(23 de febrero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Nino Colman Hoyos Henao, fue detenido en calles del Distrito Federal el día 11 de agosto de 2009, aproximadamente a las cuatro de la tarde, al ir con rumbo a su centro de trabajo fue interceptado por dos agentes de la Policía de Investigación del Distrito Federal; uno de ellos, aún sin identificarse como autoridad, le mostró por segundos una hoja y le dijo que estaba detenido.
Inmediatamente después lo subieron al menos tres personas en la parte trasera de un automóvil sin logo o registro institucional alguno. Durante el trayecto, antes de ser trasladado a la Fiscalía Especial de Fuerza Antisecuestro de la PGJ (FAS), se detuvieron en la glorieta del Ángel de la Independencia con dirección hacia el norte de la ciudad y lo esposaron.
La persona que iba con él en la parte trasera del vehículo, lo inclinó y metió la cabeza de éste debajo de su pierna. Enseguida, Nino Colman fue amenazado de muerte en caso de que no confesara un delito del cual aún no tenía conocimiento. Al llegar a la FAS, lo trasladaron esposado y con la cabeza cubierta con una chamarra, en una postura inclinada y caminando rápido.
Lo ingresaron a las oficinas de la Policía de Investigación y allí continuaron con las amenazas y preguntas relacionadas con la víctima del delito, una presunta secuestrada. Lo continuaron torturando mediante puñetazos en la cabeza y en el cuello, además de lastimar su pecho en distintas ocasiones. Lo agredieron psicológicamente, tapándole la cara con plásticos y diciéndole que si no confesaba, le cortarían los dedos a él y a su madre, lo tiraron en el suelo y siguieron golpeándolo al grado de dejarlo inmovilizado de dolor, comenta al medio Francia Henao Agudelo, madre de Nino Colman.
Posteriormente fue llevado a la entonces 50ª Agencia del Ministerio Público (MP) para que un médico revisara su estado físico. Y fue hasta las 20:38 horas que fue puesto a disposición del agente del MP. Ya estando a disposición del MP, se pudieron apreciar algunas irregularidades, como el hecho de haber omitido entregarle un recibo de los objetos que le fueron encontrados al ser detenido; o también el hecho que las actuaciones ministeriales se practicaron en el sistema procesador de textos Microsoft Word, sin que existiera impedimento para utilizar el programa del Sistema de Averiguación Previa (SAP) el cual tienen el deber de utilizar.
“A las dos de la mañana me avisaron que mi hijo se encontraba detenido, a mí me consta la tortura porque lo vi, lo vi tirado en el suelo inmovilizado de dolor, él me dijo “madre ya no soy capaz de moverme”, recordó entre lágrimas la señora Francia.
Días más tarde, el 13 de agosto de 2009 se le decretó arraigo por un periodo de 30 días. El 28 de agosto de 2009, el agente del MP ejerció acción penal en contra de Nino Hoyos, por el delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro y solicitó a la autoridad judicial el libramiento de la orden de aprehensión, la cual fue dada y cumplimentada el 7 de septiembre de 2009, por lo que el agraviado fue trasladado al reclusorio Varonil Oriente.
Nino Colman fue sujeto a proceso y sentenciado por el delito de secuestro agravado, imponiéndole una pena de 60 años de prisión. Aun cuando sufrió torturas durante su detención y fue víctima de una defensa inadecuada por parte de la defensoría pública de oficio, lo cual trascendió al fallo que lo condenó a 60 años de prisión; también hubieron diligencias que se quedaron sin desahogar.
Pese a que Nino intentó en varias ocasiones presentar oficios para su propia defensa, los mismos fueron desechados en razón que ya se había decretado el cierre de la etapa de instrucción con el consentimiento de la propia defensora de oficio. La sentencia condenatoria fue confirmada por el tribunal de apelación. Actualmente Nino Colman se encuentra en reclusión, según información de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), obtenida por Revolución TRESPUNTOCERO.
“Yo viví en carne propia lo que se siente ver a un hijo destrozado por la tortura. A Nino lo encadenaron de las manos cuando lo arraigaron, además de toda la violencia descrita, si eso no es tortura entonces cómo se le llama a eso. Fue tortura, yo lo vi, y por eso todos los días de mi vida lo voy a recordar. El gobierno debería de crea una ley donde en forma contundente se elimine la tortura porque las autoridades actúan para inculpar por medio de la tortura”, afirma Francia.
Este mes, a 7 años de presión de Nino Colman, el pasado 10 de febrero, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, concluyó que en ese caso, el detenido sí fue víctima de tortura, sin embargo la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) es quien no ha valorado adecuadamente las pruebas que acreditan la tortura, por lo que le ordena consignar ante el poder judicial local, de manera inmediata, a los agentes policiales responsables de la tortura cometida en contra de la víctima.
“La Recomendación 2/2013 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, reconoce que Nino Colman fue víctima de tortura durante su detención. Sin embargo, la PGJDF se ha empeñado en dejar en la impunidad a los servidores públicos acusados de los actos de tortura.
Hasta ahora la Procuraduría capitalina ha intentado concluir la investigación del caso argumentando falsamente en cuatro ocasiones que no existen elementos probatorios para consignar a los agentes policiacos, fallando en sus obligaciones de administración y procuración de justicia, faltando a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos que como institución de seguridad pública está obligada de acuerdo a la Constitución”, expone la CMDPDH.
Dicha sentencia, señala la CMDPDH, resulta trascendental ya que reconoce la falta de imparcialidad por parte de la PGJDF para valorar las pruebas existentes que constatan que policías judiciales cometieron actos de tortura en contra de Nino Colman, por lo que determina que sea un juez penal quien realice la valoración de las pruebas, pues sólo “de esa manera se podrá garantizar al peticionario del amparo que el análisis y apreciación del valor de convicción de las pruebas que constan, se realizará desde una postura imparcial”.
La PGJDF cuenta con tres días hábiles para cumplir con la resolución del Octavo Tribunal Colegiado, o bien solicitar una prórroga de hasta 5 días hábiles, tiempo máximo en el que tendrá que cumplir la sentencia.
“Para nadie es un descubrimiento enterarse que México fabrica culpables, delincuentes, cabezas de Cárteles y secuestradores, todo ello bajo cruentos métodos de tortura que dejan secuelas físicas y psicológicas, por las cuales deberían de estarse creando programas para resarcir los daños a los afectados y al mismo tiempo brindarles cualquier tipo de ayuda necesaria para superar los hechos.
Crear programas o políticas públicas para ayudar a víctimas de tortura es aceptar que existe tal y aunque lo visual y testimonial no deja espacio a la duda, el burdo plan del gobierno es negarlo siempre, por lo que las personas que han tenido estos tratos inhumanos enfrentan solas un problema que jamás logran superar, por el contrario se revictimizan así mismas”, s
A su vez comenta que el caso de Nino demuestra cómo las policías y las Fuerzas Armadas han llegado a obtener tal protección y poder que no importa si una persona ve a su familiar con signos evidentes de tortura, el médico legista, los elementos de seguridad y el juez siempre lo negarán y lograr que esto cambié será una larga lucha, que debe comenzar con la denuncia.
“Vivimos un nivel catastrófico de tortura pero hemos aprendido a callar, mientras no le pase a mi cercano, no me pase a mí, cuando se debería formar una unión tan grande, que todos seamos testigos para denunciar estos hechos. De los más complicados enemigos a vencer está el miedo a demandar, sin embargo de hacerlos miles en conjunto el sistema colapsaría y todos esos casos al salir a la luz dejarían de lado el anonimato y la cifra negra revelaría el alcance de la violencia por parte de los encargados de proveer justicia e integridad física y moral “, asegura López.
