Natalia Antezana Bosques / @Natalia3_0
(19 de agosto, 2013).- “Señor Presidente: Le escribo para solicitar su urgente intervención, con el objetivo de asegurar la integridad física y los derechos humanos de por lo menos cuatro personas víctimas de desaparición forzada a manos de miembros de la Marina mexicana”, fueron las palabras con las que inicia su carta Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, dirigida al titular del ejecutivo federal, fechada el 19 de agosto.
Desde Londres llegó esta petición urgente, con copia al procurador General de la República (PGR), al secretario de la Marina, al secretario de Gobernación, al subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, a la subsecretaria de Gobernación de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y al subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos.
Se tiene conocimiento de 4 casos de desaparición forzada en los primeros ocho meses de gobierno de Peña Nieto y en todas ellas, los agentes de la Marina están involucrados.
“Como comandante en jefe de las fuerzas armadas, usted tiene la responsabilidad última de asegurar que las fuerzas bajo su mando no cometan violaciones de derechos humanos –como las desapariciones forzadas– y para garantizar que haya una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva para localizar a las víctimas con vida, esclarecer los hechos y llevar los responsables ante la justicia”.
El pasado 3 de agosto, miembros de la Marina extrajeron de su vehículo a Armando Humberto del Bosque Villarreal y lo subieron a un vehículo militar. Esta acción se llevó a cabo frente a dos policías municipales y varios testigos oculares.
El padre de Armando acudió a la base de marinos en Colombia, Nuevo León, donde le avisaron que su hijo se encontraba detenido y que en breve le darían más información al respecto. Sesenta minutos después le avisaron que en aquella base no se encontraba Armando y que jamás había sido arrestado por ningún marino.
Hasta la fecha no se conoce su paradero, y a pesar de la denuncia interpuesta en la PGR no se ha llevado a cabo una investigación efectiva.
“Desde su toma de posesión en diciembre de 2012, usted ha reiterado varias veces su compromiso de no tolerar las violaciones de derechos humanos por las fuerzas de seguridad, lo cual contrasta con la actuación de la administración pasada. Considero que estos nuevos casos en Nuevo Laredo ponen en duda la seriedad de ese compromiso”, insiste Shetty, en la carta dirigida a Peña.
En un retén de la zona sur de Nuevo Laredo, el pasado 30 de julio fue detenido Raúl David Álvarez Gutiérrez. Testigos oculares, incluyendo a un conocido de Raúl, advirtieron a la familia que marinos habían subido al joven, que apenas tiene 17 años, a un vehículo de la Marina.
Como en el caso previamente relatado, la Marina niega haber detenido a Raúl y en la PGR, al principio, se negaron a recibir una denuncia, puesto que no presentaron a los testigos, ya que éstos temían represalias.
El secretario General de Amnistía Internacional recordó a Peña Nieto que en la pasada administración se le escribió a Calderón pidiéndole que fueran garantizados los derechos humanos en México y solicitando una acción inmediata sobre las desapariciones forzadas de seis personas en manos de la Marina.
“El gobierno nunca tomó las medidas necesarias para localizar las personas desaparecidas o llevar ante la justicia a los responsables. Las víctimas, que incluyen a los familiares, siguen sin justicia, verdad o reparaciones. La falta de respuesta adecuada ante los reclamos de las familias y de Amnistía Internacional en este caso es emblemática de un gobierno que pasó por alto sus obligaciones en materia de derechos humanos”.
Un familiar de José de Jesús Martínez Chigo y Diana Laura Hernández Acosta fue testigo de cómo éstos fueron detenidos en un retén de la Marina en Nuevo Laredo el 29 de julio a las 2 y media de la mañana. Siguió al vehículo de la Marina donde se encontraban los dos jóvenes de 17 años recién detenidos y pudo observar el momento en el que dicho vehículo ingresó a la Ciudad Deportiva, que funciona como campamento de los marinos en Nuevo Laredo.
Las autoridades navales se negaron a proporcionar información a las familias de las víctimas cuando éstas preguntaron a las autoridades navales. Ya se ha presentado una denuncia ante la PGR con testigos oculares que corroboran la participación de los marinos. No obstante, las denuncias no han llevado a una investigación significativa.
“En varios momentos durante el primer año de su administración, usted –Peña Nieto-, ha asumido públicamente compromisos ante familiares de personas desaparecidas; […] que su administración no tolera las desapariciones forzadas, que se reforzará el marco legal para combatir este delito, que garantizará la búsqueda efectiva y rápida de las personas reportadas como desaparecidas (sea por delincuentes o funcionarios del estado) y que los militares acusados de cometer violaciones de derechos humanos rendirán cuentas ante la justicia civil por medio de investigaciones efectivas. Una acción decisiva en estos casos demostraría que esas palabras no son vanas promesas”.
