La administración de Enrique Peña Nieto se caracterizó por lograr niveles de corrupción superiores a los de los anteriores gobiernos priístas, exacerbando la opacidad y el cinismo por la acumulación y concentración de riqueza aprovechándose del poder y por ello varios personajes cercanos al ex mandatario federal han sido detenidos o acusados de corrupción, siendo el mexiquense la cabeza principal de un gobierno cuestionado y sobajado.
A dos años del fin de la administración del heredero del Grupo Atlacomulco, el ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, está detenido en Estados Unidos por nexos con el crimen organizado, la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, procesada en la Ciudad de México por su participación en “La Estafa Maestra”, así como Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), involucrado en el caso Odebrecht.
De la misma manera, han sido señalados de corrupción el ex secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, quien ha sido acusado de ser el principal responsable de los sobornos a los diputados federales para aprobar la reforma energética que permitió a la empresa brasileña realizar negocios en México.
A estos personajes también se suman el ex secretario de Energía, Pero Joaquín Codwell, quien se enriqueció con las reformas estructurales aprobadas en el gobierno pasado, de la misma manera que el acaecido ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), Gerardo Ruíz Esparza, por las irregularidades en el Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, que cobró la vida de dos personas.
Otros actores políticos que aprovecharon la bonanza de la corrupción peñanietista fueron los ex gobernadores de Chihuahua, César Duarte, también detenido en Estados Unidos por los desvíos millonarios en esa entidad, así como el ex mandatario de Veracruz, Javier Duarte, quien financió parte de la campaña presidencial del mexiquense y que desvió más de 60 mil millones de pesos de la administración estatal.
Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, también aprovechó esas condiciones para desviar de forma grosera recursos públicos para privatizar las playas del sureste mexicano, por lo que los gobernadores—principalmente aquellos que emanaron del denominado nuevo PRI—fueron caciques regionales que controlaron sus terruños sin aceptar algún dejo de crítica.
No obstante, todos estos personajes pudieron cometer todas esos hechos ilícitos en la administración pública con el contubernio del entonces presidente de México, quien evidentemente estaba informado sobre ello y que puede ser considerado como uno de los mandatarios más corruptos en la historia contemporánea del país, a la par de Miguel Alemán Valdés, Luis Echeverría, José López Portillo o Carlos Salinas de Gortari, por lo que la justicia que le falta a la nación es el procesamiento de quienes detentaron el poder y se aprovecharon de sus funciones para empobrecer más a la población y beneficiar a las élites.
