que pertenece a Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño también de Eolo Plus, compañía que le rentó helicópteros y aviones a Peña Nieto y al PRI durante la campaña presidencial de 2012. La propuesta enviada es 21 por ciento más cara de lo presupuestado, con un costo de 3 mil 800 millones de dólares.
