A 8 años y medio del feminicidio de la defensora de Derechos Humanos, Marisela Escobedo Ortiz, quien buscaba justicia por la desaparición y el feminicidio de su hija, Rubí Frayre Escobedo, tres organizaciones de Derechos Humanos presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de admisibilidad para que analice la violación a los Derechos Humanos de la defensora.
La solicitud, explicó en entrevista con Cimacnoticias, la abogada y coordinadora general del Cedehm, Ruth Fierro Pineda, fue presentada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Mexicanos en el Exilio, y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), todos con amplia experiencia en litigios internacionales. Fue firmada por 17 integrantes de la familia Escobedo, hijas e hijos de Marisela, nietas y nietos, hermanas y hermanos. Toda la familia tuvo que exiliarse de Ciudad Juárez, Chihuahua, y buscar asilo en Estados Unidos por las amenazas que recibió.
Precisó que la familia demanda al Estado por tres dimensiones del caso: una, porque el Estado es responsable de garantizar una vida libre de violencia a las mujeres y tiene que investigar, sancionar y reparar los casos de violencia de género, pero no hubo una investigación con la debida diligencia del caso de Rubí.
En segundo lugar, el Estado no protegió a Marisela, a pesar de las denuncias que ella interpuso por amenazas que había recibido. Tampoco hizo una investigación adecuada y no dio con los autores del asesinato.
La tercera dimensión del caso es la falta de atención a la familia Escobedo, ya que el Estado no le garantizó la protección necesaria para que pudiera quedarse en su patria y en sus hogares, y hoy se encuentra desplazada en varias partes de Estados Unidos.
La falta de protección a Marisela agrega una dimensión que otras peticiones ante la CIDH no tienen, explicó Ruth Fierro Pineda, porque pretende visibilizar la falta de protección a las defensoras de Derechos Humanos.
Cabe recordar que Marisela fue asesinada en Chihuahua, enfrente del Palacio de Gobierno, el 16 de diciembre de 2010, a pesar de las denuncias que ella había interpuesto por amenazas. Fue en el mismo lugar donde las organizaciones dieron hoy una conferencia de prensa, en la emblemática cruz de clavos, símbolo de la impunidad e injusticia de los asesinatos de mujeres en el estado.
El coordinador del área de personas desaparecidas, personas desplazadas y defensoras de Derechos Humanos del Cedehm Gabino Gómez Escárcega, recordó que ahí fue donde Marisela había instalado su mesa, que su hermano Héctor Ricardo estaba cerca, y su hermana Elba atendía a su nieta (la hija de Rubí) en la camioneta estacionada al lado.
Fue cuando llegó el “pistolero a sueldo” y le disparó. “Todos vimos por las cámaras cómo la persiguió y le disparó. Al siguiente día, 17 de diciembre, cientos de ciudadanas y ciudadanos indignados nos reunimos aquí para rendir un último homenaje al cuerpo presente. Homenaje que no pudo ser realizado porque la familia fue amenazada”, contó Gómez.
Narró que la familia tuvo que adelantar el funeral, porque la noche del 17 de diciembre, quemaron el negocio de Marisela, una tienda de muebles, secuestraron y posteriormente apareció asesinado su cuñado. “Del panteón la familia se tuvo que ir a solicitar asilo político con lo que traían”, relató el defensor.
La familia siempre acompañó a Marisela en su lucha. Durante dos años, desde la desaparición de su hija Rubí, en agosto del 2008, ella fue la única que se hizo responsable de esclarecer el crimen. Localizó a la ex pareja de su hija, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, junto con su nieta Heidi en el estado de Zacatecas.
Lo demandó por el delito de sustracción de menor, y durante su detención, en junio de 2009, Sergio Barraza confesó el asesinato de Rubí Marisol, incluso le dijo a los policías dónde quemó y tiró el cuerpo de la joven. Pese a ello, su confesión no tuvo validez porque cuando la hizo no estuvo presente un defensor; y el Ministerio Público (MP) sólo pudo presentarla como entrevista.
El feminicida fue absuelto en abril de 2010 y liberado. Fue entonces cuando Marisela solicitó ayuda al Cedehm y junto con la abogada Luz Estela Castro logró que el Tribunal de Casación anulara la sentencia absolutoria y ordenara una nueva audiencia. Así, los magistrados determinaron que Barraza cometió el delito de homicidio agravado, le impusieron una sentencia de 50 años de prisión, y lo condenaron a pagar una indemnización de 38 mil 390 pesos a su hija.
Pero el fallo nunca se ejecutó. Cuando la policía volvió a Zacatecas para detener a Barraza, se escapó. Marisela nunca se dio por vencida. Encabezó marchas, colgó mantas en eventos oficiales, hizo plantones, se reunió con organizaciones civiles. Un 10 de mayo incluso marchó desnuda, para protestar que “me privaron de mis garantías como víctima”, y “esto representa que en Ciudad Juárez las mujeres estamos olvidadas”, como dijo en esta ocasión.
El caso de Marisela, también ha quedado impune, recordó Gabino Gómez. En dos ocasiones distintas, las autoridades presentaron a un autor material del asesinato, primero en 2011, y luego en 2012, a Enrique Zavala alias “El Wicked”. “Todos sabemos que es falso que “El Wicked” haya sido el asesino de Marisela, porque él se encontraba en Ciudad Juárez el día de su muerte, hay testimonios”, dijo.
Narró que posteriormente, en 2014, mataron a “El Wicked” exactamente cuando se cumplió su prisión preventiva. “Tenían que hacerle un juicio, y como no había forma de hacerle un juicio, es asesinado dentro de la cárcel, y con esto el Estado da por terminado un caso donde realmente no hay justicia”, concluyó Gómez.
Por mucho tiempo la familia de Marisela tuvo la esperanza de que se hiciera justicia, sobre todo con la recomendación 44/2013 emitida en 2013 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al gobierno de la entidad; que pidió asistencia a la familia, una disculpa institucional y que se realizara una investigación y sanción para los servidores públicos involucrados en los hechos que derivaron en la muerte de la defensora, así como la continuación de las investigaciones del feminicidio de Rubí.
Sin embargo, desde entonces no hay respuesta del Estado, por lo tanto, junto con las organizaciones se empezó a armar la petición ante la CIDH. “Es la última instancia a la que podemos acudir”, insistió Ruth Fierro Pineda, aunque reconoció que la Comisión puede tardar más de un año para evaluar la admisibilidad de la petición, y luego otros años hasta llegar a emitir una resolución.
La familia busca que un organismo internacional reconozca que su situación tiene que ver con la falta del Estado de garantizar su seguridad, y que sea obligado a una reparación integral. Además, esperan que a través de una resolución se implementen medidas para la no repetición, porque reiteró Fierro, “Justicia para Marisela es justicia para todas las mujeres de Chihuahua.”
“Si bien es cierto que las sentencias tampoco son la panacea para los problemas de este país, hay que seguir tocando puertas”, dijo la abogada del Cedehm. En materia de protección de defensoras, por ejemplo, el Estado se enfocaría demasiado en la reacción. “El Mecanismo de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, reacciona. Pero se integran más y más personas, y en un momento va estar saturado, porque la gente nunca sale porque la situación no cambia.”
El objetivo, subrayó, sería una política pública integral que erradique la violencia, algo que Fierro espera sea evaluado por la Comisión Interamericana.
