(28 de noviembre, 2014).- “En relación con las medidas anunciadas el día de hoy por el Presidente de la República para hacer frente a la crisis de violaciones a derechos humanos y corrupción que vive el país, evidenciada por los casos Ayotzinapa y Tlatlaya, los organismos de derechos humanos y de víctimas denunciamos que la atención brindada a la grave problemática de las desapariciones forzadas es insuficiente”.
Así lo consideraron organizaciones de derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM), JASS, SMR y Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados.
A través de un comunicado, éstos destacaron que “no es la primera vez que el actual gobierno anuncian planes y acciones de búsqueda”, haciendo referencia al Plan Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas presentado en julio pasado por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación.
“Dicho Plan no sirvió para prevenir la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas ni para responder con acciones de búsqueda inmediata. Respecto de este antecedente, lo anunciado hoy [27 de noviembre] no implica novedad ni avance cualitativo alguno”.
Las organizaciones advirtieron que el contenido del nuevo Sistema Nacional de Información Genética no fue informado previamente ni existió ningún procedimiento de consulta para construir la propuesta con quienes por años han denunciado el aumento exponencial de las desapariciones en México.
Además, agregaron, Enrique Peña Nieto no señaló medidas inmediatas algunas para impulsar la investigación de miles de desapariciones forzadas denunciadas en los últimos años.
“[…] frente a la magnitud de la crisis de desapariciones, es reprochable que el mensaje central de hoy [27 de noviembre] no reconociera la magnitud de esta crisis y se omitiera incluir medidas inmediatas y emergentes, en el ámbito de la justicia, para garantizar que en todas las desapariciones denunciadas haya justicia y verdad”.
Para las organizaciones resulta fundamental no dejar de lado aportes de víctimas y de la sociedad civil, quienes consideraron, han sido principales factores de impulso a la búsqueda de las personas cuyo paradero es desconocido y que conforme el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED), al 31 de octubre del 2014, la cifra asciende a 23 mil 605.
En el caso de los 43 normalistas, los firmantes pidieron consultar ampliamente cualquier medida gubernamental así como pedir asistencia técnica que pueda proporcionar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “elementos para el diseño de reformas y políticas de búsqueda y justicia que verdaderamente atiendan de manera integral este problema en el plano estructural”.
Por último, lamentaron que tras dos meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas, Enrique Peña Nieto “no haya revelado ninguna acción concreta para profundizar la búsqueda de los estudiantes, cuyo paradero hasta hoy no se ha esclarecido con pruebas científicas, ni haya realizado ningún acercamiento con los padres y madres de familia que han vivido en la zozobra e indignación desde el 26 y 27 de septiembre de 2014, ante quienes suscribió compromisos que hasta el día de hoy permanecen incumplidos”
