(28 de enero, 2020. Revolución TRESPUNTOCERO).- El pasado 3 de diciembre de 2019, una Misión Internacional de Observación conformada por Front Line Defenders, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), visitó la comunidad nahua de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, con la intención de documentar las violaciones de derechos humanos cometidas contra integrantes de la comunidad en represalia por la defensa del Río Metlapanapa.
Zacatepec forma parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua – Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), donde diversas comunidades articulan la oposición a la imposición del Proyecto Integral Morelos (PIM) en esas entidades del país.
“Este proyecto ha generado múltiples violaciones de derechos humanos que van desde la represión policial, campañas de difamación y amenazas, hasta el asesinato del comunicador indígena y defensor del territorio Samir Flores. Además de la termoeléctrica y el gasoducto, el PIM trae consigo un proceso de industrialización en toda su zona de influencia”, se informó.
Las organizaciones participantes de la Misión recibieron información sobre la base del conflicto que impera en Zacatepec (y que también afecta a comunidades aledañas), el cual deriva de la intención de implementar por la fuerza sistemas de alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial, lo que en los hechos implica la instalación de tubería industrial que atravesará el territorio de la comunidad, además de la descarga de desechos tóxicos al río Metlapanapa.
Ante esto, la comunidad ha expresado su negativa y se ha constituido en un fuerte movimiento de resistencia que exige el respeto a sus derechos fundamentales como comunidad indígena, principalmente su derecho a la libre determinación, se señala en el informe al que tuvo acceso Revolución TRESPUNTOCERO.
“Sin tener los permisos necesarios y aun cuando la comunidad cuenta con un amparo, continúan las labores de instalación del proyecto. En consecuencia, se ha generado una confrontación interna y hay una serie de violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos de la comunidad de Zacatepec”, se cita.
Además se menciona que el 30 de octubre pasado, hubo una represión por parte de elementos policiales de Puebla y de la Guardia Nacional. “Donde lanzaron gases lacrimógenos, dispararon balas de goma y golpearon a personas defensoras de derechos humanos e integrantes de la comunidad que se manifestaban contra el avance de la construcción”.
Las organizaciones integrantes de la Misión dialogaron con personas de la comunidad; visitaron la zona adyacente al Parque Industrial Ciudad Textil, donde hay un vertedero de desechos industriales.
A partir de ello, presentaron sus principales observaciones:
Violación al derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas. “La comunidad de Zacatepec -y comunidades aledañas- ha expresado su inconformidad con la construcción de los sistemas de alcantarillado y ha determinado su no instalación, toda vez que, señalan, se verterán residuos tóxicos en el Río Metlapanapa.
“No obstante, la negligencia de las distintas instancias de gobierno al ser omisas en el reconocimiento de los derechos como pueblo indígena, ha permitido que persista la construcción del proyecto de sistema integral de alcantarillado en territorio comunitario, violando así su derecho a la libre determinación y el derecho a una consulta previa, libre, informada y de buena fe”.
Criminalización, agresiones y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos. A través de testimonios orales y audiovisuales, la Misión pudo conocer de las agresiones, hostigamientos, amenazas, discriminación y criminalización que han sufrido las personas defensoras por parte de diversos funcionarios públicos y elementos de las fuerzas de seguridad.
“En relación con los hechos del 30 de octubre, nos preocupa que los testimonios que escuchamos provenían principalmente de mujeres, muchas de ellas personas mayores, quienes fueron víctimas de golpes, jaloneos y aplicación directa de gas lacrimógeno por parte de elementos de la Policía Estatal, Policía Federal y Guardia Nacional. También hubo disparos de balas de goma, los cuales son ilegales en la entidad poblana”.
Entre los actos de hostigamiento, “escuchamos sobre intimidación por parte de los agentes estatales, grabaciones de audio, video y fotografías a las personas defensoras y a las instalaciones del campamento, vigilancia constante por patrullas de la policía estatal, intimidación y seguimiento en vehículos, así como agresiones digitales”.
La Misión pudo atestiguar estos hostigamientos durante el recorrido por las inmediaciones de la nave industrial, pues se aproximó la patrulla con placas NJP4024, y uno de los elementos policiales tomó video de las personas defensoras de la comunidad y de quienes integrábamos la Misión.
“Escuchamos diversos testimonios sobre amenazas de muerte realizadas principalmente por personas de la comunidad afines al presidente municipal. En este sentido, expresamos nuestro rechazo absoluto a las amenazas de desaparición y violencia contra una de las defensoras más jóvenes de la comunidad, quien recibió mensajes intimidantes siendo menor de edad.
“Recibimos información también sobre amenazas provenientes de funcionarios públicos de actos de judicialización contra las y los defensores, es especialmente preocupante que muchas de estas hayan sido en el contexto de mesas de diálogo. La Misión también tuvo conocimiento sobre el papel activo que las autoridades municipales han tenido en los actos de criminalización, difamación y hostigamiento”.
Finalmente, se aseguró que en el recorrido se reconoció un ambiente generalizado de criminalización y estigmatización. “Las personas defensoras por parte de autoridades, medios de comunicación y empresarios, lo cual pone en entredicho el ejercicio de su derecho a defender derechos humanos y a la libertad de expresión. Estas acciones generan, además, las condiciones para la polarización social y rompen el tejido social de la comunidad”.
La construcción del parque industrial cuyo desagüe se pretende desemboque en el río Metlapanapa “violenta la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, debido a que los empresarios no cuentan con los permisos, licencias de uso de suelo y de construcción necesarios además no se llevó a cabo una consulta con los pueblos originarios, lo que provoca que el acto en mención carezca de legalidad y seguridad jurídica.
“También tuvimos conocimiento que, en el amparo señalado por la comunidad, la delegación estatal de la Comisión Nacional del Agua manifestó no haber emitido permisos para la descarga de aguas al Río Metlapanapa; la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señaló no haber recibido ni autorizado Manifiesto de Impacto Ambiental para autorizar dicha descarga”.
Solo la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del estado de Puebla habría autorizado la construcción de obras en lo referente a la instalación de la tubería, pero no para la descarga de las aguas al Río Metlapanapa.
De las documentales presentadas por la comunidad a la Misión, observaron que la Asociación de Empresarios del Parque Industrial Ciudad Textil de Puebla, A.C. se encuentra directamente involucrada en el proyecto a través de su financiamiento y próximo uso, así como las empresas Ger Construcciones del Centro S.A. de C.V. y Oli Construcciones S.A. de C.V. en relación a la construcción de la tubería que sería utilizada para emitir desechos industriales.
“Invitamos a dichas empresas a responder sobre las acusaciones arriba mencionadas y sus responsabilidades en términos de derechos humanos. Las empresas no respondieron”.
Las amenazas y agresiones documentadas por la Misión han llegado a un punto cumbre después del evento represivo del 30 de octubre. Por lo menos ocho personas han sido amenazadas de muerte, desaparición, quema de viviendas y de judicialización. Puede afirmarse que estas agresiones han podido ocurrir debido al clima permisivo causado por la criminalización de las personas defensoras y las personas comunicadoras de Radio Comunitaria Zacatepec, por parte de funcionarios públicos y empresarios.
