(08 de marzo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- En mayo de 2014, un joven, de oficio jardinero, fue detenido durante la noche, iba saliendo de su trabajo, cuando fue interceptado por dos sujetos a bordo de un vehículo, quienes al colocarse frente a él se identificaron como elementos de la Policía Ministerial adscritos a Tehuacán, Puebla.
Luego de esto le pidieron que lo acompañaran porque tenían que hacerle unas preguntas, sorprendido aceptó y los siguió. Llegando a la comandancia fue obligado a quitarse la ropa, le vendaron los ojos y lo maniataron, para después golpearlo repetidamente en diversas partes del cuerpo, de esa forma, los ministeriales le exigieron que admitiera haber cometido un robo a casa habitación, en el fraccionamiento en el que labora, sin embargo, negó haber participado en el atraco, ya que únicamente escuchó del incidente.
Al negarse a aceptar una falsa culpabilidad, los agentes lo trasladaron a otro sitio donde nuevamente lo obligaron a quitarse la ropa, ahí, lo asfixiaron colocándole un trapo húmedo en el rostro, mientras sucedía lo anterior, otro de los oficiales colocaba su rodilla en el pecho de la víctima, además introdujeron su cabeza en un tambo de agua, según el testimonio obtenido por Revolución TRESPUNTOCERO.
Después de la tortura, los ministeriales volvieron a insistir en que se declarara culpable, pero aun cuando la víctima ya estaba demasiado débil, insistió en no ceder a asegurar que había cometido un delito, “cuando no era cierto”, por lo que los elementos de seguridad recurrieron amenazarlo con hacerle daño a su familia.
Le dijeron que al haber sido pagados para buscar a un culpable, estaban dispuestos a que confesara, por lo que no se detendrían en lastimar a su familia, de no inculparse del robo en aquel sitio. Fue en ese momento cuando accedió a firmar una declaración falsa, en donde dijo que, sí había cometido un atraco en dicho lugar.
Inmediatamente después, lo llevaron a la Primera Comandancia de la Policía Ministerial de Tehuacán, y aunque pensó que lo detendría, ahí le dijeron que podía retirarse, aunque ya había sido considerado culpable. El joven, al dar final a ese episodio recurrió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a interponer una queja, de la cual derivó una recomendación en este año (01/2016).
Ahí se da cuenta que el joven, aseguró que el licenciado “AR3”, agente del Ministerio Público de Tehuacán, consideró ilegal su presentación, ya que no se le citó con anterioridad ni se le hizo saber el delito por el que se le acusaba, tampoco los derechos que le asistían.
En tanto la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla, contó con elementos para acreditar violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica, a la legalidad, así como a la integridad y seguridad personal de la víctima. Las recomendaciones del órgano, hacia la Fiscalía General del Estado, que encabeza Víctor Carrancá Bourget, son: llevar a cabo las acciones necesarias y se otorgue de manera pronta, adecuada y efectiva, la reparación integral de los daños que les fueron ocasionados a la víctima, esto a través de los tratamientos médicos necesarios, para estabilizar su salud en la medida de lo posible, derivada de las afectaciones que se le ocasionaron con motivo de los hechos; debiendo acreditar su cumplimiento.
Así como colaborar ampliamente con la Comisión en el trámite de la queja que promueva ante la Dirección General del Órgano Interno de Control y Visitaduría, en contra de los elementos de la Policía Ministerial, adscritos a la Primera Comandancia de Tehuacán, Puebla, y del licenciado AR3, agente del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, adscritos a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, que tuvieron intervención en los hechos; debiendo acreditar que ha cumplido con este punto.
En anterior, es uno más de los casos de denuncia en contra de la Fiscalía, a la cual la sociedad civil de Puebla, califica como ‘peligrosa’, y desde la llegada de Moreno Valle al poder, aseguran no ha sido confiable en ningún aspecto, “no se le ve como un órgano de protección al ciudadano, sino más bien un brazo armado del gobernador que es evidente ha gobernado con violencia y represión”, asegura a Revolución TRESPUNTOCERO, la penalista Aida Saldaña.
El abogado y defensor de derechos humanos, miembro del Consejo Ciudadano de Agua Santa, Jorge Sosa, aseguró a Revolución TRESPUNTOCERO que, “la ciudadanía no tiene una protección por parte de la Fiscalía, incluso mediante maniobras que realizó el ejecutivo estatal con el Congreso del Estado de Puebla, nombró a Víctor Carrancá, el hoy Fiscal, y lo deja en dicho puesto varios años más, después de la salida de Moreno Valle, es decir otros seis años, esto para cubrirle las espaldas derivado de toda la represión social que ha generado”.
También detalló, que “la Fiscalía, siempre ha reprimido, ejerciendo violencia en contra, principalmente, de pobladores quienes exigen sus derechos, en algunos casos los ciudadanos han muerto, perdido la vista e incluso el habla a causa de los impactos de balas de goma que usa la policía, por donde quiera que le veamos no tenemos una Fiscalía que esté preocupada en atender a la sociedad, por impartir justicia, sino para proteger intereses del gobernador y si se hace un análisis así del titular de la dependencia, ya podemos entender cómo se manejan los policías ministeriales”.
Saldaña, calificó a la Fiscalía como otro “monumento más a la violencia y corrupción”, y es que a decir por la abogada, “nadie humilde que haya sido detenido va salvarse de una tortura policial, la personas de escasos recursos son los más vulnerables ante elementos que también pueden jugar el papel de sicarios, con absoluta libertad”.
“En la procuración de justicia todavía no se ha logrado erradicar los viejos vicios para hacer confesar o para aparentemente dar solución a un delito penal. Porque desde antes ya se les sacaba a golpes las confesiones a las personas inculpándolas, aunque no fueran responsables del delito.
Ahora los policías ministeriales tienen como requisito ser abogados para tener dicho cargo, pero aún así podemos ver que siguen tomando viejas mañas y vicios. Siguen con técnicas ilegales, en lugar de investigación utilizan la tortura, aun cuando cuenta con elementos técnicos, diplomados, cursos para ejercer su oficio, pero se les hace más fácil torturar a la sociedad que ponerse a investigar y encontrar a los culpables reales”, afirma Sosa.
El abogado asume que, desde su perspectiva, las conductas de los policías no abonan a una profunda investigación que generen buenos resultados, y por lo tanto seguridad a la sociedad civil. “Ellos prefieren dar resultados, aunque éstos sean falsos con tal de justificar su trabajo, incluso esta misma actitud le atiende el titular de la Fiscalía, cuando deberían ser personas sensibles, con ética, estar atentos a todos los detalles para poder encontrar el indicio, incluso en las entrevistas para saber cuando alguien miente, en definitiva ellos no están capacitados para ese puesto.
A esto se le suma que la fiscalía ha tenido un papel despectivo en contra de los grupos sociales, prueba de ello es que tenemos detenidos a defensores sociales que se posicionaron y lucharon en contra del Acueducto Puebla – Morelos, ahí hay presos políticos porque no estuvieron de acuerdo con dicho proyecto. Es por ello que sabemos que el papel que está jugando la Fiscalía es el de un brazo represor del ejecutivo del estado”.
