(15 de enero, 2014).- Hace menos de una semana, desde el balcón del palacio de Liévano, Gustavo Petro aseguró que esperaba que la justicia se pusiera del lado de las multitudes. El lunes 13, y por unas horas, parecía que sus esperanzas estaban agotadas y que no habría marcha atrás en su destitución. No obstante, el apoyo multitudinario que recibió este alcalde colombiano rindió frutos, Petro vuelve.
Hace poco más de un mes, el 9 de diciembre del año pasado, la Procuraduría General de la Nación decidió destituir al alcalde de Bogotá por su aparente mala gestión en la crisis de las basuras desatada en dicha ciudad un año antes, en 2012, cuando se devolvió al Estado el servicio de limpieza que estaba en manos privadas.
Las protestas no se hicieron esperar. Apenas 5 días después, decenas de miles de personas se reunían en la Plaza de Bolívar en la ciudad capital para apoyar a su alcalde y rechazar la decisión del procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez –el mismo que mencionó que las manifestaciones eran un desafío a la institucionalidad y constituían la falta más grave de Petro.
“Falta gravísima” fue el término usado para inhabilitar al alcalde de la capital colombiana. De acuerdo con el titular de Procuraduría, Petro vulneró principios constitucionales de libre empresa y competencia. Además fue responsabilizado por los tres días que la ciudad estuvo regada de bolsas de basura y por haberse dejado de recoger entre 6 mil y 9 mil toneladas de desechos.
Para Petro, lo que estaba en juego eran “la esencia y el alma de la democracia misma […] y los derechos políticos que son el corazón de los derechos humanos en Colombia”. Quizá éfue la razón por la que el día de hoy el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió el fallo emitido por la Procuraduría.
El magistrado José María Armenta aceptó los argumentos presentados por el agente oficioso de Gustavo Petro, José Gotardo Pérez Soto, a finales del año pasado. La suspensión del fallo es provisional hasta que se adopte una decisión de fondo, que podría presentarse la siguiente semana.
Por tanto, también se pidió al presidente de la República Juan Manuel Santos se abstenga de darle cumplimiento a la decisión administrativa disciplinaria sancionatoria impuesta por la Procuraduría.
Apenas el lunes, la Procuraduría había ratificado la destitución del alcalde. El procurador incluso había prohibido al funcionario ejercer cargos públicos por 15 años. Todo esto debía ejecutarlo el presidente, de ahí que el Tribunal hiciera la petición anteriormente mencionada.
Gustavo Petro fue elegido alcalde en los comicios de 2011 como candidato del Movimiento Progresista. Ex guerrillero del M-19 –el movimiento insurgente colombiano que nació después del fraude electoral en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970–, también ejerció como senador cuando, en 1990, pactaron la dejación de armas.
La manifestación más grande que convocó el alcalde fue el 10 de enero pasado. De acuerdo con Telesur, más de 100 mil personas apoyaron la movilización pacífica. “Hoy les demostramos la contundencia y la fuerza inmensa de este movimiento ciudadano. Hoy les demostramos que aquí vamos en serio, que aquí no estamos jugando, que la decisión que el pueblo de Bogotá ha tomado se respeta, que el voto popular se respeta”, afirmó Petro.
