A pesar que se han presentado decenas de casos de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Función Pública (SFP) poco ha hecho para investigarlos y sancionar a los responsables, como ocurre con las millonarias cifras en dólares que la empresa brasileña Odebrecht dio a la campaña del ahora Titular del Ejecutivo Federal, coincidieron los diputados Araceli Damián, Rogerio Castro y Alicia Barrientos.
Lo anterior ocurrió durante la comparecencia de la Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, ante las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y de Transparencia y Anticorrupción, con motivo de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, que se llevó a cabo en el Recinto Legislativo de San Lázaro.
Ahí, los legisladores federales de Morena también cuestionaron los nulos resultados de la SFP sobre el espionaje a periodistas y activistas de derechos humanos a través del software Pegasus; la denuncia contra Rosario Brindis, exfuncionaria de Pemex acusada de tráfico de influencias; las omisiones del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) en la empresa Oceanografía, e incluso el destino de los donativos de varios países a los damnificados de los sismos de septiembre, entre otros temas.
En su oportunidad, la diputada Araceli Damián dijo a la funcionaria que, como parte de sus atribuciones, está obligada a investigar actos de cohecho y corrupción, por lo que debería llegar hasta las últimas consecuencias en el caso Odebrecht, luego de que se dio a conocer que el consorcio extranjero apoyó la campaña presidencial de Peña Nieto.
“Secretaria, tiene usted un discurso contradictorio y desalentador. Dice que se ha hecho todo para evitar un caso como el de Odebrecht para que no se vuelva a repetir, pero al mismo tiempo afirma que no encuentra nada de corrupción en los contratos de esa empresa con la administración pública federal”, le espetó.
En ese contexto, invitó a Arely Gómez a retomar las investigaciones en casos como “Casa Blanca”; la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; los bonos millonarios que se otorgan líderes del PRI, o los contratos que el Gobierno Federal asigna a empresas vinculadas al Grupo Atlacomulco.
“Hay un sinfín de irregularidades que están a la luz. En el portal de Compranet de esa dependencia, por ejemplo, hay un grupo muy reducido de empresarios mexiquenses que han concentrado una cantidad de contratos con el Gobierno Federal y que vienen trabajando con Peña Nieto desde el Estado de México”, señaló.
Por su parte, el diputado Rogerio Castro cuestionó a la Titular de la SFP sobre el rumbo de las investigaciones del caso de corrupción de la empresa Odebrecht, en el que están involucrados servidores y exservidores públicos, ya que dicha dependencia no ha informado sobre éstas ni tampoco rescindido contratos con la brasileña.
“Odebrecht es un caso emblemático de corrupción en América Latina. Y mientras en otros países hay funcionarios que tienen la dignidad hasta de renunciar y están siendo investigados y otros en la cárcel, en México abunda no la dignidad entre estos servidores implicados, sino el cinismo”, aseguró el también Presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.
Comentó que a pesar de que Morena solicitó a la SFP un informe detallado al respecto, la respuesta de esa dependencia fue limitada, pues ni siquiera entregó la lista de los contratos otorgados al consorcio extranjero, lo cual podría deberse a un encubrimiento al Gobierno Federal y al exdirector general de PEMEX, Emilio Lozoya Austin.
“¿No cree, Secretaria, que es un conflicto de interés que usted siendo un cuadro importante del PRI, esté investigando a funcionarios implicados en este tema, precisamente de ese partido?”, reclamó el legislador federal por Yucatán.
En otro orden de ideas, aseveró que en el caso de Oceanografía, el SAE –organismo descentralizado responsable de administrar la empresa después del fraude– ha cometido diversas irregularidades, como no entregar las aportaciones de los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), u omitir el pago de impuestos.
“¿Cuál sería la responsabilidad del SAE en este caso, si hay evidentes desvíos de recursos e irregularidades en los procedimientos llevados a cabo por este ente que pertenece a la administración pública federal?”, inquirió.
A su vez, la diputada Alicia Barrientos destacó que en febrero pasado Morena presentó ante la SFP una denuncia contra Rosario Brindis Álvarez, en ese entonces Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de PEMEX, por ayudar a la empresa en la que trabaja su esposo, Alberto Ríos Treviño, a obtener un contrato superior a los 567 millones de pesos.
“Aunque la funcionaria ya fue separada del cargo, la investigación sobre tráfico de influencias, ejercicio indebido de funciones y conflicto de interés debe continuar. Cuál es el avance de éste, ya que al presentar la denuncia se adjudicaron diversos documentos que comprueban la modificación de la licitación para que se favoreciera con el contrato 648225-826 a la empresa Delta Al Muhitat Shipping de México”, inquirió.
Sobre la emergencia nacional originada por los sismos de septiembre, la integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación comentó que ésta significó la solidaridad y entrega de donativos por parte de varios países y personalidades de todo el mundo.
Sin embargo, añadió, se desconoce la cifra oficial de los donativos entregados al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANOBRAS), cuyo titular es Virgilio Andrade, exsecretario de la Función Pública, quien exoneró al Presidente Enrique Peña Nieto sobre el caso de la “Casa Blanca”.
“¿Cuál es la vigilancia establecida por la Secretaría de la Función Pública sobre los procedimientos de control de la entrega de los recursos a los damnificados de los sismos? Toda vez que no existe certeza ni confianza de éstos”, concluyó.
