Karina Velázquez Martínez vivió violencia física, psicológica y económica durante 9 años por parte de su ahora expareja. Decidió separarse de él hace un año y vivir con sus cuatro hijos lejos del maltratador.
El sábado 18 de abril, aprovechando que ella salió a trabajar, su expareja sustrajo a uno de sus hijos, Arón Sergio, de 8 años, y golpeó a otra de sus hijas.
Las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) le dijeron que debe esperar a que termine la contingencia por el COVID-19, para que le puedan ayudar por la violencia familiar que ha vivido, aunque por la sustracción de su hijo no puede hacer algo “porque es hijo de los dos”.
En el estado de Puebla las denuncias por violencia familiar aumentaron 23 por ciento durante marzo de 2020, momento en que inició la cuarentena, respecto al mes anterior, según el Informe Incidencia Delictiva Marzo 2020, del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del estado de Puebla.
A su vez las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) indican que “Otros delitos contra la familia”, donde se incluiría la sustracción de menores, pasaron de 59 en febrero de 2020 a 73 para marzo del mismo año, esto representa un alza de 23 por ciento.
Ana Lucía Díaz Azcúnaga, de Equis Justicia para las Mujeres, comentó-durante un webinar sobre violencia contra infancias- que si de forma cotidiana es problemático que en México haya acceso a la justicia, es aún más difícil con la pandemia de COVID-19, por ello se tiene que mapear qué autoridades pueden intervenir y cuáles son las dificultades para que los mecanismos de justicia sean accesibles a niñas y mujeres.
Para Paola Santiago Juárez, de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género (SISG), la contingencia sanitaria en México y Puebla ha llevado a que la violencia contra las mujeres se recrudezca, debido a que conviven más tiempo con su violentador, porque la situación económica aumenta la tensión en las familias y por la carga de las labores del hogar o de cuidados.
En indefensión por la pandemia Karina Velázquez, de 28 años de edad, contó que el 18 de abril su madre salió con dos de sus hijos, una de 9 años y otro de 8 años, a la tienda en la colonia Leobardo Coca, de la ciudad de Puebla. Su expareja, con quien dejó de vivir hace un año, aprovechó que los niños se adelantaron para subirlos a un automóvil y llevárselos.
Ese mismo día, su expareja fue a buscarla a su trabajo y le dejó allí a su hija, a quien habría golpeado. No era la primera vez que se llevaba a Arón Sergio, una ocasión antes también lo sustrajo para forzarla a que regresara con él.
Karla le llamó por teléfono para pedirle que le devolviera a su hijo, pero su expareja le respondió que no, que le hiciera como quisiera.
Ella acudió la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, donde le dijeron que debe esperar a que pase la cuarentena por el COVID-19 para que avance la investigación por violencia familiar.
Sin embargo, sobre la sustracción del menor -le dijeron- no la pueden ayudar, “porque ambos son los padres”.
“Yo ya estoy desesperada, porque no digamos que es un hombre responsable o que le va a dar una vida (digna), porque yo estaría de acuerdo, pero no trabaja ni se dedica a nada”.
Para Karla es una situación desesperante, porque su expareja es un hombre violento e irresponsable. Durante los 9 años que convivieron de manera intermitente, la golpeó en varias ocasiones, no le daba dinero para comer y por la falta de recursos sus cuatro hijos en común –dos niñas y dos niños- no asistían a la escuela.
Por eso decidió separarse de él y vivir por su cuenta con sus hijas e hijos, en casa de su madre.
“Él no tiene ningún tipo de contacto (con sus hijos), porque él nunca los ha buscado. Realmente siempre hemos tenido problemas, él nunca se hace cargo al cien por ciento de ellos. Yo tomé esa decisión (de separarse) porque ya no aguanté más seguir durmiendo (en el piso), ni la vida que nos daba. A cada rato eran golpes.
Incrementa la violencia familiar
ONU Mujeres alertó que la pandemia por el coronavirus tiene un impacto en la vida de mujeres y niñas, ya que las expone a mayores riesgos, como: mayores niveles de estrés por la inseguridad económica y alimentaria, el aumento en los niveles de violencia en los hogares, alza en las agresiones a través de las tecnologías, mayores obstáculos para acceder a servicio esenciales y falta de recursos para refugios.
En Puebla, por ejemplo, las denuncias por violencia familiar pasaron de 795 en febrero de 2020 a 981 para marzo del mismo año, esto representaría un aumento de 23 por ciento, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Mientras que las sustracciones de menores de edad, que se consideran en “Otros delitos contra la familia”, pasaron de 59 en febrero de 2020 a 73 para marzo.
El alza en la cifra de denuncias concuerda con el incremento de 25 por ciento en el número de llamadas de auxilio y protección del 17 de marzo al 20 de abril para la zona centro del país, donde se incluye Puebla, de acuerdo con datos de la Red Nacional de Refugios (RNR).
Durante este periodo la RNR realizó siete traslados en el interior de la República y cuatro rescates de casos de mujeres y sus hijas e hijos en situación de riesgo que tuvieron que salir huyendo de sus casas en medio de la contingencia. Asimismo, las solicitudes de ingresos a Refugios integrantes incrementaron a nivel nacional 12.71 por ciento.
La subsecretaria de Violencia de Género de la Secretaría de Igualdad Sustantiva estatal, Catalina Aguilar Oropeza dijo que ante esta situación se habilitaron dos números de mensajería para atender a las mujeres que puedan vivir situaciones de violencia.
Aunque el primer paso es que las víctimas puedan reconocer que la han vivido.
“La primera parte es reconocer que estamos viviendo violencia, una vez que lo reconozcamos hay que armar un plan de seguridad, porque regularmente en los ciclos de violencia el agresor aisla a las mujeres y las aleja de sus redes de apoyo, por eso es importante comunicarle a alguna amiga, a algún familiar o una vecina que estamos en esa situación”.
La Secretaría de Igualdad Sustantiva estatal recibió, del 16 de marzo al 19 de abril, 3 mil 192 atenciones en Telmujer y mil 263 llamadas de seguimiento, así como cuatro solicitudes de ingreso al refugio para mujeres.
Órdenes de protección, opción viable
Por su parte Paola Santiago Juárez, del Departamento de Atención de la Violencia hacia las Mujeres, de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género municipal, dijo que han notado que muchas de las usuarias regulares que atendían por violencia, dejaron de contestar debido a que sus agresores están allí con ellas o les revisan el teléfono.
Por eso prevé que cuando termine la cuarentena y las mujeres puedan salir de sus casas, las solicitudes de apoyo aumenten.
A pesar de que a muchas mujeres no les han podido dar seguimiento, Paola Santiago comentó que han recibido 30 nuevas solicitudes de atención -vía telefónica- por violencias física, psicológica y económica. Con las usuarias a las que sí han podido dar seguimiento, suman 60 mujeres que reciben atención por violencia, durante la cuarentena por el brote de COVID-19.
Para Paola una forma de evitar que las mujeres sigan siendo violentadas durante la pandemia son las medidas de protección, aunque para ello se tenga que recurrir a la Fiscalía o a un juez y que muy probablemente revictimizarán a las mujeres.
Ana Lucía Díaz Azcúnaga, de Equis Justicia, comentó durante el webinar “Impacto de la pandemia COVID-19 en la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres jóvenes”, realizado el 6 de abril, que las medidas que se han tomado para prevenir el contagio han sido detonantes de violencia contra las mujeres.
Por eso desde Equis Justicia para las Mujeres hicieron el análisis “(Des)protección judicial en tiempos del COVID-19”, debido a la reducción de sus operaciones sólo a los casos que se consideren de urgencia y que podría agravar la violencia contra las mujeres.
Equis Justicia analizó las órdenes de protección en materia familiar y penal, medidas precautorias en materia familiar, medidas de protección en materia penal, pensión alimenticia, Centros de Convivencia Familiar y políticas laborales internas para responder a las necesidades del personal frente a la crisis sanitaria (protección a grupos vulnerables, personas con cargas de cuidado).
El resultado es que Puebla obtuvo una calificación de 47.6 sobre 100, es decir, que reprobó. Aunque sí hay guardias para emitir órdenes de protección en materias familiar y penal.
En ese sentido, Ana Lucía Díaz comentó que juezas y jueces pueden dar órdenes de protección de manera urgente, si la víctima hace la solicitud de manera verbal o escrita y resolver de manera inmediata, sin juicio, solicitudes como que el agresor salga del domicilio, garantizar que cubrirá los alimentos o restringir la convivencia con menores de edad.
Para Karina Velázquez lo primero es recuperar a su hijo, si la justicia o la atención en otros ámbitos llegan, serán ganancia.
