(12 de septiembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- “En Santa María Ostula, la tensa paz se acabó, nuevamente la violencia ataca a nuestra población, el mal gobierno estatal, en complicidad con el federal, vuelven a dejarle la puerta abierta el crimen, pareciera que nos quieren exterminar, porque ni protegen a la gente, ni dejan que uno se defienda y salve de la muerte a sus familias.
A inicios de este mes hubo una asamblea donde los comuneros acordaron que era necesario y urgente activar de manera indefinida uno de los retenes que se habían instalado anteriormente, quienes cuidarán de este serán comuneros, pero también la policía comunitaria, a razón de la seguridad de nuestra gente, el narcotráfico ha penetrado y solamente estamos nosotros para cuidarnos”, asegura a este medio Juan G., habitante de la comunidad.
Será en la carretera costera 200 donde se encuentra el retén, que volvió a ser reinstalado derivado de la reagrupación que ha tenido el crimen organizado, puntualmente los anteriormente conocidos como Caballeros templarios.
Quienes, aseguran los pobladores, se han convertido en una organización fuerte, por medio de los lugartenientes conocidos como: El Tena, El Tuco y Chuy Playas, “se han estado reagrupando y tomando control de regiones enteras de la costa-sierra de Michoacán, ante el silencio omiso de la Marina Armada de México y de las demás corporaciones de seguridad; y ante el fracaso evidente, en todo el estado, del mando único policial”, aseguran los habitantes.
Por su parte la socióloga Isaura Medina, afirma a este medio que “ahora mismo las bandas delincuenciales, más que tener interés en el tráfico de drogas y los caminos del trasiego, han visto en el exterminio de comunidades una mayor ganancia, es decir, están trabajando para gobiernos y empresas, sembrando el miedo y el terror, ya sea que asesinan a los dueños de las tierras que evidentemente no quieren dejarlas en manos de transnacionales o se ven en la necesidad de huir ante la amenaza de muerte.
El gobierno estatal y federal en Michoacán como en otros estados, por ejemplo Guerrero, está abandonando a su suerte a la población, las fuerzas de seguridad pueden estar ahí, pero no funcionan, lo que es peor los habitantes no saben a quien dirigirse cuando el crimen penetra en las dependencias, no tienen salida, pareciera que el objetivo es cercar a las poblaciones de zonas productivas, para que abandonen sus territorios, es decir, desplazamiento forzado, lleguen empresas, principalmente mineras y violando todos los derechos humanos, tomen libremente posesión de lo ajeno, a costa de vidas”.
Sobre el tema, en Ostula se ha denunciado que aún existen concesiones a mineras, dentro de su territorio, y se ha mencionado la de Ternium, cuyo contrato no ha sido cancelado, “en tanto que dentro del juicio agrario 78/2004, mismo que se ventila en el Tribunal Unitario Agrario Número 38 de Colima, se han realizado toda clase de trapacerías tendientes a modificar los linderos inmemoriales de nuestra comunidad con el fin de favorecer a los templarios de La Placita y a las empresas mineras interesadas en nuestras tierras”, asegura en un texto la comunidad.
Quienes a su vez, comenta Juan, han pedido en distintas ocasiones al gobierno, que la militarización es una forma de represión severa, asegurando que en el último suceso donde hubieron muertos y heridos, entre ellos un menos de edad, los militares estuvieron involucrados, “pero jamás castigados”.
Es por ello que insisten en la desmilitarización de la costa-sierra de Michoacán, el castigo para los militares y policías que formaron parte del ataque donde falleció el menor de edad Hidelberto Reyes García.
A su vez, exigen la aprehensión de los jefes del cartel de los templarios en la región y una real desarticulación de la banda delincuencial, “porque mantienen un soporte económico, porque la parte política la tienen asegurada, es decir el crimen y la política mexicana se hicieron una sola cosa, para despojar lo poco que tiene el pobre, pero que bien pueden sacarle millonario provecho”, denuncia Juan.
A su vez, la comunidad exige que sus seis compañeros comuneros desaparecidos producto de la delincuencia organizada sean presentados con vida, denunciando que a lo largo de cuatro años de lucha en la defensa de su vida y sus tierras, 34 de sus compañeros en Ostula, han sido ejecutados, es por ello que piden justicia para sus familias.
“Ostula y sus alrededores sería sin duda una fábrica de ganancias monetarias a millones, luego de algún buen negocio entre autoridad y empresa, cualquiera de los dos interesados, pacta con sicarios para despojar al pueblo de sus tierras, porque es evidente que el gobierno no lo puede hacer de forma abierta, por eso usan la violencia.
Donde dinero y población habitando dichos territorios, la gente morirá de manera violenta o terminará por escapar, dejándolo todo. Poco a poco a todas las comunidades en pobreza, pero con vastas tierras, les está tocando a sus puertas la muerte, un terrorismo implementado desde siempre con los gobierno de derecha, pero con mayor fuerza en el sexenio pasado y este, donde las violaciones a derechos humanos de comunidades enteras han sido evidenciados, mientras Peña Nieto no solamente permanece mudo, sino que no se da por enterado de todas esas masares que su ejército (ya sean militares, policías, marinos o sicarios) comenten en contra de poblaciones en pobreza y pobreza extrema.
La triada de mineras, Caballeros templarios y gobierno han provocado inseguridad y violencia en Ostula, la muerte y desaparición es el objetivo de un gran capital que mandata las acciones de un gobierno títere“, denuncia la especialista.
