(13 de noviembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Nuevamente las acciones del Ejecutivo federal ponen en tela de juicio el enarbolado discurso en materia de género, pues en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 que envió a la Cámara de Diputados, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), propone asignar 236 millones 143 mil pesos a la operación de los refugios y centros de atención para mujeres que son víctimas de violencia, lo que implica una reducción de más de 14 millones.
La directora general de la Red Nacional de Refugios (RNR), Wendy Figueroa Morales, explicó que a través de un diagnóstico que realizó esta dependencia, para que operen de forma adecuada los refugios y centros de atención externa, requieren 370 millones 720 mil 200 pesos. Este monto alcanzaría a cubrir las necesidades reales y efectivas de mujeres, niñas y niños que llegan a la red huyendo de las agresiones físicas y psicológicas de que son objeto.
Figueroa Morales sostuvo que los recursos asignados para el ejercicio presupuestal de este año –que ascienden a 250 millones de pesos- fueron insuficientes, pues hubo rubros en los que se dejaron de cumplir las metas prospectadas.
Por ejemplo, con la disminución, en 50%, de los recursos destinados a la capacitación y profesionalización del personal, “se disminuyeron las capacitaciones que se brindan a las mujeres víctimas de violencia, para que se empoderen económicamente”.
Aunado a esto, el presupuesto todavía en ejecución, se quedó corto al dejar de cubrir erogaciones relacionadas al mantenimiento y equipamiento de los refugios, incluida la sustitución de su equipo de transporte, recurso indispensable para el traslado de las mujeres que son víctimas de violencia, a pesar de que en los refugios, se incrementó el número de víctimas de este tipo de agresión en 40%.
“Mientras no haya leyes que efectivamente lleven a las mujeres al acceso de la justicia, los refugios son indispensables”, declaró Figueroa tras argumentar que de 2010 a 2014, en la Red se atendieron a 19 mil 340 mujeres, niñas y niños, víctimas de agresiones.
Obviar la ley…
A pesar de que, en el artículo 10 del Capítulo IV de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Belem do Para”, se establece que los Estados Partes –entre los que se encuentra México- están obligados a adoptar medidas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y asistirlas, el mexicano no ha asumido este compromiso.
A nivel nacional, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el artículo 54, Capítulo V, establece que los refugios están dirigidos a velar por la seguridad de las mujeres que se encuentren en ellos, proporcionarles la atención necesaria para su recuperación física y psicológica, darles información sobre las instituciones encargadas de prestarles asesoría jurídica gratuita, así como contar con personal debidamente capacitado en la materia para proveer de esta atención.
En su propuesta económica, el Ejecutivo obvió ambas disposiciones.
El artículo 56 de la misma ley señala que los refugios deben prestar servicios –a las mujeres y niños víctimas de agresiones- como: hospedaje, alimentación, vestido y calzado, servicio médico, asesoría jurídica, apoyo psicológico, programas reeducativos integrales, a fin de que logren estar en condiciones de participar plenamente en la vida pública social y privada; capacitación y bolsa de trabajo para que se puedan reincorporar a una actividad laboral remunerada.
“El Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2016 que presentó el Ejecutivo Federal el pasado 9 de septiembre, representa un grave riesgo para la operación y funcionamiento de los refugios y centros de atención externa en todo el país”, sostiene un punto de acuerdo presentado por las senadoras Angélica de la Peña y Martha Tagle, a través del que solicitaron a la Cámara de Diputados, no recortar presupuesto a estos centros.
Las legisladoras argumentaron que la violencia contra las mujeres constituye una violación grave a los derechos humanos que afecta sus libertades fundamentales e impide el pleno desarrollo de sus garantías, además de constituirse como un obstáculo no solo para el logro de la igualdad, sino también para el desarrollo de la paz.
“La violencia hacia las mujeres ha ido en aumento en los últimos años y se genera en todos los ámbitos de la sociedad. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del año 2011, se registró que de un total 24 millones 566 mil 381 mujeres casadas o unidas de más de 15 años, 11 millones 18 mil 417, han sufrido algún episodio de maltrato o agresión en el transcurso de su vida conyugal, cifra reveladora de un alto índice de violencia de género, al representar cerca de la mitad de las entrevistadas”, se puede leer en el texto.
