(11 de noviembre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- En la madrugada del 13 de mayo de 2012, el Ejército y la Policía Federal hallaron 49 personas cruelmente asesinadas sobre la carretera libre Monterrey-Reynosa, en Cadereyta, Nuevo León.
Entre las víctimas se encuentran 13 personas migrantes centroamericanas. Cinco años más tarde, el pasado 31 de octubre de 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación No. 8VG/2017 sobre “La investigación de violaciones graves a los derechos humanos, a la seguridad ciudadana y de acceso a la justicia en su modalidad de procuración, en agravio de las 49 personas halladas sin vida en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.”
El Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras (COFAMICENH), conformado por las víctimas de la masacre, y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho A.C. (FJEDD), luego de una cuidadosa lectura del documento, saludaron la recomendación emitida por la CNDH como una respuesta obligada a la lucha de justicia y verdad por parte de las y los familiares de las víctimas de la masacre, “después de tantos años de indolencia por parte del Estado mexicano ante el sufrimiento provocado por la crueldad que representan estos hechos”, se informó.
En la recomendación -dirigida a los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), al Gobernador de Nuevo León y al Gobernador de Tamaulipas-, la CNDH declaró la violación al derecho de seguridad ciudadana a causa del riesgo real e inmediato para la población migrante que transitaba por México que existía a partir del contexto latente de violencia focalizado en las personas migrantes.
Estas condiciones y la falta de actuación efectiva por parte de las autoridades permitieron que ocurriera la masacre de Cadereyta en mayo de 2012. De igual forma, la CNDH señaló que la PGR y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León (PGJNL) violaron el derecho de acceso a la justicia, pues obstaculizaron las investigaciones a causa de las diversas irregularidades y deficiencias en la integración de las averiguaciones previas y por la falta de la debida diligencia en la investigación de los hechos.
Además, dichas instituciones vulneraron el derecho de acceso a la justicia a las y los familiares de las víctimas, al no reconocer su calidad de víctimas y el nombramiento de representantes y por impedir la participación de las y los familiares de las víctimas dentro de las investigaciones penales durante años, ha indicado la organización.
Una vez más, indica, la CNDH ha reconocido las fuertes deficiencias de los servicios periciales del país, puesto que las diligencias practicadas a los cuerpos y en la zona del hallazgo, por parte de servidores públicos estatales y federales estuvieron llenas de omisiones e irregularidades, estas violaciones provocaron la pérdida de indicios clave para el esclarecimiento de los hechos y la identificación oportuna de las víctimas.
También se consideró consideró que el Gobierno de Nuevo León vulneró el derecho a la honra y la dignidad de las víctimas al asegurar que los hechos se trataban de un ajuste de cuentas entre autoridades sin ningún sustento en la investigación.
Doce son los puntos recomendatorios a la PGR, once al gobernador de Nuevo León y cinco al gobernador de Tamaulipas. De acuerdo con la Ley, los tres funcionarios tienen hasta el 21 de noviembre para manifestar si aceptan dichas recomendaciones.
Se le recomendó a la PGR realizar un peritaje en reparación integral del daño en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); garantizar la participación de las y los familiares de las víctimas en las investigaciones; atraer la investigación del caso que lleva la PGJNL para unificar las investigaciones sobre el caso; establecer un mecanismo de coordinación entre la Unidad de Migrantes de la PGR -que actualmente conduce el caso-, y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y apoyar en las denuncias y quejas contra los servidores públicos responsables de las violaciones señaladas.
Asimismo recomienda al Gobierno del Estado de Nuevo León ofrecer disculpas públicas por las declaraciones infundadas de dicho gobierno, que en 2012 aseguró que los hechos constituían un ajuste de cuentas entre grupos delictivos.
Ante las irregularidades e insuficiencias que presenta la investigación de la masacre de Cadereyta, se hizo un llamado urgente a la Unidad de Migrantes para que investigue con la mayor debida diligencia a más de cinco años de la masacre y para que diseñe un plan de investigación con la participación de las y los familiares de las víctimas “lo antes posible a fin de esclarecer los hechos de tanta crueldad”.
“Después de las masacres de San Fernando, en 2010 y 2011, las autoridades hicieron caso omiso, como si se tratara de cualquier cosa fingieron demencia, ahora podríamos intuir con el estudio realizado porque prefirieron no investigar. Pero al dejar pasar semejante crimen de lesa humanidad, le abrieron las puertas a la brutal masacre de los 49.
Como nunca antes, en aquel mayo de 2012 se encontraron 49 torsos al borde de la carretera en Cadereyta, Nuevo León. Nuevamente en la ruta migrante. Pero lo complejo, dejando de lado la brutalidad, es que por aquel entonces y ahora mismo también había muchos retenes de Marina y Ejército, manejabas un tramo y había uno, no lo habías pasado bien y encontrabas otro. Y no se dieron cuenta en el momento que los transportaron y mucho menos cuando los fueron colocando de manera terrorífica por todo el tramo carretero.
Una situación que vale la pena analizar. Es decir, a qué salieron los marinos y los soldados a las calles. A matar civiles y a solapar delincuentes. Aquellos años la violencia del narco imperaba y eran los dueños del país, principalmente de las zonas del norte. Se caracterizaban por ser sanguinarios, la estúpida estrategia de Calderón tenía que precisamente evitar aquellas masacres.
No lo hacía porque lejos de llegar la seguridad, justicia y protección del ciudadano, llegó la colusión con narcotraficantes y ante distintos hechos parece que no solamente era un narco Estado, ahora también era ejercito narco o fuerzas armadas al servicio del narco, esos eran y son los resultados de Calderón y ahora con Peña Nieto”, señala a Revolución TRESPUNTOCERO, el defensor de Derechos Humanos, Alejandro Salgado.
Quien a su vez señala que la recomendación de la CNDH no es suficiente, “se debería de juzgar al que fue el comandante supremo de las fuerzas armadas, aquel al que no solamente le quedó grande la casaca de militar, sino también su plan de combate al narco, hablo de Calderón”.
Se ha indicado que de los 49 restos (42 hombres y 7 mujeres) se han identificado únicamente 13 de ellos. De nacionalidad hondureña, mexicana, costarricense. Más adelante, se corroboró la identidad de ocho personas hondureñas realizada por la Comisión Forense donde participa el Equipo Argentino de Antropología Forense y peritos de PGR así como 11 organizaciones de la sociedad civil. En Julio de 2014 estos cuerpos fueron entregados a sus familiares en Honduras.
“Las masacres de Calderón y las de Peña Nieto demuestras a diario que las fuerzas armadas salieron a las calles a doblegar a un pueblo y a usar al mismo tiempo al narco para atemorizar a cualquiera. Porque esa es la principal característica de la derecha en el país: Hostigamiento, amenazas, amedrentamiento y muerte brutal”, indica.
