Al mediodía del viernes 24 de abril, tres agentes de la policía municipal de Mérida, en el estado de Yucatán, amenazaron a tres personas, una administradora y dos encargadas de limpieza, que trabajan en la Clínica Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, conformada por 172 defensoras y periodistas de 21 estados del país, alertó que la policía municipal, dos de ellos integrantes del equipo antimotines, arribaron a la clínica que dirige la médica y defensora de Derechos Humanos Sandra Peniche Quintal a amedrentar al personal.
Primero, relató la Red en una alerta pública, las acusaron de estar robando y, después, les cuestionaron que trabajaran y brindaran servicios en el marco de la contingencia sanitaria por COVID-19, pidieron que se presentara la directora de la clínica y luego se retiraron.
A los cuestionamientos, la administradora respondió que al tratarse de una clínica que brinda servicios de salud, su actividad es considerada esencial, lo que, de acuerdo con información de la Red, aumentó la molestia de los agentes, quienes exigieron la presencia de la directora, la doctora Sandra Peniche; pero después solo se fueron del lugar.
Cabe señalar que la defensora Sandra Peniche cuenta con medidas de protección, ordenadas por el Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, debido a un intento de asesinato ocurrido en 2018.
Sin embargo, ninguna de las medidas de protección contempla rondines a cargo de la policía municipal de la ciudad de Mérida, Yucatán.
La Red aseguró que estos hechos se suman a recurrentes actos de hostigamiento e intimidación, tanto por parte de particulares como de autoridades municipales y estatales de Yucatán, focalizados particularmente en la médica Sandra Peniche Quintal por su labor de defensa de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en esa entidad.
La Red expresó su preocupación ante el hecho de que autoridades municipales y estatales de Yucatán utilicen la emergencia sanitaria para intimidar, hostigar y agredir a las defensoras de Derechos Humanos de esta entidad, en donde por decreto del ejecutivo estatal ha limitado la movilidad e impuesto sanciones a quienes no respeten el confinamiento en casa.
Por este motivo, las defensoras instaron al gobierno municipal de Mérida y al gobierno estatal de Yucatán a que generen condiciones de protección y seguridad para garantizar el ejercicio del derecho a defender los Derechos Humanos.
También hicieron un llamado a los organismos internacionales de protección de Derechos Humanos para que estén atentos de la seguridad de las defensoras en el estado de Yucatán y para que realicen los pronunciamientos correspondientes, ya que éstas están siendo sujetas de vigilancia, intimidación y amenazas por parte de agentes del estado, quienes han utilizado la emergencia sanitaria para justificar su actuación.
La Red recordó que durante los meses de marzo y abril varias defensoras de Derechos Humanos de Yucatán han vivido diversas agresiones e incumplimiento de medidas de protección, por ejemplo Adelaida Salas, Rosa Elena Cruz Pech y ahora, nuevamente, Sandra Peniche.
