El edil de la comunidad de Atencingo, perteneciente al municipio de Chietla, en Puebla, Edgardo Ponce Cortés, amenazó a los pobladores con desalojarlos de 11 viviendas, argumentando que éstas resultaron dañadas tras el sismo del pasado 19 de septiembre, y que, en su lugar, construirá la presidencia auxiliar de la localidad.
Ante esto, los representantes de los agraviados, Alberto Hernández Romero y Ernesto Lucero Flores, dirigentes del Frente de Colonos “8 Junio”, aseguraron que las casas no se encuentran afectadas en su estructura.
Los pobladores de la comunidad relataron que el pasado 25 de septiembre se les convocó a un diálogo con el edil de Chietla, quien arbitrariamente les ordenó desalojar las casas o, de lo contrario, serían derribadas.
Dicha postura generó indignación y molestia entre los agraviados, quienes han habitado entre 15 y 20 años en sus viviendas.
De esta manera, Alberto Hernández y Ernesto Lucero interpusieron ya tres amparos colectivos para que la protección de estas 11 familias.
“Los amparos impidieron la infamia del alcalde Edgardo Ponce Cortés de desalojar y demoler las casas; ya en el proceso de los juicios el presidente declaró por escrito ante un juez federal que no amenazó con desalojar y mucho menos con demoler” – refirieron.
El pasado 3 de noviembre se les convocó a una segunda reunión en la Casa de Justicia de Izúcar de Matamoros, pero el encuentro fue suspendido porque la autoridad llegó en postura autoritaria y amenazante.
Desmintieron que el alcalde Edgardo Ponce cuente con las escrituras de las 11 casas, pues las familias de Atencingo están en proceso de obtener los documentos que acreditan la propiedad.
Agregaron que el gobierno municipal no tiene el derecho de vía ni la autorización de Ferrocarriles Nacionales de México para construir en el lugar donde se encuentran las viviendas, pues éstas colindan con la zona federal de la vía del ferrocarril.
Los pobladores solicitaron reunirse con el gobernador Antonio Gali Fayad, para solicitarle que se les apoye en la reconstrucción de sus viviendas y que no les quiten su patrimonio.
Por último, los representantes legales de las familias afectadas acusaron al presidente municipal y su cuerpo de regidores de estar cometiendo un delito federal, pues aseguran que cuentan con documentos oficiales que avalan la propiedad de las viviendas, cuando sólo son escrituras falsas.
“Este agravio hacia la población amerita la solicitud de la revocación del mandato del alcalde Edgardo Ponce por atentar contra el patrimonio de los vecinos y falsear declaración ante un juez federal”.
