El domingo 13 de julio circuló la noticia de que el priista Rafael Alejandro Echazarreta Torres, presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Mérida, podrá llevar en libertad su proceso penal pese a que está acusado de fraude por un empresario.
La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial, donde fiscales de la Fiscalía General de Justicia de Yucatán informaron al político sobre la carpeta de investigación abierta en su contra, registrada bajo la causa penal 370/2025.
Durante la audiencia, que se extendió por más de cuatro horas, Echazarreta solicitó acogerse al plazo legal antes de definir su vinculación a proceso, por lo que la continuación fue programada para el próximo lunes.
De ahí que el juez determinó que el priista podrá enfrentar el proceso en libertad, pero bajo estrictas medidas cautelares.
Entre las medidas está portar un brazalete electrónico de localización 24/7; la prohibición de salir del estado; firma periódica los primeros días de cada mes y una garantía económica de 40 mil pesos.
Además de la prohibición de acercarse a la víctima y la supervisión del Centro Estatal de Medidas Cautelares.
El imputado está acusado por presunto hechos ocurridos entre 2023 y 2024, relacionados con un presunto incumplimiento de un acuerdo comercial por aproximadamente 12 millones de pesos.
Según la denuncia presentada el 30 de diciembre de 2024 (NORTE-57-24-2024), Echazarreta habría convencido al empresario Horacio de Freitas Da Silva de invertir en la empresa Exportaciones Integrales Mexicanas, prometiéndole el 40% de las acciones.
No obstante, el acuerdo nunca se concretó, lo que derivó en una querella por fraude.
En su declaración ante medios al salir del juzgado, Echazarreta aseguró que “con el Derecho en la mano” demostrará su inocencia.
“No entraré en detalles por respeto al debido proceso, pero presentaré las pruebas que respaldan mi dicho”.
Mientras que el presidente estatal del PRI, Gaspar Quintal Parra, calificó el caso como una “persecución política”.
Por su parte, el empresario denunciante desmintió al político y dijo que “no hay persecución política”.
“Rafael está manipulando la narrativa. Lo único que quiero es que me pague. Me engañó con el patrimonio de mi familia. Es un fraude, no una vendetta”, declaró Horacio de Freitas.
